Más de 60 personas migrantes, obligadas a dormir en la calle o en parroquias ante la falta de previsión del Gobierno
Un “fallo de comunicación” obligó a 40 personas migrantes, entre ellas siete mujeres, a pasar la noche del pasado 29 de octubre en el Parque de Santa Catalina de Gran Canaria sin agua, comida, abrigo, ni compañía. Después de varios días en el mar y 72 horas en un calabozo al llegar a la Isla, la calle fue su siguiente destino. El protocolo establece que las personas en situación administrativa irregular, después de pasar por comisaría, son privadas de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Sin embargo, la saturación de Hoya Fría, el único centro operativo en la actualidad en las Islas, y la falta de previsión y comunicación interna empujó a un limbo a este grupo de personas. Según explicó a Canarias Ahora la Delegación del Gobierno de España en Canarias, es aún hoy una incógnita la causa por la que la Policía Nacional no informó de la situación de los migrantes procedentes de Malí y Sierra Leona a la Delegación.
Al día siguiente, según explicó Cáritas a este periódico, los migrantes acudieron a la ONG a pedir ayuda: “Les ofrecimos aseo, merienda, cena, ropa y alimento. Algunos presentaban incluso mareos”. Esa noche la pasaron en una parroquia. El jueves, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intervino y habilitó el pabellón deportivo 29 de abril de Schamann, donde podían estar hasta la primera hora del lunes. “Intentamos buscar la mejor solución humanitaria para que no pasaran el puente a la intemperie, pero a partir del lunes empezaban las actividades de los niños”, explicó el alcalde socialista, Augusto Hidalgo. “No es nuestra competencia, pero no vamos a estar impasibles viendo a la gente deambulando y pidiendo comida por nuestra ciudad”, añadió.
La Casa del Marino de la capital grancanaria es el quinto destino del grupo, donde sigue hasta la fecha recibiendo atención de Cruz Roja. El futuro es aún incierto. De acuerdo con la Delegación del Gobierno, los próximos pasos son estudiar si las personas pueden o no solicitar el asilo y la protección internacional y, en el caso de que los migrantes tuvieran parientes en España, proceder a la reagrupación familiar. Por otra parte, la institución recuerda que la reapertura del CIE de Barranco Seco es “inminente”, tras más de un año de reformas para ajustar la antigua prisión a los requisitos que el Ministerio del Interior exige para estos espacios.
Los convenios de devolución entre España y otros países extranjeros juegan un papel fundamental. Tal y como explica la Delegación, no hay acuerdos con Malí. Por lo tanto, en este caso, la estancia durante 60 días en un CIE no garantiza que después las personas puedan salir del país para volver a su hogar, propósito que, en teoría, persiguen estos centros.
Sin recursos en Fuerteventura
En los últimos días, 28 personas, 18 hombres y diez mujeres, han vivido una situación similar en Fuerteventura. Tras llegar en una zodiac a la Isla, el Departamento de Extranjería pidió a la organización religiosa Misión Cristiana Moderna que acogiera en su albergue durante al menos diez días al grupo, tal y como explicó en una entrevista radiofónica en Onda Fuerteventura el pastor Ángel, miembro de la entidad. Sin embargo, esta actuación “altruista”, según palabras del religioso, también pretende “evitar que estén en la calle y aumente la delincuencia”. Palabras que condena firmemente la Asamblea Popular de Fuerteventura.
El pastor Ángel en la emisora insiste en que se trata de personas que pasan 72 horas en comisaría “por cometer un delito”. Sin embargo, entrar de forma irregular a Canarias se considera una infracción administrativa similar a una multa de tráfico, tal y como explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su web.
Aún se desconoce cuál es el futuro de estas personas. Por el momento, y tal y como explicó el delegado del Gobierno en Fuerteventura en MírameTV, disponen de un documento provisional que registra su situación administrativa y que les inhabilita para salir del Archipiélago, aunque sí pueden desplazarse a otras islas en caso de tener familiares en ellas. En esta misma cadena televisiva, Cruz Roja afirmó que se trata de algo puntual y que “no es habitual que se queden en albergues” porque suelen trasladarse a los CIE. En verano de 2018, el Ministerio del Interior ordenó el cierre del centro de Fuerteventura, al que se estaban destinando fondos públicos pese a estar vacío.
A pesar de la caótica gestión de la llegada a Canarias de estos dos grupos de personas, el resultado ha sido la creación de un dispositivo alternativo a los Centros de Internamiento de Extranjeros que evita el encarcelamiento de personas migrantes en situación administrativa irregular. La asociación sociocultural Entre-Mares, con motivo de la muerte de nueve personas en las costas de Lanzarote de acuerdo con las últimas cifras conocidas, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos y la sociedad civil “para que no agite falsos fantasmas xenófobos y populistas y habilite marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que la Constitución española reconoce”.
Además, Entre Mares reivindica que “a los retos que plantean las migraciones no les podemos seguir dando respuestas de urgencia no planificadas” y que la UE debe garantizar medidas que regulen la estancia de personas inmigrantes y refugiadas, su participación democrática y su integración local.
