Multas de más de 2.000 euros en plena Navidad por no querer ceder tu apartamento a un explotador turístico en Canarias

Una sanción de 2.250 euros en plena Navidad por no dejar su apartamento en manos de un explotador. Es lo que le llegó a la propietaria de un piso del sur de Gran Canaria por hacer uso privado de él. J.S.A, que prefiere salvaguardar su nombre completo porque sigue batallando por esta causa, lamenta la situación de indefensión en que se encuentra. Heredó este apartamento de su padre, que lo compró en los años 60 cuando el turismo ni siquiera había despegado en Canarias y Playa del Inglés no se había convertido en ese montón de inmuebles extrahoteleros. No se trata de un caso aislado, ya que esas sanciones se están acumulando desde hace meses y Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, no da abasto asesorando a las familias afectadas. “No quieren a los canarios en las zonas con potencialidad turística”, asegura.

Este año, esa plataforma ha recurrido el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria porque entiende que perpetúa que se favorezca a los explotadores turísticos y no que los propietarios canarios puedan hacer uso de estas propiedades. Al mismo tiempo, siguen luchando por promover en el Parlamento una reforma de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013 y su posterior reglamento, que incluyó el “principio de unidad de explotación”. Esto en la práctica supone que los dueños de los apartamentos no podrán alquilarlo por su cuenta, sino que debe hacerse cargo una única empresa explotadora (normalmente de fuera de las Islas). También recoge que esos pisos deben regirse al uso establecido en el plan de ordenación municipal y perjudica a quienes quieren vivir en él. 

El caso de J.S.A es uno de los más alarmantes por la enorme cuantía de la sanción. Pese a que esta propietaria recurrió la multa de la Consejería de Turismo, la resolución concluyó que había cometido una falta “grave” por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, toda vez que no hay explotación turística en la unidad alojativa” tras una inspección iniciada por el Gobierno de Canarias en 2022. En una visita realizada al complejo de 52 pisos, Turismo asegura que se constató que el establecimiento se encuentra cerrado al público en general y no existe recepción ni trabajadores, por lo que no hay “explotación turística” sino que cada propietario “hace uso que considere de su unidad” (o lo alquila por periodos o reside en él de forma total o parcial).

No obstante, sí que existía una entidad explotadora que dejó de operar hace cinco años. J.S.A y su marido recuerdan que no les compensaba tener su piso de esta manera. “Llegábamos a recibir 200 euros cuando el explotador alquilaba el apartamento en 900”, lamentan. Por ello, han decidido hacerse socios de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Muchas otras familias han ido pagando con mucho esfuerzo estos apartamentos en el sur, que tanto animaban a los canarios y canarias a comprar hace unas décadas. Ahora, sin embargo, se ven acorralados al tener que cederlos. 

La presidenta de la plataforma de afectados resume que esas sanciones lo que están diciendo es que “si usted tiene una propiedad o una vivienda la tiene que forzosamente destinar al uso turístico, pero no lo puede hacer usted sino a través de un explotador turístico que te paga lo que le da la gana y usa lo que es tuyo para sacar dinero, que se tributa fuera”.

Señala que ya están llegando resoluciones a personas cuyo apartamento es su única alternativa como vivienda, como es el caso de una joven que acudió a la plataforma de afectados esta semana. “Están convirtiendo un espacio de producción social en un espacio de producción económica y esto implica el desplazamiento forzoso de la población”, remarca Doreste.

Más de 40.000 familias afectadas

Maribé Doreste explica que hay unas 40.000 familias afectadas por esta situación. Las multas están ahogando a las del sur de Gran Canaria, pero pronto pueden llegar a otras zonas de apartamentos familiares como es el caso de Fuerteventura. J.S.A aclaraba en el recurso presentado tras la sanción que su establecimiento no se comercializa turísticamente desde el año 2016. Así mismo, en ese documento se añade que su vivienda se encuentra en un complejo de 52 apartamentos divididos horizontalmente y que en él cabe la posibilidad de desarrollar usos turísticos, una actividad que insisten en que es “libre”. 

El recurso presentado por esta familia gira en torno a que “no puede sancionarse a un ciudadano que ejerce una libertad recogida constitucional y legalmente” y la recurrente agrega que, como propietaria, no desea realizar ninguna actividad económica con aquello que le pertenece. “El establecimiento y ejercicio de la actividad turística es libre”, insiste esta ciudadana, que entiende que la resolución de la Consejería de Turismo vulnera su derecho de propiedad. Así mismo, alude a que la ficha del complejo no cita en ningún momento ninguna norma con “usos prohibidos o incompatibles”. “Hay que partir del hecho de que siempre han existido apartamentos y bungalows no adscritos a ninguna explotación turística y ese uso residencial era, y es, absolutamente legal”. 

La norma de 2013 que les colocó en esta situación añade en un apartado que el uso residencial es compatible si está consolidado ese uso con anterioridad a 2017. La recurrente expone en este apartado que “está claro que su apartamento, como todos los demás, a 1 de enero de 2017 no estaba en explotación, ni lo ha estado desde entonces”, expone. Así mismo, insiste en que como propietaria tiene derecho a usarlo y no tiene la obligación de cederlo para su comercialización y que la amparan derechos y libertades básicas así como un conjunto de normas transitorias. 

La Consejería de Turismo no estima este recurso ni da por válido sus argumentos y remarca que el uso de ese suelo según el planeamiento vigente es el turístico y que el inmueble está registrado como parte de un complejo turístico. Se considera además que la infracción es grave y puede conllevar una multa de entre 1.501 y 30.000 euros. A la recurrente, J.S.A, esta notificación le ha llegado este 14 de diciembre y por ello la familia ha acudido a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que insiste en que está “trabajando a destajo” para dar una solución a todas las personas afectadas. Doreste indica que todas las sanciones se van a recurrir por la vía contencioso-administrativa y recuerda que cualquier persona afectada puede acudir a la plataforma, que abre los jueves por la tarde y sábados por la mañana.

Hay posibilidad de convivir todos

Este colectivo, que ha salido a la calle en numerosas ocasiones, mantiene la esperanza de que estas medidas que consideran injustas cesen. Se agarran entre otras cuestiones a una sentencia conocida hace unos meses que anuló una de esas cuantiosas multas de más de 2.000 euros al propietario de un apartamento del sur de Gran Canaria por hacer uso de él. 

Maribé Doreste remarca que tal y como está la situación de la vivienda, no entiende que se impongan estas multas. “No entendemos esta contradicción que la consejera de Turismo, que va a dios rogando y con un mazo dando. Por un lado, quiere proteger las viviendas para la gente y, por otro, te la quita porque dice que tu vivienda tienes que alquilarla para un uso turístico”. Insiste en que ante la situación alarmante de la vivienda en las Islas se dan muchos casos en que estas personas quieren alquilar sus apartamentos por largas temporadas, por ejemplo, a trabajadores de la hostelería. También se da el caso de padres que quieren ayudar sus hijos, entre otros. “Son en muchos casos segundas residencias de muchas personas pero no son millonarios, son trabajadores de a pie que con sus esfuerzos han conseguido tener una vivienda”, destaca.

Además pone su propio caso como ejemplo de que la convivencia entre propietarios y empresas turísticas en un mismo complejo es posible. Ella reside en su apartamento en el sur de Gran Canaria, donde afirma que se dan distintas modalidades sin problema. Por ello, recuerda que se registró en una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) en el Parlamento, que no dio tiempo de tramitarse en la pasada legislatura y que busca que “haya convivencia y paz social”.