El barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, es el pueblo de las casitas de pescadores, de la playa de El Confital, del Castillo de La Luz y la cuna del movimiento LGTBI en la capital grancanaria. Pero también es el barrio pegado a una base militar por el norte, a uno de los puertos más importantes de España por el este y al mar por el oeste. La imagen proyecta una realidad sofocante del vecindario, sin prácticamente espacios verdes y con altos riesgos medioambientales derivados de la actividad industrial, según un mapa de justicia ambiental de la ciudad publicado hace unos meses.
En los últimos años, varios vecinos de La Isleta se han manifestado en contra de algunos de los proyectos planteados por el Puerto de La Luz, el espacio marítimo sobre el que se fundamentó el nacimiento de la localidad mencionada hace siglo y medio, por su posible afección a la salud pública. El grito de los ciudadanos corresponde a una época en la que las relaciones ciudad-puerto están cambiando, en la que se acentúa el choque de intereses estratégicos (expansión física y crecimiento económico versus preservación medioambiental) y el término “sostenibilidad” se abre paso en casi todos los debates.
“El barrio creció y creció gracias al puerto. Pero, últimamente, está ejerciendo la labor contraria. Se está comiendo el espacio y eso es un verdadero problema”, apunta Félix Alonso, presidente de la Federación Foro por la Isleta, que representa a 32 asociaciones culturales, vecinales y deportivas del pueblo. El isletero hace referencia a iniciativas privadas que se plantearon hace unos años y no prosperaron, como un teleférico entre Santa Catalina y la zona militar y una planta de biomasa; a planes que ya se han iniciado, como la construcción de un taller de megayates en el muelle; e incluso a actuaciones de futuro que podrían tener recorrido más pronto que tarde, como una regasificadora para distribuir gas licuado a los buques.
La Fundación del Puerto de Las Palmas, en palabras de su actual gerente, Ana Pérez, reconoce que en los últimos años se ha centrado especialmente en la promoción exterior de la actividad portuaria y que ha “olvidado” la parte más social y cultural de la relación con los ciudadanos, objetivo que se ha marcado para este 2023. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, prefiere evitar el discurso beligerante que, según él, algunos vecinos han empleado para referirse al mismo. Y recuerda que muchos otros habitantes de la zona trabajan en el puerto y quieren que este continúe creciendo.
Al final, lo que está ocurriendo entre La Isleta y el Puerto de La Luz, según destaca José Sánchez, director de la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP, en sus siglas en francés), es un ejemplo más de cómo están evolucionando las relaciones entre actores del mismo ámbito. De que lo acontecido en Las Palmas de Gran Canaria, también pasa en otros puntos del mundo. “A pesar de que [los puertos] fueron la razón de existencia de estos barrios, ¿qué ocurre cuando empezamos a cambiar el chip? Porque hay más información, porque hay nuevos medios de comunicación. Y ahí se ve un poco la implicación ciudadana en este debate y en sus consecuencias medioambientales”.
Sin embargo, no siempre ha sido así. La Isleta (o “las isletas”, como recuerda el cronista oficial de la capital grancanaria, Juan José Laforet) fue históricamente un puerto natural en el que navegantes de muy diversas localizaciones atracaban sus barcos para descansar y reponer fuerzas. En tiempos de Carlos V, hace más de 500 años, comenzaron las órdenes para poblar el lugar, levantar comercios y atender las necesidades de los pasajeros que arribaban en la costa de Gran Canaria. Pero fue a finales del siglo XIX, concretamente en 1881, cuando se firma el primer plan para crear los muelles, servicios y reparaciones navales que hicieran falta.
A partir de ahí, comienzan a establecerse las empresas en torno al Puerto de La Luz y se hace necesaria la presencia de un barrio para todos los trabajadores. De hecho, las instalaciones portuarias se encontraban muy alejadas de la ciudad, tanto, rememora Laforet, que “los ingleses y las autoridades locales tuvieron que instaurar un tranvía para que el trayecto entre ambos espacios se pudiera realizar con cierta facilidad”. “La población surge porque hay un puerto y no al revés. Ha sido un proceso progresivo”, remacha el cronista.
Las investigaciones sobre el crecimiento de la mencionada actividad portuaria detallan un proceso de transformación “profundo” del litoral grancanario desde 1883 hasta las décadas de los 60 y 70, cuando el ingeniero director del puerto por aquel entonces, Manuel de Granda, redacta un plan general en el que hace una “apuesta decidida” por más infraestructuras y propone, entre otras cosas, un muelle pesquero y astilleros en el litoral sur de La Isleta, en contacto con la trama urbana del vecindario. “La contestación ciudadana fue tal que marca de alguna manera un cambio de tendencia en cuanto a la relación del puerto con la ciudad”, apuntan Antonio Ramón Ojeda y Alejandro González Morales, investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Algunos isleteros entienden entonces al puerto como “un elemento de molestia”, explica Ramón Ojeda en conversación con ahora.plus, y se enfrentan a la política decidida de los ingenieros de la zona, cuya intención principal era “prevalecer la operatividad” del mismo. “La idea de los técnicos es que el puerto tiene unas funciones y trabajan para que estas se cumplan. Pero la ciudad aumenta y se acerca y aparecen las pegas. Es como la gente que se va al campo y empieza a quejarse porque el gallo canta al amanecer”, considera el experto.
