Familias que levantan casas ilegales para vivir y se exponen a multas, el rostro de la crisis crónica de vivienda en Canarias

Danae y su familia dejaron todo lo que tenían en Cuba, su país natal, y llegaron a Canarias “con una mano delante y otra detrás” para comenzar una nueva vida. Pero no ha sido fácil. El piso en el que estaba, de solo dos habitaciones, no era suficiente para ella, su marido, sus padres, sus hijos, sus parejas y sus nietos. Once personas. Pagaba 700 por el alquiler. Y estaba dispuesta a gastar más. Pero ante una crisis de vivienda asfixiante, le resultó imposible encontrar un hogar. Así que decidió construir el suyo donde primero pudo.

La casa está casi terminada. Tiene su “cocinita normal”, su “nevera normal”, sus “cuartos normales”. Cuenta con “una instalación eléctrica de primera” y hasta un patio donde los más mayores de la familia siembran yuca y tomate, así como una cuba de agua que está “siempre” llena. Esto es “más o menos” lo que Danae tenía en Cuba. Ahora ha conseguido levantar algo similar, pero en un suelo que no es suyo y exponiéndose a multas. Reconoce que “la vida se había puesto tan difícil” que no tenía otra opción.

“No es que nosotros tengamos un negocio y queramos otro. No es que hemos construido esta casa para alquilarla. Nosotros no tenemos nada. Dejamos todo en Cuba”, cuenta Danae, camarera de piso en un hotel en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con un sueldo que apenas supera el salario mínimo, en torno a 1.200 euros. “Dirán que son chabolas, que son infraviviendas. Pero yo a esto lo llamo mi hogar, porque es lo único que tengo”, remacha.

Las viviendas de Danae y sus hijos, que construyeron justo al lado, en el mismo terreno, están dentro de un asentamiento precario en el municipio de Santa Lucía de Tirajana que ha crecido rápidamente entre invernaderos y parques eólicos. Es una “urbanización”, si se le puede llamar así, que hace literalmente cinco años no existía, salvo unas pocas edificaciones más cerca de la autopista. Uno de sus habitantes, Uriel, estima que puede haber alrededor de 300 familias viviendo ya en ella.

El poblado está dividido por parcelas trazadas con vallas de madera, principalmente. Hay quienes pagaron unos pocos miles de euros para hacerse con una o llegaron, se hicieron un hueco y empezaron a construir. Pueden verse desde casas de pladur con jardín hasta chozas levantadas con pallets. Cada una cuenta con su propio pozo negro. Este miércoles por la tarde, los trabajos para seguir creciendo en el antiguo “basurero” de Vecindario (así lo llaman) han continuado pese a que casi todos, sin excepción, han sido advertidos de lo que les espera.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha pasado por aquí. En algunas puertas figuran documentos rasgados de este organismo público, adscrito a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Los vecinos también aseguran que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil les han avisado de que no pueden estar ahí. “Los vamos a sacar”, les han dicho. Pero eso puede tardar años (si es que sucede) y, mientras tanto, al Gobierno se le acumula el trabajo en este sentido.

En 2024, la ACPMN abrió 1.112 expedientes por infracciones que han violado las leyes de ordenación del territorio y de los espacios naturales de Canarias. Es el dato más elevado en veinte años, según las cifras publicadas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). La directora de la Agencia, Montserrat Ortega, lo achaca a dos factores: por un lado, a un incremento real del número de actuaciones irregulares y, por otro, a un aumento del personal de la propia institución, que ha empezado a colaborar, dice Ortega, con agentes de la Policía Canaria.

Eso no significa que no hayan crecido también los asentamientos informales. Ortega admite que lo han hecho “de forma considerable” en los últimos años y que ya han intervenido en algunos de los más grandes, como el ubicado en El Pajar, en el sur de la isla, o el de Santa Lucía, en el sureste. Pero la directora de la Agencia quiere introducir un matiz: “Si bien es cierto que algunas de esas situaciones pueden deberse a un problema de falta de vivienda, también hemos visto que, en esos lugares, incluso en condiciones pésimas, hay mucho negocio”.

Ortega menciona casos de vivienda vacacional y de personas que tienen su domicilio legal en suelo urbano, pero usan estas construcciones como “casita de playa” o segunda residencia. Remarca el impacto medioambiental que tienen esas edificaciones, que a su juicio “deterioran el suelo, el subsuelo y el paisaje”. Y recuerda que la cuantía de la sanción puede alcanzar los 600.000 euros si el espacio invadido está protegido. Es un dinero que ninguno de los moradores de dichos poblados posee. Pero sienten que se han visto obligados a correr el riesgo ante la falta de alternativas habitacionales.

