La oficina de atención a mujeres maltratadas de Ingenio, en Gran Canaria, guarda más de 1.000 expedientes en su archivo. Este municipio agrícola y montañoso no es uno de los más poblados de la isla, apenas 30.000 habitantes, pero dicho centro atiende una media de 20 visitas semanales, la mayoría víctimas de violencia de género en fase de seguimiento. La primera vez las trabajadoras les suelen entregar un folleto que ilustrar el problema de manera muy cruda y real. Te amo. Eres una zorra. Me encanta cómo eres. La próxima vez te reviento, se lee de manera consecutiva entre otras frases del estilo. “Muchas lo ven y dicen, ¡si eso es lo que me pasa a mí!”, explica Paqui González, la trabajadora social. Esta oficina mantiene a sus cuatro empleadas en plantilla, pero en otros municipios la calidad de la atención está disminuyendo, y no por los recortes.
Desde hace unas semanas el Cabildo de Gran Canaria mantiene bloqueada la financiación a esta red de centros por unos flecos burocráticos. El Gobierno regional hace llegar cada año el dinero a los gobiernos insulares, y estos a los ayuntamientos, que lo gestionan. Pero el Cabildo que preside Bravo de Laguna solo ha hecho la primera parte, sin querer explicar el motivo del bloqueo, que se deduce a partir de otros testimonios.
Desde el Gobierno canario se asegura que el Cabildo busca unas modificaciones meramente formales en el convenio entre ambos, que se están solventado. Pero el PSOE señala que las alegaciones del Cabildo cuestionan las competencias que tiene en materia de violencia de género. Entre tanto las beneficiarias de estos servicios se enfrentan a cierres y cambios administrativos que les desorientan en su toma de conciencia como maltratadas, bajo riesgo de volver con su maltratador.
Así ha ocurrido en Santa Brígida, municipio que tiene uno de los mejores niveles de vida del Archipiélago, en un entorno semiurbano, pero que ha sido uno de los primeros en cerrar su oficina de atención a mujeres maltratadas. “El servicio está en el aire. No se ha firmado el convenio [con el Cabildo] y no hay equipo base, nos falta una psicóloga”, comenta la empleada de Servicios Sociales. El equipo base está formado por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga, y si no hay equipo, no hay subvención. “A todas las mujeres que pudimos contactar les dijimos que fueran a Las Palmas o directamente al Cabildo”, explica.
Dulce Quintana, trabajadora social de Gáldar, advierte del peligro de estas prácticas. “”En las oficinas diseñamos un plan individualizado y hacemos seguimiento. No siempre hay denuncia, y ahora muchas han vuelto a la situación de violencia [con su maltratador], porque han perdido ese sostén“. Lo corrobora Paqui González, de Ingenio. ”Sabemos de mujeres que se han tenido que ir a vivir a otro municipio sin oficina y no han tenido acompañamiento“, explica.
“Habría que preguntarle al Cabildo por qué no se ha firmado con los Ayuntamientos”, comenta Elena Yáñez, directora del Instituto Canario de Igualdad. “Hay unas alegaciones que son muy de forma, una pequeña discrepancia, y le hemos adelantado las modificaciones”, asegura. El convenio es anual y el mismo para todas las islas. Salvo Gran Canaria solo falta por aprobarlo Fuerteventura, que lo hará este mes, y El Hierro, cuyo presupuesto está pendiente debido al volcán. En total se invertirán en la red de centros 5'15 millones, un 6'2% menos que en 2011.
San Mateo es otro de los ayuntamientos que se han visto más afectados, con el cierre de su centro, así como Las Palmas de Gran Canaria, que ha abandonado el convenio con el Cabildo según se explicó en el último pleno insular. En estos dos casos no se ha podido contactar con los responsables municipales.
Sí se ha podido hablar con los ayuntamientos de Arucas, Valsequillo y Telde. En este último faltan las trabajadoras que subvenciona el convenio, pero cuenta con varios empleados municipales para esta cuestión. Los dos primeros han decidido adelantar las nóminas a sus trabajadoras en espera del dinero. Varios municipios optan por esto para no tener que cerrar las oficinas.
¿Un retraso premeditado?
Lo extraño de todo esto es que solo es una cuestión de plazos. Se supone que el Cabildo aprobará antes o después el convenio con los ayuntamientos, por eso extraña el cierre de los centros en los dos casos mencionados, Santa Brígida y San Mateo. “Sospechamos que hay un retraso intencionado”, apunta Dulce Quintana. ¿Una estrategia? Este medio no está en condiciones de asegurarlo. Pero sí lo hacen organizaciones sociales en defensa de los derechos de las mujeres, que lo enmarcan en un contexto a nivel nacional donde prevén un retroceso en derechos de las mujeres, entre ellos el aborto, como se puso de manifiesto en la Marea Violeta a nivel nacional, que tuvo su eco en Canarias.
Volvemos a las medianías de Ingenio. Otra de las que allí trabaja, además de Paqui González, es Susana Hernández, la psicóloga, que se alegra de tener una concejala sensible cuyo Ayuntamiento adelanta el dinero de la subvención. Pero se queja de su precariedad laboral, ya que son renovadas año a año, con cada convenio, desde hace ya más de un lustro.
Las dos coinciden en se han producido avances en la percepción de la violencia de género. Pero Paqui alerta de que se está produciendo una regresión al perder fuerza la información sobre maltrato de género. Demasiado morbo y sucesos, y poca o nada reflexión sobre las causas de esta violencia. Susana apunta un “incremento exagerado” de casos en los últimos tiempos, relacionado con las tensiones fruto del desempleo. También mucha violencia juvenil, desde los 17 años. “El maltrato no tiene un impacto social, porque sucede en el entramado familiar. Es un problema cultural, de mitos, de pensar que los problemas de casa se quedan en casa”, explica.
Dulce Quintana, de Gáldar, tiene claro que proteger a las mujeres maltratadas es una prioridad. “No son temas para abordar desde los servicios sociales generales, es algo mucho más especializado, al mismo nivel que la dependencia, los discapacitados y la drogadicción”, explica. “Si no cuestionamos a las víctimas del terrorismo, tampoco habría que cuestionar a las víctimas de violencia de género”.