El Grupo Parlamentario Socialista Canario ha incluido a última hora en el orden del día de la sesión plenaria que se inicia este martes una iniciativa por la que solicita al Parlamento que “repruebe la actuación de la Consejería de Sanidad al contravenir el Reglamento de la Cámara y no facilitar a la diputada doña María Dolores Padrón Rodríguez copia del expediente completo sobre la contratación del Servicio de Hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, y del José Molina Orosa, en Lanzarote”.
Esta propuesta de resolución, consecuencia de la petición de documentación solicitada el 11 de noviembre, hace más de un mes, se fundamenta en el hecho de que, al contrario de lo que ha afirmado el consejero Fernando Bañolas para no remitir el expediente, “no existe una prohibición o restricción legal en el acceso a los datos contenidos en los documentos solicitados”.
Como se recordará, Bañolas remitió el 26 de noviembre 15 folios de documentación a la Cámara regional en la que afirmaba que “concurre una razón fundada en Derecho que debe ser manifestada como dificultad que impide la remisión obligatoria de la documentación disponible, ya que al no existir una actividad resolutoria de la Administración no puede ofrecerse la completa gestión administrativa, relevante para el interés parlamentario”.
Posible injerencia
Es más, según el escrito que el consejero de Sanidad remitió al Parlamento, la petición de documentación exigida por la Cámara regional a través del PSC era “una invasión o injerencia competencial en funciones del Ejecutivo, dado que nuestro sistema se fundamenta justamente en la distribución estatutaria de competencias entre los dos Poderes y en una relación de confianza y control entre los mismos”.
Por el contrario, la diputada firmante de la iniciativa y portavoz del PSC en el área de Sanidad, Dolores Padrón, consideran que “el artículo 124.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, circunscribe la restricción a divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial”.
“Por tanto, los diputados no podrán divulgar dicha información, pero ello no es óbice para que la Administración tenga la obligación de facilitar a los parlamentarios los datos, informes y documentos que obren en su poder y que se han solicitado, para realizar su tarea de fiscalización y control”, concluye Padrón en su fundamentación.