La nueva cúpula de la Policía Nacional en Canarias, que tomó posesión de los cargos el pasado martes, ha heredado un conflicto en la comisaría de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, donde una funcionaria adscrita a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el sindicato que la respalda, CEP (Confederación Española de Policía), amenazan con acudir a los tribunales por un presunto caso de acoso laboral en la citada dependencia.
La agente policial se encuentra de baja desde hace tres meses como consecuencia del mobbing que denuncia haber sufrido desde su entrada en la unidad, en septiembre de 2009. La funcionaria fue la primera mujer que accedió a la UPR en la comisaria de la Policía Nacional en Maspalomas. El CEP incide en que la ausencia de mujeres en este grupo especializado de Seguridad Ciudadana, además de ir contra el principio de igualdad en el cuerpo, dificultaba algunas labores, como el cacheo a féminas.
Según el relato de la agente, el presunto acoso comenzó con comentarios sexistas y machistas vertidos por un oficial, que fue secundado por algunos de sus compañeros. “Me decía que había entrado en la unidad porque era la querida del inspector”, apunta la policía, que ingresó en el grupo tras entregar una minuta solicitando el acceso al puesto requerido.
Beatriz Potes, vocal de CEP en el Consejo de la Policía, remitió un escrito a este órgano el pasado mes de noviembre en el que ponía de manifiesto el trato discriminatorio que, a su juicio, había recibido esta funcionaria. “No defiendo a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino a una institución donde todos somos policías, sin importar si eres hombre o mujer, y donde seguimos teniendo que soportar las insinuaciones de que las mujeres utilizan armas sexuales para acceder a determinados puestos”, señala en el documento.
La denunciante asegura que la situación se fue agravando con el paso del tiempo y que se sentía “humillada y castigada” por sus compañeros. “Me hacían el vacío, me dejaron de hablar y no me llamaban ”, asevera. Según el sindicato, hubo “intentos de apartarla de labores operativas, obligándola a prestar servicio fuera de la zona designada” en las reuniones en las que se organizaban para patrullar.
“La intención del oficial es que me fuera del grupo, que me cansara y me marchara”, señala la policía. Antonio Jarabo, entonces comisario de Maspalomas y recientemente nombrado Jefe Superior de Policía de Baleares, tuvo conocimiento de la situación por la que atravesaba la agente, aunque, según un representante de CEP, se limitó a expresar una declaración “de buenas intenciones”.
La funcionaria policial causó baja en octubre tras una crisis de ansiedad provocada por la sanción de un día de empleo y sueldo que le interpusieron por “no llevar puesta su gorra ni saludar al oficial cuando mediaba en una reyerta” en un conocido centro comercial del sur grancanario.
La policía explica que en la intervención, que se produjo durante la madrugada del 11 al 12 de octubre, le acompañaron otros cuatro agentes que, como ella, no se colocaron la gorra cuando bajaron con premura de la patrulla para interceder en la pelea. Así queda acreditado en la toma de declaración a dos de ellos, que, además, manifestaron que las formas en la que su superior se dirigió a ella “no fueron las más adecuadas”. El oficial también fue sancionado por una “incorrección con los ciudadanos u otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”, como figura en un informe policial.
Ante esta actuación, el sindicato elevó un escrito ante la Jefatura Superior de Policía, que abrió una información reservada para determinar si el oficial y otros componentes habían incurrido en una falta disciplinaria tipificada como muy grave. “Si la causa se archiva, acudiremos a la vía penal”, advierte un representante del CEP.