Cuando la oportunidad de estabilizar plantilla pone en riesgo el trabajo de docentes que llevan décadas en fraude de ley

Canarias ha anunciado una atractiva oferta para estabilizar su plantilla docente: 4.333 plazas para que profesionales que se encuentren en fraude de ley puedan pasar a ser funcionarios después de que Europa abriera la puerta a esta posibilidad. Sin embargo, lo que a priori es una oportunidad para mejorar condiciones laborales también pone en riesgo el puesto de trabajo ocupado durante años en el Archipiélago y que en algunos casos, como en los Conservatorios Profesionales de Música, se ha perpetuado durante décadas ante la imposibilidad de presentarse a oposiciones en ese tiempo, pues no se han convocado. Varias son las cuestiones que colocan a docentes de las Islas en desventaja: el amplio número de plazas que no concuerda con el de otras regiones y que hace temer una “avalancha” de profesionales que se presenten desde esas zonas; el hecho de que el proceso puntúe la experiencia laboral con un máximo de diez años (se valora igual que al que lleva más de 20 años) y que se valore con hasta cinco puntos el haber aprobado otras oposiciones desde 2012 (en algunas especialidades en Canarias no se ha contado con esa posibilidad). 

“¿Son las plazas o las personas las que estamos en fraude de ley? Porque somos las personas que estamos ocupando esa plaza”, expone una profesora consultada, que considera que se está desvirtuando el mandato de Europa. La docente entiende que no es una cuestión fácil de resolver para la administración, que debe atender a los principios que marca la Constitución, lo que dificulta que se blinden las plazas para el profesorado canario. No obstante, cree que una forma de proteger el empleo podría ser que se valore toda la experiencia y que no se tenga en cuenta tan solo un máximo de diez años. Precisamente, la Consejería de Educación se ha comprometido a solicitar al Ministerio que se amplíen los años de experiencia que se bareman en el concurso, de manera que se valoren hasta 14 años (a 0,5 puntos) en vez de 10 (a 0,7). 

El profesorado consultado por esta redacción manifiesta decepción, aunque también esperanza en que el proceso que nace como una oportunidad, se mejore para no poner en peligro miles de puestos de trabajo actuales. Canarios y peninsulares llevan años ocupando plazas en el Archipiélago, que arrastra una tasa muy alta de interinidad (más de un 35%). En el caso de Primaria o Secundaria, por lo general rotando por distintos centros, pero en el caso de los Conservatorios Profesionales de Música (que imparten clase a niños de entre 8 y 17 años y solo hay uno por provincia) hay quien lleva más de 20 años en el mismo centro, en el mismo aula e incluso con la misma mesa y silla desde que empezó. Se trata de centros que en un principio no dependían del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, en el caso de Tenerife, era gestionado por el Cabildo y para acceder había que enfrentarse a una oposición. Estas pruebas se denominaron “concurso de oposición para sustituciones o posibles vacantes”, en la que se examinaba y se obtenía una nota. Durante la década de los 90, una vez que pasó a depender de la Consejería de Educación, se fue sustituyendo este sistema por la presentación de méritos. 

Los sindicatos estiman que unas 77 plazas convocadas de las 4.333 serán para este profesorado. Se trata de docentes con una titulación muy específica, en ocasiones especialidades que solo imparten dos profesores por provincia y que temen quedar en paro. Parte de estos docentes tienen además más de 50 años, lo que complica su futuro laboral si no se encuentra una solución. En un principio vieron con optimismo la intención de estabilizar, pero el hecho de que se limite la puntuación por experiencia laboral a diez años fue un auténtico jarro de agua fría. “Somos un granito de arena en el desierto, 200 y pico profesores con respecto a miles y miles de Primaria y Secundaria”, es una de las frases más repetidas por este profesorado consultado que prefiere no ser citado con su nombre. El profesorado consultado también puntualiza que debería tenerse en cuenta el hecho de ser islas, que para formarse muchos de estos profesionales han tenido que invertir su dinero en salir fuera y que ahora tienen un proyecto de vida en el Archipiélago. 

Los sindicatos piden transparencia por parte de otras comunidades

Durante las últimas semanas se ha tratado este asunto en reuniones sindicales con la Consejería de Educación. Además de aumentar los años de experiencia en la puntuación, el director general de Personal, Fidel Trujillo, se comprometió a solicitar también al Ministerio que se contabilice con 2,5 puntos haber aprobado oposiciones en la comunidad autónoma en la que se examinó el aspirante. Esto último limitaría que pudieran obtener más puntuación solicitantes de fuera del Archipiélago que se hayan presentado a oposiciones en sus regiones mientras en Canarias no ha sido posible. 