Sea como fuere, este punto de inflexión empuja a las actividades más molestas del Puerto de La Luz a ser planificadas lejos de la ciudad. La memoria de un plan de ordenación de 1971 resalta que “la proyección del puerto está limitada por dos circunstancias fundamentales. Primera, estar rodeado por la ciudad y en una orientación que cualquier industria establecida perturbaría la salubridad del ambiente residencial. En segundo lugar, en la inexistencia de amplias zonas de terreno llano y de poco valor, condiciones indispensables para el asentamiento de los complejos industriales”.
Para Ramón Ojeda, resulta evidente que “la gente empieza a tener mayor conciencia medioambiental” y que, aun viviendo un cambio de paradigma, “quizá para ellos es importante manifestarlo y recordar que están aquí al lado. Que puede haber muchos riesgos medioambientales por la polución o por la contaminación acústica del puerto”. La Isleta, sin ir más lejos, es el punto de Las Palmas de Gran Canaria que lidera los indicadores de desigualdad social, riesgos ambientales y falta de zonas verdes, según un mapa de justicia ambiental de la ciudad publicado en la revista Landscape and Urban Planning.
“A La Isleta la ha caracterizado la gente sencilla, amigable. Capaz de asociarse en muchísimos aspectos, ya sean políticos, económicos, sociales o culturales. Estamos hablando de un lugar con un crecimiento urbano e industrial enorme, brutal para un espacio tan pequeño. En un tiempo donde el tema del medio ambiente está muy presente, es lógico que algunas partes del barrio vean con cierto recelo la presencia de actividades industriales que pudieran ser nocivas para la salud”, razona Laforet.
En poco más de un lustro, el departamento de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha emitido hasta tres informes desfavorables sobre proyectos que se pretendían o pretenden instalar en el Puerto de La Luz. Una planta de biomasa que “multiplicaría exponencialmente” los ingresos en urgencias por asma; un taller de megayates cuya polución podría llegar a la ciudad (aunque este aviso por parte de los sanitarios se produjo desconociendo exactamente la propuesta de la empresa promotora); y una regasificadora que repercutiría negativamente en la calidad del aire de la localidad. La población de La Isleta supera los 24.000 habitantes en una superficie de 10,59 kilómetros cuadrados, una densidad de 2.276 habitantes por cada km2.
“El problema es que aquí empieza a haber gentrificación y se está destruyendo el poco patrimonio local que tenemos. Y un puerto, aunque tenga cierta independencia, está dentro de la ciudad. Tienes que saber qué piensan los vecinos, cómo valoran las actuaciones”, defiende Félix Alonso, presidente del Foro por La Isleta. Ana Pérez, de la Fundación del Puerto de Las Palmas, asegura que la organización va a intentar este año “apaciguar” los problemas que están manifestando varios ciudadanos y “servir de intermediario” con la Autoridad Portuaria, para que esta considere las propuestas esgrimidas.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria, por su parte, celebra haber podido parar la instalación de la incineradora de biomasa hace unos años. Pero confiesa que en otras cuestiones tiene “las manos atadas”. “Cada caso cuenta con una circunstancia distinta, pero las relaciones con el Puerto de La Luz son fluidas. Hay que tener en cuenta que la ciudad ha hecho una simbiosis histórica con el puerto y tenemos que ver qué es lo que ha dado vida y desarrollo a este lugar”, remarca el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.
El edil describe que el consistorio está intentando paliar la presión “fortísima” que existe sobre La Isleta, sin apenas extensiones para construir parques o planificar espacios abiertos. “Tenemos un plan específico para el pueblo que hay que actualizar, pero no da tiempo a hacerlo todo”, lamenta Doreste. Uno de los proyectos que más esperanza ofrece a los vecinos es el de una gran zona verde y de ocio enmarcada en el programa Puerto-Ciudad. Doreste matiza, eso sí, que en estos momentos solo hay un “acuerdo preliminar para ir trabajando sobre esa idea” y que no hay nada firmado.
José Sánchez, de la agrupación AIVP, aboga por mejorar la comunicación en las ciudades portuarias y que todos los autores de dicha relación (puerto, ciudadanos y administración) inicien un proceso de diálogo, como ha ocurrido en otros puntos del globo. “Durante mucho tiempo, las empresas portuarias no han tenido que dar ningún tipo de explicación porque el beneficio económico y su papel estructurante para la sociedad se daba por entendido. Ahora, las autoridades ven que es necesario cambiar el modelo de negocio y explicar a la población lo que significa un puerto. Porque la mayoría de la gente no lo sabe”, concluye Sánchez.