Meses esperando por cobrar la incapacidad tras una sentencia firme y otras carencias de la Seguridad Social de Las Palmas

A Laura (nombre ficticio) le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta en julio del pasado año. Poco después, la sentencia se hizo firme, pero no ha empezado a cobrar la prestación que le corresponde hasta el mismo mes de este año. Entre medias, ha vivido meses de llamadas infructuosas, noches sin apenas dormir tratando de conseguir una cita presencial e idas y venidas a la oficina de atención de la Seguridad Social en busca de una explicación. Su abogado, que cuenta a este periódico que no es un caso aislado en Las Palmas de Gran Canaria, solicitó la ejecución de sentencia en diciembre de 2021 y ahora, instará a que se le abonen los intereses por la demora. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclaran que las sentencias “no se ejecutan automáticamente, sino que necesitan de la realización de ciertos trámites imprescindibles, por lo que en algunos casos puede producirse alguna demora que, en todo caso, intentamos solventar”. No obstante, este caso se suma a otros y a carencias que acumula este organismo, según lleva años denunciando la ciudadanía, trabajadores y sindicatos. 

La afectada explica que ante esta situación recibía explicaciones muy diversas desde la falta de personal o que había sentencias acumuladas en las mesas de los funcionarios. “Varias veces me dijeron que la mía estaba en la mesa pero no sabían por qué no se habían ejecutado”, lamenta. La ciudadanía se ha quejado en multitud de ocasiones en las puertas del centro por la dificultad para acceder a la cita previa y resolver sus trámites (que se han multiplicado en los últimos años con el incremento de jubilaciones y de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital). El pasado mes de marzo, el personal llegó a manifestarse frente a la Delegación del Gobierno solicitando mejoras en la gestión y reivindicando “soluciones para una atención digna”.

Según datos que ha podido recabar este periódico, aunque la atención presencial se ha ido incrementando en estas oficinas tras la pandemia, y se ha accedido a atender sin cita previa a un determinado número de personas al día, al inicio del verano existían unos 1.500 expedientes de incapacidad permanente pendientes de resolver. La Seguridad Social tramita otros procedimientos que son vitales como prestaciones de maternidad, viudedad, jubilaciones… Desde el Ministerio remarcan que se encuentran trabajando para que, “a pesar del déficit de plantilla de inspectores médicos, se produzcan los menores retrasos posibles en estos expedientes”. 

En febrero, desde el ministerio que dirige José Luis Escrivá se aseguró que se iba a impulsar un plan de seguimiento en la provincia de Las Palmas por los problemas con la cita previa. A preguntas de este periódico sobre este plan, que los sindicatos tacharon de “cortina de humo”, desde esta área destacan que del total de 248 plazas que tiene la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas, están cubiertas 190 (falta un 23% de la plantilla) y que, en ese sentido, “el plan puesto en marcha por esta Dirección Provincial, aún teniendo en cuenta las dificultades existentes, ha tenido resultados positivos. De hecho, tanto los ciudadanos atendidos como las atenciones realizadas se pueden equiparar o superan a las realizadas en otras ciudades”.

Los sindicatos han advertido en numerosas ocasiones de que la lista de espera no es fácil de calcular ya que los usuarios no siempre tienen posibilidad de concertar una cita a través de la web o por teléfono, por lo que es complicado conocer qué número de personas realmente está a la espera de ser atendido ya que no dejan huella. “Para coger cita te tienes que meter a las 5.00 o a las 6.00 de la mañana porque a lo mejor a las 9.00 ya no te lo permite”, señala Laura, que además cuenta que se vio obligada a acudir a la vía judicial para conseguir la incapacidad permanente, después de un largo proceso, en el que tuvo que costearse peritos privados para demostrar que padecía graves problemas de salud física y psicológica que le impedían estar al frente de un equipo. “¿Cómo me iba a enfrentar a mi trabajo en estas circunstancias?”, lamenta esta mujer con más de 30 años de experiencia laboral. 

La sentencia que le reconoció su incapacidad supuso un respiro, pero después se le sumó la angustia de no saber cuándo se iba a ejecutar y cuando iba a empezar a cobrar lo que le correspondía. Su abogado destaca que ha tenido clientes que lo han pasado mal económicamente por esta situación e insiste en que este problema de gestión lo paga toda la ciudadanía, ya que además de los tiempos de espera se pueden reclamar los intereses de demora. En este punto, desde el ministerio recalcan que “el procedimiento administrativo en materia de prestaciones no contempla el abono de intereses”, algo en lo que discrepa el abogado consultado, que apunta que los intereses los impone el juzgado por el excesivo retraso en el cumplimiento de las sentencias, que en ocasiones se demora hasta un año. 

CCOO y UGT piden 64 funcionarios más por provincia

Hortensia Rodríguez (CCOO) y Gustavo Martín (UGT) han presentado una propuesta de mejora de la atención de la Seguridad Social, “fundamentalmente por los problemas para atender a la ciudadanía”. Entre las medidas solicitan al Consejo General de Seguridad Social que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios en cada provincia atendiendo a los criterios de insularidad, incremento poblacional, nivel de gestión y nivel de rentas. Además, “la actual relación de puestos de trabajo (RPT) de la Seguridad Social se creó en 1988. Desde entonces, los profundos cambios en la realidad social no se han traducido en adaptaciones de esta RPT”, resumen. 

Los sindicatos han entregado un informe en el que concluyen que el diseño de la dotación de personal de estas oficinas no ha tenido en cuenta el incremento poblacional de hasta un 30% observado en Canarias en los últimos años, lo que ha visto perjudicado el nivel de prestación de los servicios. También consideran que no se ha tenido en cuenta el alto nivel de pobreza, unido a la brecha digital, que impiden el acceso a determinados servicios si no es de forma presencial. Todo ello, afirman que incide directamente en una mayor cantidad de expedientes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) tramitados en proporción al número de habitantes.

CCOO y UGT echan en falta una actualización de la clasificación de las direcciones provinciales de Canarias, que sea acorde a la carga que asumen en la gestión y el número de atenciones que realizan. “Esta situación ha estancado el crecimiento estructural de estas entidades en nuestro territorio, lo que hace que existan menos Subdirecciones, menos niveles y menos personal”, afirman.

Otro elemento que piden que se tenga en cuenta es la condición de insularidad, así como la fragmentación del territorio, lo que dificulta la atención a las poblaciones alejadas de las oficinas. Destacan que la población de Lanzarote y Fuerteventura es atendida por un único Centro de Atención e Información (CAISS) en cada isla, una atención que no puede derivarse a otros centros de la provincia dado ese carácter insular. Explican que con un total siete funcionarios o funcionarias en cada una de las oficinas del INSS en esas islas, en relación con el nivel de población de 155.812 y 119.732 habitantes (Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente) “hay un número ínfimo de funcionarios/as que atienden a un alto número de población, con todo lo que ello conlleva”. 

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan que han sido “conscientes del problema” y se han tomado medidas “destinadas a reforzar las plantillas”. Señalan que, “fruto de este trabajo es el Real Decreto qua aprueba la Oferta de Empleo Público de 2022, que tiene en especial consideración a la Seguridad Social”.