Era abril de 1988. El Ayuntamiento de La Orotava, en el norte de Tenerife, gobernado por aquel entonces por la Agrupación Tinerfeña de Independentistas (ATI), hoy una de las patas de Coalición Canaria (CC), propuso modificar el uso del suelo de un espacio agrícola de dos millones de metros cuadrados ubicado en la costa del municipio para construir un campo de golf y un gran complejo turístico-residencial de 1.500 camas, con una avenida que cruzaría todo el litoral.
La intención del consistorio era atraer inversores para iniciar las obras en El Rincón, como así se llama ese paraje agrario. Pero también provocó el rechazo de grupos ecologistas en una región protagonizada por los movimientos en defensa del medioambiente. A los pocos años de la presentación de la propuesta, nace la Comisión Ciudadana para la defensa de El Rincón. Y en poco más de un lustro, los participantes reúnen en torno a 33.000 firmas para frenar la presión urbanística sobre el terreno mencionado.
Aquello fue algo “especial”, recuerda Toño Sánchez, uno de los precursores del movimiento. “Creo que pocas veces se había dado un hecho así en Canarias. Departamentos de universidades, escritores, artistas de todo tipo, el colegio de arquitectos, biólogos… La gente se preocupó por algo que no era de ellos ni les afectaba. Pero sí se trataba de una zona agrícola y de ocio para nosotros. Y todo el mundo se solidarizó”, explica.
El Rincón ocupa toda la franja costera del municipio de La Orotava. Son diez kilómetros de litoral protagonizados por acantilados que pueden alcanzar los 70 metros de altitud y que históricamente han sido dedicados al cultivo, ya sea de caña de azúcar, vid y ahora platanera. Es uno de los pocos vestigios de la comarca para el sector primario, que ha estado perdiendo terrenos en las últimas décadas de forma “vertiginosa”.
La lucha por su preservación llegó al Parlamento de Canarias en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Y en 1992, este enclave tinerfeño ya contaba con su propia ley de protección, única en Canarias por su carácter “singular”, según un reciente estudio publicado en la Revista Atlántida: la revista canaria de ciencias sociales, pues permite al mismo tiempo la conservación de los valores medioambientales, paisajísticos y agrícolas de la zona. Ninguna otra ley del Archipiélago recoge un nivel de protección de este tipo, de ahí que siga vigente.
“Es una ley singular por esas circunstancias tan concretas. Pero también es importante contextualizar y recordar que no había otras categorías del suelo que pudieran incluir esta combinación [áreas rurales protegidas]. En ese momento, la única manera de proteger El Rincón y a la vez poder seguir fomentando estas actividades agrarias era crear esa normativa”, argumenta Laura Casanova Martín, autora de la investigación y doctoranda del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de La Laguna (ULL).
El análisis de Casanova menciona que sería “interesante” incluir El Rincón en la Red de Espacios Protegidos de Canarias. Los requisitos legales para ello se cumplen. El problema es que hacerlo podría aumentar el nivel protector sobre el mismo y por tanto restringir el aprovechamiento tradicional agrícola, “que es precisamente el origen de su alto valor paisajístico”, remacha el texto.
De hecho, la legislación no solo explicita que “se mantendrá fundamentalmente el uso agrario” del paraje, sino también proyecta un plan especial, aprobado en 1998, que programa la movilidad, ordenación y economía del lugar e introduce elementos novedosos, como la posibilidad de construir aprovechamientos turísticos (hoteles, albergues, granjas-escuelas, etc.) cuyos beneficios se repartirían entre los propietarios de las explotaciones agrarias.
“La idea es construir algo para rentabilizar la agricultura, es decir, complementar la renta agraria con una actividad turística”, resume Juan Pedro Hernández, geógrafo y miembro de la Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción, quien considera además que este precepto funcionó como “el esqueleto” de la ley de Islas Verdes, también redactada para combinar el turismo con el sector primario, pero no con esos fines de redistribución local de la riqueza.
La realidad es que poco más de dos décadas después, prácticamente nada de lo estipulado en el Plan Especial de El Rincón (PER) se ha ejecutado. Y existe una sensación de derrota entre quienes reivindican su aplicación día sí y día también.
“Los gobiernos se han encargado de boicotear la ley porque su aplicación era un mal ejemplo, entre comillas, de cómo se podían hacer las cosas de otra manera, pensando más en el futuro, en las potencialidades de un territorio agrícola y de la agricultura ecológica. Pero insisto, era un mal ejemplo, porque en Canarias hay un modelo económico victimista”, razona Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada en la ULL y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en 2004.
El PER es gestionado por un consorcio que reúne a las tres administraciones canarias (local, insular y autonómico) junto con entidades vecinales y medioambientales. Desde 2019, el órgano se ha reunido entre cinco y seis veces, afirman fuentes consultadas, y la paralización es tan importante que ha habido años en los que han tenido que reintegrar las subvenciones recibidas a causa de la nula actividad, asegura el alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC).
