La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado a los grupos parlamentarios de cara al Debate sobre el Estado de la Nación un documento con siete propuestas, entre las que destaca un plan de rescate a las personas y familias “con una dotación no inferior a los 10.000 millones de euros”.
Esta propuesta incluye las reformas impositivas que habría que llevar a cabo para financiar este plan. Los gerentes se muestran convencidos de que “la medida más social es un sistema impositivo justo que permita financiar políticas sociales y reducir el déficit público”.
En los ejes de este plan de rescate a las familias figuran “medidas urgentes de protección social básica, cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares sobreendeudados, el mantenimiento de la protección que garantiza la Ley de Dependencia y detener su desmantelamiento, refuerzo del sistema de protección social que representan los servicios sociales e informe de impacto en materia de pobreza y exclusión social”.
Las resoluciones han sido elaboradas tanto a partir de los datos disponibles como de las percepciones y vivencias de los profesionales de los servicios sociales que están en contacto con las situaciones más dramáticas provocadas por la crisis. Así, destacan los riesgos de pobreza y exclusión que amenazan a cientos de miles de personas y familias, así como “el alarmante incremento de la desigualdad en nuestro país”. También analizan el papel que están desempeñando las familias como contención de las consecuencias de estas situaciones y los efectos que tienen sobre colectivos vulnerables, como las personas mayores, los niños y las mujeres y cómo están afectando los dramáticos recortes del gasto a la protección social más básica que representan los servicios sociales, con una especial atención a los retrocesos en materia de protección a la Dependencia.
Entre los contenidos del plan destaca la “homogeneización al alza de las Rentas Básicas de Inserción de las Comunidades Autónomas y su evolución hacia una Renta Básica de Ciudadanía”, acabar de inmediato con “el limbo de la dependencia” para quienes estén a la espera de recibir un servicio profesionalizado o una amplia partida para becas de comedor escolar.
Otras propuestas hacen referencia a la defensa de los servicios sociales de las entidades locales, “amenazados por el actual proyecto de reforma de Régimen Local”, al impulso del Sistema de Atención a la Dependencia que está sufriendo “un gravísimo deterioro en los últimos meses”, cambios normativos para el saneamiento de las deudas de particulares sobreendeudados (hipotecas), y exigencia de informes de impacto en materia de pobreza y exclusión social, en todos los cambios normativos y planes estatales.
“Nos preocupa que el Debate sobre el Estado de la Nación se centre en aspectos económicos y que lo social aparezca sólo como consecuencia de lo económico o como simple retórica, dando por supuesto que los problemas de las personas y familias se arreglarán de forma automática cuando se produzca una evolución positiva de la economía, como si lo social fuera un subproducto de la economía”, concluyen.