El Consejo General del Poder Judicial ha lamentado que el Ministerio de Justicia haya generado un “clima de desconfianza institucional” al ordenar a los funcionarios de juzgados que no informaran, en la jornada de huelga de jueces y fiscales, del número de actuaciones suspendidas a causa del paro.
En una nota hecha pública este miércoles el Poder Judicial anuncia que exigirá a Justicia, a través de su presidente, Carlos Lesmes, que no repita ese tipo de actuaciones.
La nota divulgada por el CGPJ informa del acuerdo que ha adoptado su Comisión Permanente, el órgano ejecutivo del Consejo, “tras tomar conocimiento del escrito suscrito por los presidentes de dieciséis de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia dando cuenta de la negativa de algunos Secretarios de Gobierno a facilitar información sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales”.
La queja ha sido firmada por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y la Región de Murcia.
En esa queja, los presidentes de los TSJ alaban el trabajo de los Secretarios de Gobierno y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. También lo hace la Comisión Permanente del CGPJ en su acuerdo de hoy. De modo que la protesta va dirigida contra Justicia.
La Comisión Permanente considera que “no contribuye al buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia” a estos funcionarios.
Esas instrucciones “han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo” en relación con el paro de jueces y fiscales.
Dichos acuerdos preveían que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia debían “recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales”.
“Tales instrucciones”, dice el CGPJ en su nota sobre el acuerdo de la Permanente, fueron “inadecuadas en las formas” y “desconocen los mandatos legales referidos a las funciones de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia dirigidas a ejercer todos los poderes encaminados al cumplimiento de los deberes por el personal de los órganos judiciales, tal como expresa el artículo 160.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
“Estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento presente, que compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones”, añade.
Así, la Comisión Permanente ha acordado dirigirse al ministro de Justicia, a través del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, para la adopción de las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse.