Puertos Canarios ha dejado este jueves en suspenso el expediente para renovar la concesión de la cementera, que queda supeditado a la Justicia. El ente público, que preside el consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez, se ha reunido este jueves en Usos Múltiples II, edificio frente al cual se ha manifestado la plantilla de de la empresa Grupo de Cementos Especiales de las Islas (CEISA), que explota el puerto de Arguineguín con esta industria. Especulador Pablo Rodríguez“, ”Por nuestros derechos“ o ”Puerto industrial“, fueron algunos de los lemas que corearon este jueves.
El director de este ente público, Manuel Ortega ha recordado a este periódico que el Gobierno de Canarias anterior había iniciado un expediente sobre la concesión del puerto de Santa Águeda a CEISA. El trámite que se hizo fue publicar el expediente, recabar informes y asegura que no se llegó a emitir informe favorable. No obstante, insiste en que debido a que hay dos recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por dos partes enfrentadas “pues no podemos seguir adelante”.
El caso se judicializó cuando la empresa CEISA presentó un recurso para defender derecho y alegando que se había producido “silencio administrativo”. “No lo retiraron ellos lo que buscan es conseguir que los juzgados le den el motivo de fondo y ellos piensan que por el hecho de tener una concesión minera ya tienen derecho a tener una nueva concesión de Puertos”, subraya Manuel Ortega, que añade que existe otro recurso del Grupo Cordial, en el que defienden el uso deportivo de este puerto.
Ortega insiste en que “lo importante aquí es que lo que hoy se ha informado al Consejo es que el expediente queda en suspenso por motivo de los recursos judiciales presentados”. Esto supone iniciar los trámites para liquidar a la cementera y dejar caducar la concesión.
Para el director de Puertos, esto afecta también de algún modo “al estatus” que tiene ahora mismo CEISA porque “ahora pasa a una situación de precario (hasta ahora estaba en una situación interconcesiones) y ahora en situación precario que quiere decir que en cualquier momento la administración como consecuencia de lo que digan los tribunales pues podrá exigir su retirada”. A su juicio, “esto lo que hace es que aleja más a CEISA de la expectativa de una nueva concesión”.
No obstante, todo queda a expensas de la Justicia. Preguntado por qué ocurriría si finalmente los tribunales dan la razón a CEISA, Ortega ha respondido que sería “un escenario diferente” y que se trata de especulaciones. No obstante, añade que “los tribunales pueden exigir compensaciones, pero no pueden gobernar en el sentido de que se concedan concesiones, esto es un acto de Gobierno”.
Los vaivenes de Obras Públicas con la cementera
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha enviado este jueves un comunicado explicando que renueva las concesiones a los puertos deportivos de Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, y Puerto Rico, en Mogán, “por el valor estratégico de estas instalaciones”. Sin embargo no hizo mención alguna al puerto de Santa Águeda, que se encuentra en el punto de mira porque el cierre de la cementera puede suponer que 600 familias vayan al paro.
El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, anunció este verano su intención de no renovar la concesión que permite a Ceisa explotar el puerto de Santa Águeda e insistió en que ya está vencida porque se va a dar a ese muelle un uso turístico y deportivo. En una entrevista en la Cadena Ser llegó a anunciar que en septiembre se reuniría el Consejo de Administración de Puertos Canarios para cambiar el uso de ese puerto y que fuera “turístico”.
La cementera dio hace unas semanas una rueda de prensa se mostraba “atónita” ante el anuncio de Pablo Rodríguez porque asegura que CEISA tiene derecho a operar y que les ampara el procedimiento reglado y un expediente “muy armado”.
Además, el Partido Popular y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han cambiado de opinión sobre la continuidad de la industria cementera. Así quedó de manifiesto este jueves en un pleno de la Corporación en el que ambas fuerzas políticas rechazaron una moción de Nueva Canarias en la que, a instancias de los trabajadores de esa fábrica, se intentaba reafirmar los acuerdos del pasado mandato, durante el cual todas las fuerzas de la Corporación se mostraron en contra del cambio de uso del muelle de titularidad pública sobre el que opera.