Piden 2 años de cárcel para la enfermera que alimentó al bebé Rayán

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Madrid solicita dos años de cárcel para la enfermera que alimentó por la vía equivocada a Rayán, el bebé prematuro de la primera víctima mortal de la gripe A en España que murió el 13 de julio de 2009 por una negligencia médica, por un delito de homicidio imprudente y cinco años de inhabilitación profesional.

Así consta en el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el cual se encuentra sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid desde la pasada semana, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

A la enfermera se le acusa de un delito de homicidio imprudente del artículo 142.1 y 3 del Código Penal. La acusada es una joven de 24 años que el día de la muerte del bebé era el primero en llegar a la UCI de neonatología del Hospital Gregorio Marañón.

En el escrito, el representante del Ministerio Público reclama al juez que dicte el auto de apertura de juicio oral y que pida el interrogatorio de la procesada, así como la testifical de cinco personas, entre las que destaca el padre del bebé.

RELATO DEL FISCAL

Según el fiscal, la acusada fue enviada el 12 de julio de 2009 por la supervisora a la UCI de neonatología para familiarizarse con la unidad de neonatología sin que “estuviera autorizada a desempeñar función alguna”.

En hora indeterminada, la enfermera procedió a poner la alimentación a Rayán El Ouriachi Momonui, bebé de quince días de vida que se encontraba en la UCI de neonatología.

Así, el fiscal destaca que la acusada omitió “las más elementales normas de precaución y, sin estar cualificada para ello, le suministró nutrición enteral por vía periférica cuando la alimentación que debía haberle suministrado era leche por sonda nasogástrica”.

Como consecuencia de estos hechos, el bebé sufrió un fallo multisistémico que ocasionó su muerte el día 13 de julio de 2009 a las 11 horas.

El padre de Rayán, Mohamed El Ouriachi Dadach, renunció cuando se abrieron las diligencias penales a las acciones que le corresponden al haber sido indemnizado por el Servicio Madrileño de Salud en la cantidad de 165.000 euros.