La asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales han alertado de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local “pondrá en riesgo” 70.000 empleos en un año, además de un posible recorte de 1.800 millones de euros en el sector.
En un comunicado, esta asociación ha resaltado que con la reforma varios servicios sociales se considerarán “impropios” de las entidades locales y, por lo tanto, conllevará “graves consecuencias” que afectarán a más de 2,5 millones de usuarios.
Según los cálculos de esta asociación, los servicios que dejarían de ser propios de ayuntamientos, comarcas y diputaciones serán los de apoyo a a la familia (519.046 beneficiarios), los de ayuda a domicilio (648.738 beneficiarios) y las actividades de prevención e inserción (1,4 millones de beneficiarios).
A estos datos, añade otros servicios no incluidos en la concertación que también podrían verse perjudicados. En concreto, en España existen 567 residencias de personas mayores de titularidad local, con un total de 30.117 plazas, más otras 2.718 en viviendas tuteladas.
En cuanto a los empleos, recuerda que la principal amenaza se cierne sobre las auxiliares de hogar del servicio de ayuda a domicilio, que ascienden a más de 32.000 trabajadores. Las previsiones también incluyen el empleo en centros residenciales de titularidad local o los servicios de promoción e inserción social, entre otros.
Para el recorte, la asociación afirma que el gasto anual que se realiza en los programas del Plan Concertado, que dejará de ser propio de las entidades locales, asciende a 875 millones de euros. Por su parte, las 32.835 plazas residenciales de las entidades locales pueden suponer una inversión de unos 800 millones de euros anuales.
Por ello, propone una serie de enmiendas para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, que incluyen la posibilidad de ampliar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales, así como ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las comunidades autónomas o cualquier otra media que afecte a sus servicios sociales impropios.