Nace una plataforma ciudadana canaria en busca de un cambio del modelo político y económico del Archipiélago

La plataforma Iniciativa Popular Canaria (IPC) se ha dado a conocer a la sociedad de las Islas con el objetivo de proponer un cambio de modelo social, económico y político del Archipiélago en favor de una Plena Autonomía Interna (PAI), como sujeto de derecho internacional y en régimen especial de asociación a la Unión Europea. En este sentido, promueve que se sustituya la actual catalogación de Región Ultraperiférica (RUP) por la de País y Territorio de Ultramar (PTU); una iniciativa que, según este colectivo, ya han realizado otros territorios no europeos pertenecientes a estados miembros e incluso ha sido propuesta institucionalmente por primera vez en 2012 por el Cabildo de La Gomera.

En un comunicado, la plataforma, que ha sido impulsada por Pedro Medina Calero, Rosana Mesa Labrador, Ángel Cuenca Sanabria, Honorio Marichal Reyes y Qunitín Ortiz Navarro, se define como “abierta, transversal e inclusiva con participación ciudadana a título individual”. Defiende que “sólo mediante una Plena Autonomía Interna en régimen de País y Territorio de Ultramar es posible implementar un modelo productivo más equilibrado y autocentrado”, que permita hacer frente a “la grave crisis social y económica ya existente, pero agravada por la emergencia sanitaria sobrevenida”.

Para ello, la IPC estima necesario iniciar “un amplio debate en el seno de la sociedad canaria previo a la celebración de un referéndum, mediante el cual la ciudadanía directamente pueda decidir la asunción de este nuevo estatus de Plena Autonomía Interna en régimen de asociación a la UE como País y Territorio de Ultramar”.

En su propuesta, la IPC incluye desde el cambio de la bandera actual por la de tres franjas verticales (blanca, azul celeste y amarilla) con siete estrellas verdes en círculo en su franja central a nuevas normativas que contribuyan “a preservar la sostenibilidad medioambiental y poblacional”, a través de una “Ley Reguladora de la Condición de Residente” y una “Vecindad Civil Especial canaria” que establezcan la condición política de los isleños.

Política

La IPC aboga por la elaboración un nuevo Estatuto de Autonomía abierto a la participación ciudadana que incluya la actualización de la foralidad de las Islas, en especial la Ley Especial de Puertos Francos de 1900, “de plena vigencia por no haber sido derogada por otra de igual rango”. Además, reclama que Canarias obtenga la condición de “nación” constituida en una “comunidad archipielágica”, porque, según la plataforma, el ámbito espacial de la región está formado por las islas, islotes y sus espacios marítimos, entre los que se incluyen las aguas archipelágicas, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental ampliada, como recoge “el Artículo 305 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

El reconocimiento como comunidad archipielágica permitiría a Canarias, según la plataforma, integrarse en organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), lo que permitiría negociar directamente su cuota de captura del túnido, en lugar de recibir una parte del territorio nacional.

En este marco internacional, la plataforma dice que Canarias se enfocará en unas relaciones multilaterales de cooperación y ayuda al desarrollo, con especial dedicación a África, donde podría solicitar “el estatus de observador en el seno de la Unidad Africana”. Dentro del ámbito de sus competencias y de la defensa del interés general, “ejercerá su propia acción exterior, creando delegaciones fuera de las Islas para promover la proyección internacional de la comunidad archipelágica”.

En cuanto a la estructura y organización política, la plataforma defiende un modelo federal con una segunda cámara de naturaleza territorial, designada a través de los Cabildos como mancomunidad de estas administraciones insulares. El órgano asumiría las competencias exclusivas sobre la gestión de los recursos naturales contenidos en los espacios marítimos del Archipiélago, al igual que en costas, puertos y aeropuertos, trabajo y relaciones laborales, compartidas en Seguridad Social.

Economía

En economía, la IPC pide la creación de “un sector financiero al servicio del desarrollo canario”. En esta propuesta añade incluso el establecimiento de una política monetaria propia, compatible con el euro, libra, corona, dólar y demás monedas convertibles, de manera similar a una “banca pública canaria”, complementaria de una “banca privada ética y cooperativa y al servicio de una economía productiva real y un desarrollo sostenible y equitativo de las Islas”.

En este ámbito, la plataforma demanda un Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias “basado en la libertad comercial de importación y exportación, la no aplicación de monopolios y las franquicias aduaneras, administrativas y fiscales sobre el consumo”. Todo ello, “con incentivos a la inversión y una política fiscal diferenciada”. El régimen “solo podría ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe favorable del Parlamento Canarias con carácter vinculante”.

El REF también “debe incorporar las Islas a las nuevas corrientes de glocalización, paradigma que permite cambiar la B de barbarie por la C de corazón en las relaciones humanas”. De esta manera, según el colectivo, Canarias se diferenciaría “en todas las actividades y mercados exteriores con su propia marca y la liberalización del transporte y las telecomunicaciones, con una política de cielos y mares abiertos, con la V Libertad aérea”.

También en materia fiscal, IPC solicita la creación de una agencia tributaria canaria exclusiva “con obligación de domiciliación fiscal en el Archipiélago de todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan actividades en las Islas, ya sea como empresa matriz, como sucursal o como filial”. Junto a ello, reclama que exista una tributación a este órgano de toda la imposición directa generada por las actividades económicas realizadas en Canarias, como el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o el Impuesto de Sociedades.

La plataforma añade en la nota que han publicado su “Manifiesto Fundacional”, donde reflejan “las bases fundamentales de esta nueva propuesta alternativa para el futuro desarrollo social, económico y político de la comunidad archipelágica de Canarias”.