La juez Ana de Vega, titular de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha fijado en casi seis millones de euros las fianzas que habrán de depositar este lunes los tres imputados por la presunta estafa en la promoción inmobiliaria de Hoya Pozuelo, en Telde.
El promotor inmobiliario Jaime Cortezo Massieu deberá depositar una fianza de 3.221.240 euros, mientras que su esposa, Elena del Castillo Machado, tendrá que hacerlo por importe de 2.225.000 euros. Una tercera persona imputada, la abogada J.R.F.S., deberá depositar 321.925 euros.
Se trata de una fianza con la que los acusados habrán de hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se deduzcan de este procedimiento, que pasa ahora a convertirse en procedimiento abreviado, el paso previo a la celebración de un juicio en la Audiencia Provincial.
La acusación particular atribuye a los imputados la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad en documento público y alzamiento de bienes.
La magistrada, que archivó la causa hace meses pero que se vio a continuación obligada a reabrirla al decretarlo la Audiencia Provincial, ve indicios de delito en los tres imputados, al tiempo que ha decretado el sobreseimiento provisional respecto a otras tres personas para las que las partes no han formulado acusación de ningún tipo. Por lo tanto, desde ahora quedan fuera del procedimiento Antonia de Fátima Squaliga, Francisca Hernández Negrín y Victoria González Santana.
La presunta estafa en la urbanización Hoya Pozuelo, en Telde, se detectó cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), dependiente del Gobierno de Canarias, abrió expediente por infracción grave al detectar que parte de los chalets construidos por la promotora de Jaime Cortezo invadían zona de protección de Costas. Tras una larga tramitación, la APMUN ordenó el derribo de más de una docena de esas viviendas, algunas de modo total.
Los compradores afectados iniciaron paralelamente un proceso penal por entender que el promotor Jaime Cortezo había vendido esos chalets teniendo conocimiento de la ilegalidad en que se encontraban y de la apertura de un expediente administrativo que finalmente ha concluido con una orden de demolición.
Cortezo ha mantenido que los compradores adquirieron esas propiedades conocedores de su situación de ilegalidad. Para sostener esta tesis incluso hizo declarar como testigo al ex consejero del Gobierno Julio Bonis, que también ha sido denunciado por una afectada que grabó una conversación en la que confesaba haber mentido para proteger a su amigo Jaime Cortezo.
A partir de ahora se abre un plazo de diez días para que las partes presenten sus escritos de acusación y de defensa.