Más de 100 periodistas y ciudadanos denuncian las condiciones “precarias” de una licitación laboral de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias
Más de 100 periodistas y ciudadanos se han sumado ya a la petición lanzada en Change.org contra una licitación de un servicio de comunicación lanzada desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias en la que la remuneración se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).
En un escrito lanzado el pasado sábado y dirigido a Ana Isabel Solórzano Hernández, secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, los firmantes critican que el Gobierno espere contar con un servicio de comunicación de más de 20 profesionales por un precio total de 3.400 euros al mes, tal y como viene recogido en los pliegos de la licitación de este servicio. Por ese motivo, solicitan que el Gobierno de Canarias rectifique el pliego de condiciones.
Los firmantes indican a la Consejería de Hacienda que “no parece un precio razonable esperar por 3.400 euros al mes” contar con los servicios de “un ”periodista con dedicación exclusiva y disponibilidad 24 horas x 365 días, especializado en información económica y experiencia, un documentalista con dedicación exclusiva y disponibilidad 24 horas por 365 días, un fotógrafo con opción a viajar en Canarias y España, un diseñador web, expertos en publicidad, editores de vídeo, traductores y mecanógrafos para transcripciones“.
A ojos de la Consejería de Hacienda, esa misma cantidad económica debe ser suficiente para compensar, además, un servicio de seguimiento de medios, una tarea para la que es necesario disponer de un amplio equipo técnico y humano para poder escuchar y seleccionar todas aquellas noticias de interés para la Consejería y que aparezcan en todas las cadenas de radio, televisión y prensa (tanto on line como de papel). Ese servicio ha de funcionar, además, de lunes a domingo y tener, a solicitud de la Consejería, cobertura en toda Canarias, España y alcance internacional.
Los promotores de este escrito reflexionan sobre el hecho de que “la persona que firma el pliego administrativo de la licitación -el jefe de Gabinete de la Consejería de Hacienda- tiene una retribución que supone 5.000 euros de coste mensual para el contribuyente canario. Esto es un 50% superior al coste total que se espera remunerar a un conjunto de al menos 20 personas que deberá aportar el licitador para cumplir con las condiciones del pliego”.
La carta, que se puede firmar en Change.org, explica que “estos requerimientos han hecho que licitación tras licitación las empresas del sector de comunicación en Canarias (salvo una muy muy conocida) no se hayan presentado”. “No parece que se esté promoviendo la concurrencia, si nos atenemos a los resultados reales de estos años en Economía/Hacienda”, concluyen los periodistas y ciudadanos firmantes, que solicitan que “por favor, revisen el precio y/o las condiciones del pliego, antes de su vencimiento, el 20 de marzo de 2019”.
Coste real de la licitación
En un vídeo explicativo, la plataforma de profesionales que promueve esta campaña, ICC Network y la cuenta @salaperiodistas en Twitter (con 2.300 seguidores), ha realizado un desglose de los costes derivados de la licitación, y llegan a la conclusión de que para ajustar los requerimientos al precio ofrecido, la remuneración de un periodista especializado en economía y con experiencia demostrable tendría que rondar los 750 euros al mes, con dedicación exclusiva y plena disponibilidad, 24 horas todos los días, incluidos festivos. Esto supone percibir un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional.
Esta licitación -que resulta de desdoblar en dos la histórica contrata de asistencia en comunicación a la Consejería de Economía y Hacienda, una vez que se separasen a principios de esta legislatura en dos departamentos diferentes, ha sido adjudicada siempre a la “agencia de cabecera de este Gobierno”, denuncian los firmantes.
Los promotores concluyen en el vídeo que explicar cómo puede ser rentable una licitación de estas condiciones a esta empresa “es muy complicado en un documento público”, por lo que solicitan que, una vez expuestos los datos, “suyas son las conclusiones”, citando a la periodista Ana Pastor.
