El personal de la sanidad privada de Las Palmas se ha plantado contra la precariedad. Después de más de una década “sin mejoras significativas” en sus condiciones laborales, los profesionales de este sector han celebrado ya varias concentraciones a las puertas de clínicas de la provincia para reclamar a la patronal una subida retributiva “digna”. Entre otras reivindicaciones, exigen que se adecuen los salarios al incremento del nivel de vida o el cumplimiento de los ratios de trabajadores por paciente para evitar la sobrecarga laboral y garantizar una asistencia adecuada a las personas que acuden a estos centros.
En medio de estas protestas, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias acaba de publicar una orden que se tramitó por la vía de urgencia y que incrementa tanto el número de prestaciones a concertar con la sanidad privada como los precios de los servicios. El Ejecutivo regional se pliega así a las demandas de la patronal de la sanidad privada, que había pedido la actualización de las tarifas hasta ahora vigentes, que databan de 2013. La subida se justificó por el “imprevisible e inesperado aumento de los costes de los materiales y de la energía” como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y de la guerra en Ucrania. La previsión inicial es que el gasto en conciertos se incremente en unos diez millones de euros al año, aunque esa cifra dependerá de las derivaciones que se produzcan.
Las recientes concentraciones han sido secundadas por todos los sindicatos con representación en el sector: CCOO, UGT, CSIF y SICS. Romina Puga, representante de CCOO, explica que el anterior convenio colectivo de las clínicas privadas de Las Palmas estaba vigente desde 2018 y venció en diciembre del año pasado. Fue la propia patronal quien solicitó la apertura de una nueva negociación y se produjeron tres reuniones que concluyeron sin acuerdo y dieron lugar a la convocatoria de las protestas. “Queremos dar un giro de 180 grados. El convenio es muy obsoleto. Cuando se negoció el anterior, en 2018, las empresas no tenían el margen de beneficios que tienen ahora y no era un buen momento económico”, señala la trabajadora, que lamenta que la patronal haya rechazado prácticamente la totalidad de las demandas de los sindicatos y que su interlocutor en estas negociaciones sea un abogado enviado por la asociación de empresas del sector.
Puga explica que, antes de plantear sus reivindicaciones, acudieron al registro mercantil y comprobaron que, en el último ejercicio registrado, el año 2022, los beneficios de las clínicas privadas de Las Palmas (y no todas, porque algunas no habían publicado sus balances), ascendían a 22 millones de euros. “Las empresas no nos facilitaron la información a pesar de que se la pedimos, pero los balances son públicos, analizamos la situación económica y estimamos que sus beneficios se sitúan entre los 20 y los 25 millones de euros”, afirma Moisés Arencibia, del Sindicato Independiente Canario de Sanidad (SICS).
“La vida ha subido y los salarios no”, resume Puga sobre las reivindicaciones retributivas de un sector que emplea a unos 15.000 profesionales en la provincia de Las Palmas. La representante de CCOO explica que en la sanidad privada se cobra “menos de la mitad” que en la pública en la misma categoría y que en algunas de ellas las retribuciones equivalen al Salario Mínimo Interprofesional. Los sindicatos plantean una subida del 12%. “No pretendemos igualarnos con la pública, pero sí reducir esa diferencia”, tercia Arencibia, que es enfermero y que cuenta que en la clínica privada en la que trabaja percibe según convenio “entre un 60 y un 70% menos” que un familiar que ejerce en la pública también con esa categoría. Además, esa distancia se amplía por la jornada laboral, que en el sector público es de 35 horas y media semanales y en la privada, de 40 horas.
Otra de las propuestas sindicales es, precisamente, reducir la jornada a las 37 horas semanales en un cómputo anual de 1.674 (en la actualidad es de 1.826). Esa reivindicación ha sido rechazada por la patronal al igual que otras como, por ejemplo, incrementar un 5% los pluses de residencia, nocturnidad y especialidad y aumentar los servicios que tienen derecho a este último complemento, o recuperar algunas de las condiciones que tenían con anterioridad. “Se nos ha quitado la antigüedad, las horas extra, los asuntos propios…”, señala Puga. También piden que no se les descuente tanto en las bajas por enfermedad.
La contrapropuesta de la patronal ante esas demandas está plagada de negativas. En algunos casos, con la anotación “pendiente de cuantificación económica”.
Moisés Arencibia apunta que el personal de la sanidad privada en Las Palmas también sale perdiendo en comparación con otros convenios colectivos de España, incluido el de la provincia vecina, Santa Cruz de Tenerife. “El de Euskadi, por ejemplo, mejora en horas de trabajo. Hacen entre 200 y 300 menos al año. Y el sueldo es más elevado”, explica.
Romina Puga precisa que en el caso de Enfermería, y ante la “alta demanda” que hay de profesionales de esta categoría, hace unos años se pactó “una pequeña subida” y, aún así, estos trabajadores de la sanidad privada siguen percibiendo “prácticamente la mitad” que en la pública. Además, ese incremento es “absorbible”. Es decir, queda neutralizado por cualquier otra subida que se produzca.
Ratios de personal
Tampoco ha aceptado la patronal la propuesta de los sindicatos sobre las ratios de personal por paciente. Los trabajadores reclaman, por ejemplo, que por cada 25 camas en las áreas de hospitalización haya tres profesionales de enfermería y tres auxiliares en el turno de mañana; dos y dos en el de tarde, y uno y dos en el de noche. Y que esta ratio se respete tanto en las zonas destinadas a los pacientes privados como a los derivados de la pública.
También solicitan que en el área de urgencias haya un enfermero por cada cuatro pacientes. Moisés Arencibia explica que en la clínica en la que trabaja hay un sólo profesional de esta categoría para atender todo el servicio nocturno, cuando la media es de quince a veinte pacientes. “Esta precariedad genera estrés, una sobrecarga, el síndrome del trabajador quemado. No sólo hablamos de una subida salarial. Es un convenio obsoleto, que lleva muchos años actualizándose y hace 15 o 16 años que no hay mejoras”, dice.
El representante de SICS comenta que en la sanidad privada hay una “alta rotación” del personal. “Entran muchos jóvenes, están seis meses y se van enseguida. Gente a la que se forma. Eso le supone un coste a las empresas. Además, que haya rotación incide en la calidad asistencial, puede producir errores, influir en una mala praxis”, advierte Arencibia.
Los sindicatos lamentan la “falta de consideración” de la patronal con los trabajadores al negarle esas mejoras en las condiciones laborales cuando siguen obteniendo beneficios millonarios y, además, hay una previsión de que los ingresos aumenten debido a la orden recientemente publicada por la Consejería de Sanidad. En esta orden, la asistencia urgente hospitalaria pasa de los 115,68 a los 122 euros (un 5,45% más); la estancia en camas de agudos durante los primeros quince días, de 223,8 a 236 euros (5,46%); o las de media estancia, a partir del día 61, de los 132 a los 158 euros, casi un 20% más.
También se incrementa el precio que la sanidad pública pagará a la privada por pruebas diagnósticas. De esta manera, una ecografía pasará de costar 49,65 a 58 euros; un TAC simple con contraste, de 135 a 156 euros, y una colonoscopia, de 163 a 207 euros.
Este periódico se ha puesto en contacto con la Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización Privada de Las Palmas para conocer con más detalle su posición sobre las reivindicaciones de los trabajadores, pero sus representantes han emplazado a comentarlo la próxima semana porque esperan tener novedades al respecto.