Los vecinos de Pancho Guerra afectados por el derrumbe de un muro que destruyó sus casas y sepultó a tres personas hace ocho años en Las Palmas de Gran Canaria, han anunciado este lunes que desisten de recuperar sus hogares ante la frustración vivida con la justicia y las administraciones.
Rafael Morales, portavoz de las diez familias que perdieron a sus seres queridos y sus casas, situadas en la zona de la cornisa de la ciudad, ha manifestado este lunes la necesidad de “poner punto y final” a la tragedia vivida, tras cerca de 3.000 días de sufrimiento, y de renunciar al sueño de vivir de nuevo en ese lugar, al no haber recibido el dinero por el que han luchado estos años.
Los vecinos se han querido reunir por última vez en el solar que un día acogió sus hogares en el número 24 de la calle Pancho Guerra, en un acto que ha contado con la asistencia del alcalde, Juan José Cardona, quien ha subrayado la “ejemplaridad” de estas personas en su lucha, que ha sido “insuficiente” ante la incapacidad de la Justicia y del resto de administraciones, que les han “fallado”.
Cardona ha defendido que hay introducir muchos “cambios para que las cosas mejoren”, al tiempo que ha insistido en reconocer la “madurez y generosidad” de estos vecinos ante la situación tan dura que han tenido que vivir, y ha hecho hincapié en que este suceso muestra la “ineficacia de las administraciones en su conjunto”.
Morales ha recordado que de los ocho millones de euros que esperaban recuperar solo han conseguido 2,1 millones, ya que, aunque la sentencia judicial les dio la razón en que el muro que cayó fue una “chapuza”, solo les permite cobrar la mitad porque los otros 2 millones que deben pagar el promotor y el constructor de la obra no podrán obtenerlos, porque se han declarado insolventes.
La sentencia tampoco reconoció la responsabilidad del Ayuntamiento sobre la parte que correspondía pagar al promotor y el constructor, ni reparó en los gastos y perjuicios ocasionados; y ahora los vecinos no están dispuestos a volver a años de incertidumbre e incurrir en más cargas judiciales para “jugar a la lotería judicial”, según ha señalado su portavoz.
Morales ha dicho que cada familia recibirá unos 200.000 euros con los que podrán hacer frente a las hipotecas de sus casas derruidas y a los gastos judiciales y técnicos.
Sin embargo, al no poder hacer frente con esa cantidad a la reconstrucción de sus casas, han decidido poner el solar a la venta y “pasar página” por una cuestión también de “salud mental”.
El portavoz ha querido tener un reconocimiento hacia los bomberos, la solidaridad ciudadana, a las personas de la corporación municipal que se volcaron con ellos, así como al consejero del Gobierno canario Domingo Berriel, el único del Ejecutivo que mostró interés por el caso, a su abogado y arquitecto, según ha indicado en el acto, que también contó con la intervención del periodista Santiago García Ramos, quien, emocionado, recordó a los seres queridos que perdieron.
Uno de los vecinos afectados, Antonio Medina, ha destacado también el trabajo liderado por Rafael Morales, que ha actuado en estos ocho años como portavoz y al que ha mostrado en nombre de todos el agradecimiento que sienten hacia él, porque lo que han conseguido ha sido gracias a su ayuda.
El Ayuntamiento, en un comunicado, ha indicado que los vecinos han recibido 655.133,55 euros como indemnización en concepto de la consignación judicial que le correspondía al Consistorio, según la sentencia que fue dictada el 28 de junio de 2013, con lo que se cierra los trámites que emprendió para resolver el caso lo antes posible.
La sentencia consignaba otro importe de 1,5 millones de euros que pagó la entidad aseguradora Mapfre, indica la nota