Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro municipios con mayor población de Canarias, solicitaron este jueves que sean las compañías eléctricas las encargas de tramitar, a través de una ventanilla única, el bono social eléctrico que no está llegando a toda la población susceptible de ser beneficiaria debido a que tropieza con la burocracia y el colapso en los ayuntamientos canarios.
Esta petición surgió este jueves después de que representantes de los cuatro ayuntamientos se reunieran para analizar las dificultades de sus consitorios para asumir la carga de trabajo y financiación. En el encuentro estuvieron presentes los concejales de Servicios Sociales de estos cuatro municipios, Diego Ojeda, Jacinto Ortega, Óscar García y Flora Marrero, respectivamente.
Los ediles explicaron que los cuatro ayuntamientos solicitarán al Gobierno de Canarias, la Fecam y las eléctricas que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono con el que las familias podrán obtener un descuento de hasta un 40% en su factura de luz, evitando así que los usuarios tengan que realizar una peregrinación por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias.
Asimismo, piden que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene asumidas estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.
Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son además las localidades con el mayor número de usuarios de los servicios sociales con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales. Los cambios derivados del Real Decreto del Bono Social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social porque se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas residen en estos municipios.
Estos cambios, puntualizaron, no solo beneficiará a los cuatro ayuntamientos con más población, sino al resto de los 87 municipios canarios.
Por otro lado, solicitan una mayor flexibilidad en los plazos establecidos para ejecutar y justificar los proyectos de Bienestar Social 2018 -30 de junio y 15 de julio, respectivamente-. Según apuntaron, las administraciones locales encuentran serias dificultades para cumplir estos requisitos y temen perder la financiación que les permitirá poner en marcha proyectos y aumentar ayudas que complementen las acciones que ya se están realizando desde los distintos ayuntamientos. Así, reclaman que estos proyectos puedan ejecutarse hasta el 31 de diciembre.