Un ejemplo es Uriel. Asegura que compró una parcela por 2.000 euros hace cinco años, cuando la zona estaba llena de escombros, y que desde entonces ha levantado su casa con sus propias manos. Él trabajaba como albañil cobrando alrededor de 1.200 euros al mes. Su alquiler ascendía a 750 euros. Vivía con su mujer y sus hijos. Y dejó de alcanzarle. “Hay mucha gente que está viviendo en un toldillo o ponen un plástico y se meten ahí. Nosotros acá al menos tenemos un techo”, resume.

El profesor de Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna (ULL) y portavoz de la plataforma Canarias se agota, Víctor Martín, apunta que la crisis de vivienda que sufre el Archipiélago es causa (entre otras cosas) del desarrollo turístico tras la pandemia del coronavirus, marcado por récords sucesivos de llegadas de visitantes.

Para Martín, este modelo ha provocado por primera vez la aparición del chabolismo en los entornos cercanos a las áreas turísticas de las Islas, algo “totalmente desconocido” antes de la Covid-19, sobre todo en el sur de Tenerife. Expone que la razón fundamental por la que las personas terminan en estos asentamientos es el aumento de los alquileres, que han subido hasta un 50% en Canarias desde 2015, y los bajos salarios, que no crecen al mismo ritmo.

“Es una relación directa entre salarios estancados o bajos y subidas de los alquileres, de tal manera que un fenómeno que comenzó como un elemento coyuntural en un momento dado, está transformándose en algo estructural con el paso de los años”, razona Martín. “Seguramente tendremos que acostumbrarnos a que estos barrios de chabolas que se ubican en el entorno de las áreas turísticas sean un elemento más del paisaje urbano y natural de nuestras Islas”, concluye.

En esos asentamientos vive gente. Y de muy diversas procedencias. Diego Pascual, coordinador del Departamento de Estudios e Investigación de la Fundación Cepaim, una organización que trabaja desde 1994 para promover una sociedad más inclusiva e igualitaria, lideró en 2022 el primer estudio a nivel estatal sobre asentamientos informales. La investigación se basó en una muestra de más de 1.600 encuestados. El objetivo era visibilizar la realidad de uno de los grupos “más desconocidos, tanto para las autoridades como para la ciudadanía”.

De acuerdo con ese trabajo, nueve de cada diez personas que viven en ese tipo de poblados son de origen extranjero. A menudo son familias, incluyendo niños escolarizados y personas mayores que requieren cuidados. Una parte significativa está trabajando, alrededor del 60%, según las encuestas. Y de ese porcentaje, más de la mitad lo hace sin contrato (37,5%). Aunque son más hombres que mujeres (80% frente a 20), la proporción de ellas es muy superior en comparación con el sinhogarismo de calle, donde representan el 7,8%. Uno de cada tres manifiesta llevar más de tres años sin un alojamiento propio.

Pascual profundiza en la diferencia entre el sinhogarismo de calle y los asentamientos precarios. El primero, detalla, suele estar marcado por “el desempleo estructural”. En cambio, el segundo tiene más que ver con “la precariedad” y está “un poco más desatendido”. La mitad de las personas aseguran que han acabado en lugares así por la vulneración del derecho a la vivienda (50,9%), el 29,9% por su condición de inmigrante y el 14,3% por el desempleo y la precariedad laboral.

El también sociólogo cree que “la frontera” entre ambos fenómenos, entre el sinhogarismo y la exclusión residencial, es “escurridiza y a menudo controvertida”, pero que “al final estamos hablando de lo mismo con distintas manifestaciones”. El problema es que las políticas públicas para atajar ambos problemas no son similares, lamenta.

“De poco sirve que yo cuente que hay veinte personas que duermen en la calle si no tengo en cuenta que la semana que viene van a ser dadas de alta en el hospital tres más y que no tienen un sitio donde dormir, que hay diez familias que están siendo acogidas de manera precaria por amigos en un piso, si no tengo en cuenta la perspectiva de género… Si no pensamos en estas realidades más invisibilizadas, difícilmente vamos a poder actuar de verdad”, precisa Pascual.

El Defensor del Pueblo recomendó hace unos años a las comunidades autónomas realizar un censo de la población en asentamientos chabolistas para conocer sus residentes, núcleos familiares, menores y antigüedad. También sugirió regular mediante una norma el proceso de realojo, más complicado en estos casos que un desahucio individual, donde los afectados son múltiples.

Pasado un tiempo, el Gobierno canario señala que eso “no es competencia suya, sino municipal”. Y los ayuntamientos, a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), admiten que tal cosa “no se ha abordado ni trabajado”.

En lo que respecta al asentamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Consistorio reconoce que “no tiene un parque público de viviendas”, pero que “ha ofrecido suelo” al Ejecutivo regional para su promoción. También apunta que la Concejalía de Servicios Sociales “está atendiendo a algunas de las familias que residen en infraviviendas” y que “está pendiente” por lo que pueda ocurrir, que Educación “hace un seguimiento” de la escolarización de varios menores de la zona y que Urbanismo fue quien comunicó a la ACPMN la existencia del poblado.