Pedro Crespo, presidente del sindicato ANPE en el Archipiélago, coincide en que “en las especialidades con pocas plazas es donde más peligroso es y el conservatorio es el ejemplo perfecto”. Insiste en que la asociación sindical a la que pertenece solo va a plantear cuestiones que se enmarquen en la legalidad, ya que de lo contrario el proceso podría ser recurrido. Una de las propuestas del sindicato es que se obligue a los aspirantes a desplazarse a Canarias, al planificarse una jornada presencial de formación. Considera que si se impone entre semana en horario en el que el interino tiene que dar clases en su comunidad autónoma restringiría mucho las solicitudes que no vengan de profesionales que imparten docencia en el Archipiélago. No obstante, es consciente de que la medida “no es la panacea” pero limitaría algo. Una propuesta que también defiende, por ejemplo, CCOO, que estima que ese acto presencial debe producirse de manera simultánea en todas las comunidades. 

STEC-IC afirma que su sindicato ha recurrido al Tribunal Supremo el real decreto que regula este proceso de estabilización, pero los tiempos de la administración y los de la justicia no coinciden, por lo que sigue trabajando también por mejorar este texto actual. Gerardo Rodríguez, portavoz de este sindicato, subraya que los docentes canarios han tenido que lidiar con una realidad más dura, con “ratios más altas” y “son aquellos que han tenido que luchar contra condiciones más precarias”. Por ello, lamenta que no se haya abordado este tema de forma específica y explica que se ha requerido una reunión en la que esté presente el presidente de la comunidad autónoma. Especialmente crítico se ha mostrado este sindicato tras la entrevista a la consejera del área, Manuela de Armas, en Canarias 7 donde apuntó que será muy difícil asegurar que las plazas sean para profesorado canario aunque dará la batalla por ello. Para el sindicato se trata de unas declaraciones “conformistas”. 

El grupo de Docentes de Canarias INSUCAN también se encuentra preocupado por lo que considera un “agravio” para el profesorado canario. Su portavoz, José Ángel Amador, cree que “aunque el origen del decreto sea bueno”, abre la posibilidad a que personas que no han trabajado tanto en el sistema puedan ocupar esa plaza. La asociación sindical mantuvo una reunión en el Congreso con sindicatos de otras comunidades y diputados. Además, ha explicado esta situación a la mayoría de grupos políticos y se ha reunido recientemente con el Diputado del Común. El docente afea la falta de transparencia de otras comunidades autónomas al no aclarar cuáles son sus plazas en fraude de ley y cuántas van a sacar. En ese sentido, afea que se ha encontrado con un muro al intentar concretar esta información con las distintas regiones y que la única que asegura que le ha trasladado los datos es Cantabria. 

Según los documentos que maneja el sindicato, mientras Cantabria sacará unas 600 plazas, el Archipiélago oferta 4.333 por concurso de méritos, a lo que se suman las 1.500 de las oposiciones. Así mismo, denuncia que Madrid, con mayor población que Canarias, anunciara solo unas 1.400 plazas por concurso de méritos (datos que comparte también en su web Anpe Madrid). Por otro lado, este sindicato recuerda que hay comunidades que se blindan con una segunda lengua oficial. El Diputado del Común se comprometió a trasladar al Defensor del Pueblo estas quejas para que todas las regiones tengan un criterio unificado en cuanto al número de plazas convocadas. 

El Parlamento de Canarias también ha llegado a abordar esta problemática y ha acordado por unanimidad pedir al Gobierno autonómico que en el concurso de méritos se incluya una entrevista personal sobre Historia y Geografía de Canarias con el objetivo de evitar esa posible “avalancha” de opositores de otras comunidades. No obstante, aunque los sindicatos valoran que el tema se haya tenido en cuenta tienen discrepancias ya que, por ejemplo, STEC recuerda que “cualquiera se puede poner al día de conocimientos canarios hasta cierto punto y estudiar”, pero el objetivo es que “las plazas se queden en Canarias y sea para el profesorado canario”, insiste Rodríguez. También en ello coinciden profesores consultados, que remarcan que la clave es que se valore su experiencia. 

Precisamente, en lo que están de acuerdo todas las fuerzas sindicales es en obligar a todas las comunidades autónomas a publicar un informe de las plazas por especialidad que formarán parte del concurso. “Esos informes deben estar certificados y validados por los jefes de servicio correspondientes. Así nos aseguraremos de que se ofertan todas las plazas que cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio y que el procedimiento es totalmente transparente”, recoge ANPE. “La Consejería nos ha informado de que, en lugar de modificar el Real Decreto 270/2022, su intención es incorporar alguna disposición en el nuevo Real Decreto de integración del profesorado técnico de FP al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria”, añade el sindicato en el acta de la última reunión del 13 de julio. 

La atractiva oferta de más de 4.000 plazas también conlleva el riesgo de que sean obtenidas por aspirantes de otras comunidades que después se trasladen de nuevo a sus territorios solicitando comisiones de servicios. El profesorado que imparte clases en Canarias es consciente de que la situación también choca con quienes quieren entrar en el sistema por presentarse por primera vez a una oposición y con quienes sí que han aprobado una plaza, pero tanto profesionales que se encuentran en situación de interinidad y sindicatos remarcan que estas personas también son víctimas de un sistema que les ha perpetuado a permanecer en fraude de ley.