La responsable de Política Social del PSC-PSOE, Rosa Guadalupe Jerez, ha advertido que los recortes aplicados por el Gobierno en materia de políticas sociales amenazan con “dejar en una situación de desprotección a los sectores de la población más vulnerables, acabando con la Ley de Dependencia, dificultando el acceso a las ayudas y entregando los servicios sociales a empresas privadas”.
Rosa Guadalupe Jerez achaca a este objetivo las “continuas campañas de desprestigio” de la Ley de Dependencia “lanzadas desde los aparatos de comunicación del Estado”, y afirma que el PP “quiere privatizar los servicios sociales, dejando la ayuda a los más débiles en las manos de empresas que se regirán por criterios de rentabilidad y no de impacto”.
La diputada socialista ha indicado en una nota que, desde que gobierna el PP, unos 400.000 dependientes moderados que debían haberse beneficiado de alguna ayuda no lo han hecho, una medida que tachó de “profundamente antisocial” y que, en su opinión, demuestra la “nula sensibilidad” del Estado hacia la situación “dramática” de muchos ciudadanos.
Ha aclarado, además, que la aportación estatal a la Dependencia se ha visto reducida en apenas año y medio en un 30%, un porcentaje que “puede que vaya a más”, apostilló.
Desde su punto de vista, las noticias referidas a los ciudadanos fallecidos que aparecían como beneficiarios de la Ley de Dependencia constituyen una “cortina de humo en toda regla para desprestigiar las políticas socialistas”.
Jerez ha querido recordar que el informe preliminar del Tribunal de Cuentas que recogía estas cifras, elaborado a partir del cruce de datos de las comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, “todavía está en periodo de alegaciones”, por lo que ruega al Gobierno que al trasladar datos de esta sensibilidad sea “claro y transparente”.
La responsable socialista considera que los recortes en materia de políticas sociales “no hacen más que poner en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores del sector de la ayuda a domicilio”, y teme que el Gobierno esté orientando su política en esta materia hacia “un modelo residencial, beneficiando así a empresas privadas y acabando para siempre con las ayudas al entorno familiar”.
Por todo ello, defiende la permanencia de la Ley de Dependencia impulsada por el PSOE como “una iniciativa tendente a la justicia social, generadora de miles de puestos de trabajo y económicamente sostenible por las arcas del Estado”, pues desde su entrada en vigor en 2007 y hasta 2011 permitió crear 185.000 empleos directos y 63.000 indirectos, ayudando a alrededor de 750.000 personas en situación de dependencia“.