La Policía Canaria ha desarrollado una serie de inspecciones en 13 centros de personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en uno de los cuales ha detectado varias irregularidades. En particular, esta instalación no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente, ha informado la Consejería de Presidencia en un comunicado, además de “otras irregularidades” que no especifica.
Un hecho que se ha puesto en conocimiento del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Bienestar Social para que, en su caso, y valoradas las oportunas actuaciones, incoe el expediente de procedimiento correspondiente.
Las labores de inspección han corrido a cargo del Grupo de Policía Administrativa de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) tanto en centros públicos como privados dedicados a la atención de estas personas, tras la firma del convenio con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias el pasado marzo.
El director general de Seguridad, David Del Pino, señala que el grupo de agentes a los que se les encomendó esta función ha fijado entre sus objetivos principales velar para que la atención que reciben los mayores “goce de todas las garantías”.
También, averiguar la existencia y ubicación de recursos no autorizados, así como poner en conocimiento de la administración competente cualquier hecho constitutivo de infracción penal o administrativa.
El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, afirma que, a través de estas actuaciones, “garantizamos un mayor control y seguridad en estos dispositivos, lo que significa que protegemos mejor tanto a la población más vulnerable como a los trabajadores y trabajadores de las entidades que prestan estos servicios”.
Los agentes de la Policía Canaria, de forma coordinada con el personal técnico de la Consejería, llevan a cabo semanalmente inspecciones previamente planificadas en los que se revisa de manera integral que reúnen las autorizaciones de apertura y funcionamiento pertinentes, que cumplen las condiciones de seguridad exigibles y que cuentan con un equipo de personal facultativo y titulado, tales como gerocultores, enfermeros, terapeuta ocupacional, psicólogo y/o trabajador social entre otros.
También existe un protocolo de prevención y uso de sujeción física o farmacológica que comprometen o limitan derechos fundamentales, y sobre el que se realiza “una precisa observación documental, pues sobre este proceder deben de primar derechos como el de excepcionalidad, necesidad, mínima intensidad posible o tiempo estrictamente necesario, entre otros”, señala la nota.