El administrador de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, prevé para “finales de 2022 la puesta en funcionamiento” del nuevo concurso convocado el pasado 7 de octubre para las instalaciones de la televisión pública regional. La licitación, con un valor estimado de 65 millones de euros, tiene como objeto la cesión en uso, operatividad y mantenimiento técnico de dos estaciones centrales de operaciones audiovisuales para el funcionamiento técnico de la sociedad y de sus servicios informativos.
Durante una comisión de control de RTVC, Moreno ha detallado que el concurso se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente y, en este sentido, insistió que se resolverá “con una calculadora”, es decir, sin criterios subjetivos, “de alguien que diga que le gusta más las paredes verdes que rojas”, ha ejemplificado, puesto que primará a la oferta que suponga un menor precio por las instalaciones.
Las ofertas se podrán presentar hasta el 10 de enero y Moreno espera que se adjudique en marzo o abril; “habrá que darle un mínimo de 9 meses a la empresa que haya ganado esa oferta para la implantación de dos centros de producción con toda la tecnología que eso implica”, ha señalado.
Moreno ha explicado que “se saca a concurso el 30% de lo que se licitaba en anteriores ocasiones”, porque en esta ocasión “no se licita personal ni las delegaciones insulares, que son gestionadas por la Televisión Pública de Canarias”. Al respecto, el administrador único quiso remarcar que “son inciertas esas afirmaciones de quienes dicen que todo lo de RTVC no es suyo y es de otros”, pues tanto la radio como la televisión tienen materiales e instalaciones propias.
Con esta licitación se pretende dotar de seguridad jurídica al ente público “para tener unas instalaciones audiovisuales que eviten el colapso tecnológico y acabar con una solución que el 30 de junio de 2018 se calificó de provisional”, ha señalado Moreno. Se refiere a la situación excepcional generada en el ente, que estuvo al borde del abismo porque el entonces presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, no fue capaz de adjudicar el concurso de informativos ni convocó ni resolvió el concurso de transporte de señal.
Desde entonces, se subrogó a los 220 trabajadores de Videoreport, adjudicataria del contrato de prestación de servicios informativos de la televisión pública, y se evitó que la señal se fuera a negro alquilando a la licitadora todos sus medios técnicos y materiales. Todo ello, bajo la figura de un administrador único, pues la Junta de Control de RTVC, sometida a votación en cuatro ocasiones este año, no ha logrado aún la mayoría suficiente para lograr el aval del Pleno del Parlamento autonómico.
Por ello, en junio de este año, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley de medidas extraordinarias que prolongaba la capacidad de tomar decisiones de Francisco Moreno como administrador único, hasta que el Parlamento aprobara el sistema de gestión y los órganos definitivos de dirección. Una medida que fue avalada por el Consejo Consultivo de Canarias.
Esto ha posibilitado que se pueda convocar el concurso “por el manifiesto desfase tecnológico de las actuales instalaciones y el imposible encaje jurídico de seguir prorrogando el actual contrato sin un horizonte temporal de licitación”, ha añadido Moreno, quien ha recordado que cuando fue nombrado administrador único de RTVC en noviembre de 2019 “no había contrato de señal, las instalaciones estaban obsoletas, arrendadas par aun tiempo breve, el ente estaba envuelto un enredo jurídico y era la sexta cadena de seguimiento en Canarias”.
Sin embargo, el concurso está sujeto a lo que decida el Parlamento de Canarias, pues en los pliegos está prevista la posibilidad de adaptar las circunstancias a la posible aprobación de un nuevo modelo de gestión, con escenarios que abarcan desde la potestad de la Cámara para no adjudicar hasta la modificación de la licitación.
Durante su comparecencia, Moreno también ha tenido que rendir cuentas sobre los contratos de RTVC. En este sentido, ha detallado que desde enero hasta agosto de 2019, el ente público ha llevado a cabo un total de 99 contratos: 13 de servicios sujetos a la Ley de Contratación del Sector Público; 6 de suministros y 80 de cesión de derechos de propiedad intelectual (37 de producción ajena; 25 de producción propia; 15 cesiones de actos deportivos y espectáculos; uno de agencia de noticias y dos de la cesión de derechos de voz de la cadena). En cuanto a los contratos menores, Moreno ha especificado que, aunque es “una obligación de difícil cumplimiento por el elevado número y la escasez de recursos personales en la administración”, se han publicado todos desde 2019 hasta el presente ejercicio.
“Soy un profesional, no soy político”
Las intervenciones de Moreno han estado marcadas por las críticas recibidas desde la oposición, que ha llegado incluso a acusarle de “oscurantismo” y a amenazar con un plante en la siguiente convocatoria del órgano. Tanto la diputada del grupo popular, Luz Reverón, como la del grupo mixto, Vidina Espino, han criticado que no se haya constituido aún la Junta de control de la RTVC y han acusado al administrador único de “colaborador necesario” del Gobierno regional, de “hacer y deshacer a su antojo”.
“Me da mucha pena no poder obtener el consenso necesario, el que me trajo a esta Cámara (...). Ojalá ya se hubiera conformado la Junta de Control. Yo llegué en noviembre de 2019. Ustedes legislaron en junio de 2018 que la situación en la que quedaba la subrogación del personal y las instalaciones era para un periodo de seis meses, y estamos en noviembre de 2021”, ha respondido Moreno.
Además, remarcó que “nunca ha habido más concurrencia de empresas audiovisuales al mismo tiempo”, por lo que Moreno reconocía no entender los reproches ni las acusaciones en este sentido. “Si el problema no es la concentración de la contratación en unas pocas empresas, entonces es justo por lo contrario: algunos no quieren que trabajen todos”. En este sentido, subrayó que “si hubiese una situación caciquil o si se quisiera beneficiar a determinadas productoras o ideologías, le aseguro que ustedes serían el altavoz del malestar que eso provocaría”.
Durante su intervención, el socialista David Godoy lamentó los debates “estériles” en la comisión y reprochó las críticas a la pluralidad demostrada en la formalización de contratos a diferentes productoras. Para el diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz, algunos discursos están encaminados a “sembrar la discordia” donde sólo hay transparencia y cuando RTVC vive “un momento dulce” en el que cuenta con el reconocimiento de buena parte de la ciudadanía,
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha defendido la correcta fiscalización de los contratos formalizados por el ente y Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, se ha congratulado del compromiso de RTVC con el colectivo de personas con discapacidad y su derecho a estar debidamente informados, en relación con un contrato de 42.000 euros para utilizar el lenguaje de personas sordas.
Por su parte, José Alberto Díaz-Estébanez, del grupo Nacionalista Canario, ha criticado que el administrador único llega a la comisión a cumplir “con su obligación” mientras los grupos que apoyan al Gobierno “cantan las excelencias de su transparencia para luego atacar a la oposición por su deber de asumir el control”.
“Me siento víctima de toda esta pelea que para nada me resulta apetecible soportar. Lo único que quiero hacer es trabajar honestamente y que sean los resultados ante los espectadores”, ha respondido Moreno, quien recordó que antes de acceder al cargo de administrador único ya manifestaba que no deseaba estar en un equipo de gestión que nacía pensando más en el enfrentamiento que en el entendimiento. “Soy un profesional, no soy político”.
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