Piedad
La actuación de la Dirección General sirvió para que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas “endureciera la presión sobre dicha familia y justificara la orden de ingreso de la niña en un centro de menores en orden a una supuesta desprotección”, indicaron fuentes de Prodeni. La ONG se refiere a la decisión de la Audiencia Provincia de Las Palmas, que el viernes requirió la ejecución forzosa del auto dictado en marzo y en el que se ordenaba el ingreso de la niña en un centro de acogida hasta que se resuelva si debe permanecer con su familia acogente o es devuelta a su madre biológica.
Además, el Tribunal impuso a la madre de acogida una multa de 3.000 euros por su “frontal oposición” al cumplimiento de las resoluciones judiciales y por la gravedad de la situación en la que, según el auto, está colocando a la menor, ya que no está escolarizada y “puede estar siendo sometida a maltrato psicológico por parte de sus acogedores, quienes ahora sólo anteponen sus particulares intereses sobre el interés de la menor”.
“Cualquier alteración emocional puede perjudicar su salud”
Desde Prodeni responsabilizaron al Gobierno de Canarias de traicionar a la niña por justificar las medidas de internamiento, una posición que tiene ahora sus efectos en el auto de la Audiencia Provincial. “La nueva y sorprendente versión de la administración canaria no se sostiene en verdad objetiva alguna, pues los padres acogedores tienen a la niña al margen de la lucha que están manteniendo, porque saben que cualquier alteración emocional puede perjudicar su salud, y procuran que se sienta feliz en sus relaciones familiares y con sus cosas”, afirmaron las mismas fuentes.
Agregaron que la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, regida por José Luis Arregui, actuó “injusta y maliciosamente con esta familia y con 'Piedad', y es la responsable de que ahora la Audiencia Provincial pretenda aparecer ante los medios como protectora de la niña y no como su verdugo”. A juicio de Prodeni, “es absolutamente falso que 'Piedad' sufra daño alguno y que la familia la esté desprotegiendo, y, como tal falsedad sólo puede ser producto de una acción insidiosa y perversa, por lo tanto, inmoral, impropia de una entidad pública de protección de menores”.
En opinión de Prodeni, “la responsabilidad de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias es mayúscula por lo vertido en su resolución de 20 de Abril y los efectos perniciosos sobre la menor”.