El encargado y el director de la residencia de ancianos Trinidad se enfrenta a 5 y 4 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por someter a 18 internos a condiciones alimenticias e higiénicas “infrahumanas” y abusar de una enferma mental, según el escrito de acusación del fiscal.
Los hechos que denuncia el Ministerio Público se produjeron en esta residencia de Las Palmas de Gran Canaria, al menos desde 2009, a partir de que la mujer del director del centro, Jesús María Calahorro, dejara de gestionarlo, hecho que hizo que sus condiciones se fueran deteriorando hasta alcanzar cotas de “infrahumanidad”, de las que eran conscientes los acusados.
Aparte de un supuesto delito contra la integridad moral contra 18 residentes, el Ministerio Fiscal acusa al director del centro de un delito de abusos sexuales por considerar que en abril de 2011 besó e hizo tocamientos a una interna que sufría enajenación mental, unos hechos que repitió, en ocasiones, su hermano, por lo que se le imputa un delito de abuso sexual continuado.
El centro, que cobraba una cuota mensual de 1.095 euros, dejó de contar con cocinero en 2011 y desde entonces los acusados asumieron estas funciones y los menús comenzaron a sustentarse en hidratos de carbono, leche rebajada con agua -se desconoce si de abasto o embotellada- y un trozo de pan en el desayuno y restos del almuerzo en la cena.
Para hacer puré o crema, los acusados usaban restos de comida de hasta dos o tres días mezclados con agua y con celulosa procedente, al parecer, “de servilletas de papel”, procedimientos que originaban que la comida fermentara en muchas ocasiones.
El fiscal también llama la atención sobre el estado higiénico “deplorable” en el que se encontraban los colchones de las habitaciones colectivas del centro, donde las hormigas “campaban a sus anchas”, y sobre el estado de desaseo que presentaban los propios internos, que solían portar “pañales de incontinencia saturados”, además de patologías mal tratadas.
La acusación pública también incide en la precaria situación del centro, por cuyas plantas no podían deambular los residentes, ya que su ascensor dejó de funcionar en 2011, ni tampoco era accesible para los que carecían de movilidad, ya que las sillas de ruedas que existían no se encontraban en condiciones de uso.
En el escrito de acusación se señala que tanto Jesús María Calahorro como su hermano, Álvaro Calahorro, adoptaban todas las decisiones relativas a la administración diaria del centro, que llegó a contar con 30 internos, y que no disponía de autorización de apertura por parte del Gobierno canario ni de médico permanente o de un facultativo que lo visitara con regularidad.
Aunque la residencia, que fue cerrada temporalmente en junio de 2011 por orden judicial, es una asociación sin ánimo de lucro, según figura en sus estatutos, sus internos abonaban una cuota mensual de 1.095 euros, cantidad que no se exigía por igual a todos, según afirma el fiscal en su escrito.
En él destaca que para atender a los internos, el centro contaba con dos auxiliares de geriatría en cada turno de mañana y tarde y con uno durante la noche, y que de la limpieza se encargaba una persona, que en ocasiones también colaboraba en la preparación de los alimentos que tomaban los ancianos.
La situación en la que estaban estos ancianos fue denunciada en 2011 en el programa Diario de..., de Telecinco, dirigido por Mercedes Milá, que emitió un reportaje sobre los supuestos malos tratos que ocurrían en la residencia.