Las recientes limitaciones a la movilidad que ha decretado el Gobierno de Canarias en Tenerife, la isla con más casos de COVID-19 en el Archipiélago, son mecanismos tomados a tiempo (si analizamos el timing de otras comunidades autónomas para imponer restricciones) pero que deberán ser evaluados dentro de dos semanas para determinar su alcance. La isla del Teide sigue a la cabeza como única región con el semáforo rojo de la Consejería de Sanidad, lo que implica cierre de bares y restaurantes a las 00:00 y prohibición de las reuniones sociales de más de 10 personas. Así cayó la curva en Gran Canaria, entre otras cosas, y así ha estado Tenerife alrededor de mes y medio sin cambio alguno, con los positivos diarios subiendo de forma paulatina y algunos hospitales con el agua al cuello. Ahora el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha decidido endurecer las medidas para que la transmisión comunitaria no se dispare y Tenerife frene el goteo de contagios.
La nueva normativa, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), incluye limitación de reuniones sociales a un máximo de seis personas; el cierre de los locales de restauración se adelanta una hora hasta las 23:00; en bares y restaurantes, el aforo en interiores queda reducido a un tercio (lo mismo ocurre en cines, teatros y museos) y en terrazas a un 50%, igual que en las playas. Torres señaló este jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad y del Consejo de Gobierno, que las restricciones están “acorde” a la situación epidemiológica de Tenerife que, recalcó, no es buena y está muy cerca de colocarse en nivel de riesgo “alto” que marca el semáforo del Ministerio de Sanidad. La incidencia acumulada en los últimos 14 días asciende a 129,4. En Canaria, esa cifra cae 81,3.
La opinión de los expertos
Los expertos consultados por este periódico se muestran, en su mayoría, conformes con las medidas. Pero recuerdan que todo está en el aire y no se conocerá el impacto real de la nueva realidad hasta dentro de dos semanas. “Quizá en 15 días nos damos cuenta que hemos perdido el tiempo”, destaca Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación Para la Defensa de la Salud Pública en Canarias. “Hay que tomar decisiones sin dejar que la situación se escape de las manos. Y luego hay que analizar todas las facetas de las mismas”, explica María del Mar Tavío, catedrática de Microbiología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Amós García, jefe de Epidemiología en Salud Pública, cree que el paso al frente del Gobierno regional es “correcto” y “justo a tiempo”. El experto hace hincapié en la medida que limita las reuniones personales a un máximo de seis personas. En esos contextos, dice, ha habido “un boquete”. La mayoría de los contagios en Tenerife se ha producido en las reuniones entre familiares y personas no convivientes, como han indicado a este periódico profesionales de Atención Primaria. “Es un factor clave en la difusión de casos”, subraya García.
De la Barreda, por su parte, considera que no se está poniendo el foco sobre las fiestas y la movilidad de los jóvenes. Esta semana la Consejería de Sanidad informó de que el mayor brote de la COVID-19 en las Islas se ha dado en una fiesta de Halloween donde se infectaron 12 personas. La Policía de La Laguna disolvió 45 fiestas en viviendas particulares el último fin de semana de octubre. “Si la Administración no puede bloquear esos focos, hay que coger la sartén por el mango”, defiende De la Barreda, quien cree que uno de los pocos mecanismos capaz de vetar esos núcleos de infección es el toque de queda. “No podemos dejarlo todo al albur de la ciudadanía”.
Con todo, Tavío recuerda que la mano dura del Ejecutivo tendrá poco efecto si no se logra el compromiso de la población. “Todo suma, pero necesitamos que vuelva la responsabilidad de la gente. Es fundamental respetar las normas”.