“Hubo un error que se enmendó y ahora la Justicia debe decidir. He colaborado porque soy la principal interesada en que esto se esclarezca”. Visiblemente nerviosa a su salida del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Águeda Montelongo, presidenta del Partido Popular en Fuerteventura y diputada regional, resumía de este modo las más de dos horas de declaración en calidad de imputada ante la juez de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini -que ha sustituido a Fernando de Lorenzo por jubilación- por el denominado caso Patronato, que investiga el pago de vacaciones a altos cargos nacionales del PP con dinero público del Cabildo majorero.
Montelongo salía de los juzgados pasadas las dos de la tarde con una sonrisa en la boca y tratando de sortear a los periodistas que se agolpaban en la puerta. Tras recorrer varios metros y ante la insistencia de los profesionales de los medios de comunicación, la diputada regional se detuvo un momento para volver a decir que todo se debió a un error, la teoría que ha esgrimido el PP desde que Canarias Ahora destapara el caso en febrero de 2011.
“Después de cuatro años he tenido la oportunidad de defenderme”, ha manifestado Montelongo, a la que se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. La diputada firmó, junto al entonces gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, los informes que justificaban los pagos camuflados a los cargos del PP. Según ha podido saber este periódico, Montelongo ha alegado que lo hizo “sin darse cuenta de a quién correspondían” y que “normalmente no se dedicaba a comprobar lo que firmaba”, salvo que el importe fuera muy elevado.
La teoría del error carga las tintas contra el exasesor de Montelongo Santiago Santana, que en su momento asumió la responsabilidad en un comunicado en el que admitía haber cometido errores al confundir facturas del partido con las del Patronato. Sin embargo, tras prestar declaración en sede judicial en marzo, negó haber enviado el escrito y aseguró que siempre actuó acatando órdenes de los superiores.
Este miércoles también ha declarado ante la juez en calidad de testigo Manuel Fernández, diputado del PP y en el momento de los hechos secretario general de la formación conservadora. Fernández defendió que el partido había devuelto el dinero que cargó al Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura para un coche de alquiler durante una estancia del parlamentario en la isla.
Gastos del PP cargados al Patronato
El caso de las facturas falsas en el Patronato de Turismo fue denunciado por el exconsejero del PP en el Cabildo de Fuerteventura Guillermo Concepción, a quien le llegó por medio de “un amigo que trabaja en un hotel”. La investigación ha pasado de los juzgados de Puerto del Rosario al TSJC por el aforamiento de Montelongo.
Fueron tres los gastos concretos del partido cargados al Patronato de Turismo. Dos de ellos vinieron avalados por informes firmados el mismo día -16 de abril de 2010- por el entonces gerente del organismo, José Luis Cabrera Bonny (despedido tras conocerse los hechos) y Águeda Montelongo.
La primera factura sirvió para pagar el alojamiento del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su esposa en el Hotel Faro Jandía entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril de 2010. El coste de esta estancia ascendió a 560 euros y, pese a que en el documento original aparecía el nombre del senador, en el expediente de pago del Patronato se camufló con una referencia genérica a un grupo de periodistas del touroperador Sunway.
La segunda implica al diputado canario Manuel Fernández, a quien el Patronato pagó un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba el nombre del parlamentario, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague. Fernández ha afirmado este miércoles que el partido ya ha devuelto el dinero.
El Patronato de Turismo de Fuerteventura también abonó el alojamiento en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach a dos diputados del PP, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los altos cargos populares habían acudido a la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. El hospedaje de ambos, un total de 693 euros, se cargó a las arcas públicas. Para ello, se trucaron las facturas con los nombres de supuestos periodistas de la inexistente revista alemana ZDF (es una televisión pública). Las identidades falsas que aparecían en las retenciones de pago eran las de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.