Para la Coordinadora de El Rincón, esta paralización “puede estar generando un daño social emergente (por ejemplo, un paisaje que se deteriora) y un lucro social cesante”. La única obra que se recuerda hasta el momento ha sido la culminación de unas escaleras para la mejora del acceso a la playa Martínez Alonso-Los Patos por unos 650.000 euros. Del Plan Operativo de Desarrollo Agrario (PODA) apenas hay noticias. Y el propio estudio de Casanova resalta que “la inejecución del PER no puede atribuirse únicamente a la falta de recursos, ya que entran en juego intereses políticos y económicos”.
Esta redacción se ha puesto en contacto con las consejerías de Transición Ecológica y Agricultura del Gobierno de Canarias, que ostenta la presidencia del consorcio, para saber si tienen intención de impulsar el Plan Especial de El Rincón. Hasta el momento de publicación de este reportaje no ha habido respuesta.
“Nosotros creemos que los políticos han tenido un poquito de miedo al PER porque podría ser un mal ejemplo para ellos, ya que se podría complementar agricultura y turismo y no lo que se ha hecho hasta ahora, que es arrasar lo primero por lo segundo. Y que los beneficios de las actividades turísticas se quedarían aquí, no se marcharían para Suiza ni ningún lado”, opina Toño Sánchez.
Un ejemplo de lo que se pretendía hacer en La Orotava (y todavía se quiere, por algunos sectores) está en Cataluña. Allí ha emergido a lo largo de este siglo la figura del parque agrario, un espacio delimitado de actividad agrícola donde también hay funciones paralelas a la producción de alimentos. En la autonomía catalana existen hasta ocho parques de este estilo, que funcionan a través de fórmulas de gobernanza público-privada entre las administraciones y dan especial relevancia a las entidades locales, las más próximas a la gestión del territorio.
El primero llegó hace 25 años, en el Baix Llobregat. Actualmente todos ocupan el 11% de la superficie agrícola en la provincia de Barcelona, según la responsable de la Dirección Territorial Agraria en la capital catalana, Sònia Callau Berenguer.
“Es una figura necesaria porque desarrolla economía a partir de una gestión conjunta. El primer parque fue visto como una anécdota o experimento. Pero ahora tenemos ocho. Y eso que no ha sido una política impulsada desde arriba, sino desde abajo, a demanda de los territorios, tanto por parte del sector privado como de los propios municipios”, añade Berenguer, quien también ha trabajado como comisionada experta en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.
La Ley del Suelo de Canarias de 2017 abre la puerta a la creación de estos parques. La Estrategia de Soberanía Alimentaria del Archipiélago, presentada hace unas semanas, también marca como objetivo prioritario la planificación de los mismos. Expertos consultados creen que con ellos se daría un gran paso hacia el autoabastecimiento (Toño Sánchez recalca que El Rincón podría ser “la despensa” de La Orotava) en un contexto de emergencia climática y dependencia excesiva del exterior, como demostró la pandemia y la crisis del comercio marítimo.
“Creo que nos vamos a ver en problemas muy serios de alimentación en muy poco tiempo, porque no vamos a poder seguir importando como lo hemos hecho hasta ahora”, señala Aguilera Klink. “El poder del sector agrícola es pequeño, mientras que el de los importadores es muy grande. Algo así [alcanzar la soberanía alimentaria] es difícil si no hay un cambio en las estructuras de poder. Porque aquí los importadores ponen y quitan rey”, agrega Antonio César Perdomo, profesor en el departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural en la ULL especializado en Agroecología.
El Rincón podría erigirse como el primer parque agrario de Canarias, donde poco o nada se ha hecho en este sentido y el sector primario está cada vez más marginado. Los productos alimentarios de origen local solo suponen un 20,1% del valor comercial de todos los que se comercializan en la comunidad, según un estudio de la ULL. Y la superficie agrícola utilizada ha pasado de ocupar 72.000 hectáreas de suelo en 2009 a 54.000 en 2020, un descenso del 25%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para Manolo Redondo, secretario técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en las Islas, la ejecución del PER no solo contribuiría a incrementar los porcentajes de autoabastecimiento, en este caso de Tenerife, sino también a “proteger espacios y paisajes que son identificativos [del Archipiélago]”.
Berenguer, por su parte, concluye que “es imprescindible estructurar una relación equilibrada entre los espacios urbanos, que al final son grandes consumidores de recursos, y los parques agrarios circundantes que pueden servir de abastecimiento. Tenemos que apostar por un sistema alimentario de proximidad, una reconexión campo-ciudad, porque la ciudadanía debe tener el derecho de decidir cómo quiere alimentarse”.