El Gobierno de Canarias creará un banco de datos en el que el personal público de la Administración podrá darse de alta para ser miembro de tribunales de oposición, que se designarán por sorteo, un cambio en este procedimiento que se justifica para que sea totalmente transparente.
Al respecto, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incidido este miércoles en un comunicado en que sigue dando pasos para dotar de máxima transparencia a la designación de los miembros de los tribunales de los procesos selectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Con este objetivo una de las medidas que pondrá en marcha la Dirección General de Función Pública es la creación de un banco de datos en el que se pueda dar de alta de manera voluntaria el personal que quiera formar parte de estos tribunales calificadores.
Esta medida será planteada por la Dirección General de la Función Pública en la Mesa Sectorial de personal funcionario dentro del acuerdo marco cerrado el pasado mes de enero con los representantes sindicales para la modernización, publicidad y transparencia, así como para el fomento de la participación en los tribunales calificadores de procesos selectivos.
Función Pública plantea un sistema de designación por sorteo, en sesión pública, para componer los correspondientes tribunales entre quienes forman parte del banco de datos y cumplan los requisitos legales.
“Abogamos por fomentar una participación voluntaria del personal en los tribunales calificadores, ya que entendemos que esta es la opción más adecuada y favorable para el correcto desarrollo de los procesos selectivos”, explica el director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, que adelanta que cualquier persona que reúna los requisitos legales para formar parte de un tribunal calificador lo podrá poner de manifiesto ante su departamento en cualquier momento.
El director general aclara que este sistema permitirá que, además del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, también puedan solicitar su inclusión en el banco de datos el personal de otras administraciones públicas o sectores públicos.
“A efectos de garantizar la imparcialidad de los procesos selectivos no serían incluidos en el sorteo quienes hubieren pasado a formar parte del banco de datos después de que se haya publicado la convocatoria del correspondiente proceso selectivo”, aclara Francisco Rodríguez.
El banco de datos será público y estará a disposición de la ciudadanía en la página en internet de la Dirección General.
Asimismo, Función Pública propondrá en la próxima Mesa Sectorial establecer un límite para que una misma persona no pueda formar parte de más de dos tribunales simultáneamente, garantizando con ello la concurrencia de todas las personas integradas en el banco de datos.
Cuando no sea posible cubrir la totalidad de tribunales por falta de personas en el banco de datos, la designación que se realice igualmente deberá estar acompañada de la publicación de un extracto del currículo profesional de quienes son designados.
Finalmente, Función Pública planteará a los representantes sindicales la tramitación de un decreto autonómico que regule la participación obligatoria del personal en los tribunales calificadores, lo que ya sucede en otros sectores de la Administración, como el caso de la selección del personal docente no universitario, si bien sería la última vía y cuando sea imprescindible para garantizar la ejecución de las ofertas de empleo público.