El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha intervenido este sábado, en la inauguración de la jornada Ganarse el futuro. La educación como motor de la Europa 2020, organizada por la delegación española del grupo de la Alianza progresista de los socialistas y demócratas en el Parlamento europeo, celebrada el sábado en la Casa de América en Madrid.
En su intervención, Pérez definió el anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, más conocida como la Ley Wert, como un ataque en toda regla a uno de los pilares del Estado social y democrático de derecho -el sistema público de educación en España- al tiempo que aparta los objetivos relacionados con la cohesión social, la ciudadanía activa y el fortalecimiento de la equidad en los sistemas educativos.
Para el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, la Ley Wert tiene su fundamento en un principio que, para no variar, el Gobierno del Estado mantiene oculto. Este principio, que resulta evidente para el Partido Popular, es que “sólo mejorarán los resultados de nuestro sistema educativo si hacemos todo lo posible para convertirlo en un negocio”. Añadió que de acuerdo con tal principio, el Gobierno de España ha propuesto un cambio estructural de la norma educativa, caminando en dirección opuesta a las recomendaciones de las principales instancias internacionales, incluida la Unión Europea, incluyendo en el articulado del anteproyecto cambios destinados a la creación de un cuasimercado educativo, diferenciando claramente la financiación de la provisión del servicio.
“La apuesta del Partido Popular por un mercado educativo -continuó el consejero- carece de cualquier fundamento científico, no se basa ni en evidencias ni el las mejores prácticas educativas y sólo obedece a un acto de fe ciega que idolatra los mercados”
Construir la alternativa
Para José Miguel Pérez, dado que el gobierno del Partido Popular se niega a consensuar esta importante ley con la oposición, es obligación del Partido Socialista construir una alternativa sólida basada en el mayor consenso posible entre todos los sectores sociales.
Esta alternativa pasaría por reconocer que el sistema educativo actual es un buen sistema, aunque deba ser mejorado. Además, se debería reconocer que estas mejoras deben centrarse en el desarrollo de un modelo de financiación sostenible que garantizara, en todo caso, una financiación no inferior al 4% del PIB, lograr el compromiso educativo entre los centros y las familias, y la creación de un nuevo marco de cooperación entre las administraciones públicas que permita actuaciones conjuntas destinadas al logro de los objetivos estratégicos del sistema.
El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, hizo hincapié en que para reforzar la eficiencia de las inversiones en educación y formación, el principal recurso es mejorar la calidad de la oferta y hacer hincapié en la prevención del abandono temprano y terminó su intervención destacando la necesidad de promover otras reformas y otros cambios que renueven el consenso social sobre la necesidad de preservar los servicios públicos contra los males de la humanidad: la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la opresión.