Un guardia civil con destino en Canarias ha ingresado esta tarde en la prisión militar de Alcalá Meco (Madrid) para cumplir una condena de tres meses y un día por empujar a un cabo durante un servicio, según han indicado a Efe fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
J.C.A. ha ingresado en prisión después de que la Justicia Militar le haya negado el beneficio de la suspensión de condena que la ley contempla para personal ajeno a los Ejércitos.
Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en Arguineguín (Mogán, Gran Canaria) el 2 de junio de 2010, en el transcurso de un incidente de orden público que estuvo a punto de provocar que un grupo de ciudadanos asaltara el cuartel de la Guardia Civil.
El Tribunal Militar Territorial Quinto, con sede en Santa Cruz de Tenerife, consideró probado que en un momento del tumulto J.C.A. increpó a un cabo y le propinó un empujón que lo desplazó hacia atrás.
Por estos hechos, corroborados por el Tribunal Supremo en 2012, el agente fue condenado por un delito de insulto a un superior previsto en el Código Penal Militar en la modalidad de maltrato de obra.
El agente solicitó que su pena quedara en suspenso y que no se le obligara a ingresar en prisión, alegando que no tenía antecedente penal alguno, lo que fue denegado.
Ahora estaba a la espera de la resolución del recurso de amparo que planteó ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado, tal y como ha señalado a Efe el secretario general de la asociación, Alberto Moya, quien junto a otros afiliados de AUGC ha acompañado hoy al agente hasta el centro penitenciario.
Moya, que ha anunciado que la asociación convocará una concentración para el próximo día 8 ante este “hecho lamentable”, ha señalado también que AUGC instará a los poderes públicos para que desarrollen un nuevo Código Penal Militar donde “no haya discriminación de los guardias civiles con respecto al resto de policías en cuanto a la privación de libertad”.
“Es otro retroceso en derechos más que tiene que soportar la sociedad, y un error y una dejación de los poderes del Estado”, ha subrayado Moya.
El primero de los “errores”, a su juicio, es el judicial porque “ha permitido que un tribunal militar estire hasta este extremo las leyes para tratar a los guardias civiles peor que a delincuentes, evitando que el compañero se pueda acoger a la suspensión de condena”.
Pero también, en su opinión, “un fracaso del poder legislativo porque sigue manteniéndonos en una inseguridad jurídica, en el sentido de si somos militares o no”.
Y, además, se ha producido, dice, una “dejación de funciones del Gobierno que ha permitido este despropósito, que un servidor público entre en prisión. Se ha limitado a decir que el guardia civil en cuestión podía haber pedido el indulto”.
“El compañero es coherente y dice que no es ningún delincuente y que no pide perdón, y por eso ha hecho el recurso correspondiente ante el TC”, ha concluido