Mujeres con menores a cargo, cuidadoras y con un alquiler que pagar: retrato de la pobreza en Canarias

Noelia conforma una familia monomarental, es decir, cuida sola de sus hijos. Tuvo que cuidar de su padre enfermo cuando su hija apenas había nacido. Además, padece una enfermedad degenerativa sobrevenida que reduce su movilidad, le genera dolor y le limita determinadas tareas del día a día. Esta es una de las historias que recoge la Memoria Institucional de Cáritas Diocesana de Canarias, que señala que “asumir cuidados bajo estas circunstancias, a la par que sostener económicamente a su familia, le supone un esfuerzo que no tendría que recaer exclusivamente en ella y en su capacidad de activar recursos personales”. El 59% de los participantes directos en programas de esta ONG son mujeres, cuya presencia es cada vez más palpable en proyectos que atienden realidades tradicionalmente masculinizadas, como son el sinhogarismo y las adicciones. Junto a los hogares monomarentales, Cáritas contabiliza como perfiles desprotegidos y vulnerables a las personas en situación administrativa irregular y personas con deterioro de la salud física o mental. 

La organización remarca que año tras año sigue atendiendo fundamentalmente a hogares sustentados por mujeres, de entre 30 y 59 años, con nacionalidad española, hijos a cargo, en situación de desempleo, sin ingresos regulares y que tienen que asumir el pago de un alquiler. Esas mujeres son en muchos casos cuidadoras de otros familiares como es el caso del testimonio de Noelia, que viene detallado en la memoria de Cáritas. Es lo que en el informe se llama “generación sándwich”, término que acuñó la trabajadora social Dorothy Miller y que se refiere a edades que median entre el cuidado de descendientes y el cuidado de ascendientes. Un perfil fundamentalmente femenino que se incrementó en cuatro puntos respecto al año anterior. 

“Asumir dicha situación supone una carga importante para los hogares, tanto en relación al espacio de convivencia, es decir, a la vivienda, como al gasto en alimentación y otros bienes de consumo básicos o a la carga mental y emocional que supone atender el cuidado de una persona mayor dependiente mientras se está en plena crianza”, detalla la memoria. La ONG subraya que este fenómeno está asociado al retraso de la maternidad y al hecho de que vivimos en sociedades con una pirámide demográfica invertida en la que el peso de las personas con edad avanzada es mayor; lo que supone “un desgaste significativo para los hogares, particularmente para las mujeres”. Por tanto, “el cuidado en nuestra sociedad requiere de apoyo institucional y de corresponsabilidad social”. 

Ante situaciones de excesiva carga de cuidados, el acceso al empleo también se dificulta. “La conciliación laboral y familiar no está garantizada y a la hora de acceder a un empleo, entran en la balanza cuestiones familiares que no tienen una respuesta pública establecida y que las familias no siempre pueden abordar con sus recursos económicos, sociales y familiares. El 69% de los hogares atendidos estaba sustentado por una persona en situación de desempleo”, añade.  No obstante, el acceso al empleo tampoco es garantía de integración social. El 16% de los hogares atendidos en 2023 se sustentaba por una persona con trabajo, de los cuales el 5% lo hacía en la economía sumergida. 

Respecto al origen de los hogares atendidos, hay un aumento de cinco puntos en los hogares de origen extranjero que pasan de representar el 42% al 47%, de los cuales el 42% es de nacionalidad extracomunitaria. El informe explica que el 52% de las personas extranjeras carece de derechos de ciudadanía básicos, se encuentran en situación administrativa irregular, y un creciente porcentaje que alcanza ya el 14% (el doble que el año anterior) está en condición de refugio o asilo o como demandante.

El informe de Cáritas resume que este año se han detectado situaciones de exclusión más severas y personas con mayor deterioro, especialmente psico-emocional. “La falta de vivienda se ha agudizado y aumentan las situaciones de sinhogarismo en hombres, mujeres y familias. Encontramos más personas en situación de irregularidad administrativa, una población infantil y juvenil en situación de desventaja social tan profunda que con toda probabilidad arrastrarán las consecuencias durante toda la vida”, detalla el documento. 

“Las problemáticas son más complejas y requieren de una intervención más específica en dimensiones diversas simultáneamente, lo que explica que el número de respuestas de la intervención haya aumentado casi un 20%, frente al 6% del año 2022”, resume Cáritas. Durante 2023 además se acompañaron desde las diferentes áreas y proyectos 9.476 hogares, lo que benefició a más de 29.100 personas. 

Se trata de datos que la organización enfatiza para conocer la magnitud del número de personas en situación de pobreza. Cabe recordar que un 36% de la población canaria, es decir casi 780.0000 se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social (a pesar de esta tasa cayó en 1,6 puntos respecto a 2021). La vivienda, la brecha de género y la falta de apoyo a los hogares con menores son factores de mayor riesgo. Así se desprende del XIII Informe ‘El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y exclusión social en España 2008-2022' presentado el pasado año. Se trata de un informe al que hace alusión también este de Cáritas. 

El reto de las prestaciones sociales y de la vivienda

El informe recuerda que el alcance del Ingreso Mínimo Vital ha aumentado un 15,8% en un año, cubriendo a más de 60.000 personas en Canarias en situación de vulnerabilidad con un ingreso medio que roza los 500 euros mensuales. Esto supone cierta mejora en términos comparativos y una protección para quienes lo reciben, pero “queda muy lejos de cubrir al tercio de población canaria que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social”. 

La organización recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó, a finales de 2022, la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, lo que suponía una nueva perspectiva de la prestación que pasaba a configurarse como derecho. Sin embargo, “su alcance está siendo limitado, apenas unas 13.000 familias se benefician de la misma. Ante la falta de alternativas, las familias y las personas llegan a Cáritas, donde la respuesta no siempre cubre la necesidad principal en un primer momento, pero se desarrollan planes de acción, acompañamiento, escucha y sostenimiento para que las personas y familias no sigan cayendo”. 

Por otro lado, la vivienda social, en los contextos de pobreza y exclusión social, se establece como única esperanza para el acceso a una vivienda segura. Los precios de mercado son inaccesibles y las posibilidades reales de los hogares pasan por una tenencia de la vivienda insegura que les relega a una situación de riesgo de exclusión residencial. Según datos de la Fundación FOESSA, el 16,8% de las familias queda por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos. Los gastos relacionados con el pago de la vivienda y sus suministros son los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así la economía de los hogares.