La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este martes la creación de una ordenanza destinada a regular la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Esta normativa proporcionará un marco definido para la asignación de ayudas a proyectos sociales en el municipio, alineándose con la Ley de Servicios Sociales de Canarias.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, ha explicado que desde 1994 el Ayuntamiento realiza anualmente una convocatoria pública de subvenciones por valor de 1,25 millones de euros, en régimen de concurrencia competitiva. Estas ayudas están dirigidas a entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro, con el fin de cofinanciar proyectos que complementen las competencias de servicios sociales y atiendan las necesidades de la ciudadanía, especialmente aquellos grupos en riesgo de exclusión social.
Vargas ha subrayado que “con esta nueva ordenanza, la primera de este mandato en esta área, el Ayuntamiento busca establecer un marco de colaboración más sólido con las entidades privadas de iniciativa social. La normativa garantizará los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, además de adherirse a los principios de buena regulación, proporcionalidad, eficiencia y seguridad jurídica, simplificando los procedimientos administrativos”.
Además, la ordenanza, que se espera entre en vigor para la convocatoria de subvenciones de 2025, tiene como objetivo ser un instrumento regulador de los aspectos fundamentales de las futuras subvenciones en el ámbito de los servicios sociales. Además, permitirá organizar y regular el papel de la iniciativa privada en esta área, estableciendo el marco normativo general para su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales de Canarias.
El Ayuntamiento señala que esta normativa también asegura que las subvenciones se otorgarán con total adherencia a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Las ayudas buscarán promover la eficacia en el cumplimiento de objetivos, la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, así como el desarrollo económico e inclusivo, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se establecerán criterios objetivos y racionales para garantizar una selección justa y razonable de los beneficiarios.
Con la aprobación de este martes, el siguiente paso será la presentación de la ordenanza al Pleno para su aprobación inicial, seguido de un periodo de información pública de 30 días. Posteriormente, se resolverán las reclamaciones si las hubiere y se procederá a su aprobación definitiva por el Pleno.