Plena inclusión Canarias, asociación que representa a 28 entidades comprometidas con el apoyo a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, ha anunciado este jueves movilizaciones para denunciar “la grave infrafinanciación de las plazas de dependencia para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”. La organización reclama soluciones urgentes ante un desfase histórico que pone en riesgo el bienestar de 2.030 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en las islas.
Según ha anunciado la organización, las movilizaciones tendrán lugar los tres últimos lunes de enero frente a las sedes de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
“Tras años reclamando incrementos anuales que acaben con el déficit histórico entre la financiación y el coste real de los servicios y ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno de Canarias (pese a las múltiples reuniones mantenidas. La última hace 2 días) nos vemos obligados a salir a las calles para evitar una quiebra técnica que amenaza el bienestar de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el archipiélago”, afirma.
Las entidades de Plena inclusión Canarias gestionan 2030 plazas públicas de dependencia “y el desfase entre el coste real de los servicios y la financiación pública recibida pone en peligro la viabilidad de los apoyos esenciales que prestamos”, asegura.
Según afirma la entidad, el problema se ha agravado ya que el Gobierno nunca actualizó el coste del año 2023 (SMI e IPC). “De hecho, la última actualización, que se cobró a principios de 2024, correspondía con el incremento de costes de 2022. Al déficit histórico y a los problemas ya mencionados, también se suman las actualizaciones y los pagos correspondientes a los costes de 2024, incluyendo el SMI, el IPC y el incremento del 10% del convenio colectivo previsto para enero de 2025”.
“Necesitamos un compromiso real que concrete el incremento porcentual que se aplicaría para resolver este desfase histórico. La falta de financiación adecuada pone en peligro el bienestar de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. La Administración debe garantizar no solo incrementos para 2025, sino también un plan que solucione esta situación en los próximos 3 a 4 años”, señala Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión Canarias.
“No podemos permanecer impasibles ante una situación que ha sido provocada por la propia Administración y que debe ser resuelta con urgencia. No caben excusas, demoras ni desentendimiento cuando están en juego la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables”, insiste Laucirica.
Explica que las plazas sobre las que se exige una financiación adecuada son públicas y representan derechos reconocidos por la Ley de Servicios Sociales de Canarias y el Catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales de Canarias.
“Hablamos de derechos que el Gobierno no puede obviar. En su la primera legislatura, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció públicamente la infrafinanciación de la discapacidad en los convenios de dependencia y se comprometió a buscar soluciones. Sin embargo, hasta el momento, esta situación persiste sin cambios”, subraya Laucirica.