El consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, afirmó este martes que la conducta de los profesionales del Punto de Encuentro Familiar, denunciada ante el Defensor del Pueblo, es “intachable”, aunque estudiará la situación ante la reclamación de las mujeres.
“En ese caso evaluaremos, pero no porque lo considere necesario, sino para atender las reclamaciones de la ciudadanía”, manifestó ante la presentación, este martes, de una reclamación ante el Cabildo por parte del letrado del grupo de madres denunciantes.
“Pero el Cabildo no tiene ningún indicio que nos haga cuestionar la actuación de los profesionales” del Punto de Encuentro, apostilló Quevedo, que aseguró que los trabajadores desarrollan una labor complicada y derivada de los problemas entre parejas con niños por medio.
Por ello, abogó por mantener este servicio “al margen de cualquier tipo de conflicto público porque perjudica la discreción necesaria en la gestión de este tipo de recursos y puede comprometer la salvaguarda de los menores atendidos”.
En cualquier caso, dijo reconocer el derecho de las madres que se consideran afectadas a recurrir a las instancias correspondientes, aunque insistió en que los profesionales “no hacen otra cosa que cumplir los criterios emanados de los órganos judiciales, que son los que deciden el uso de este recurso”.
Fuentes del colectivo de madres detallaron que el letrado presentará la reclamación a lo largo de este día y en ella pide abrir expedientes disciplinarios.
Lagunas legales
El principal problema, agregaron, es que los empleados se aprovechan de la laguna legal existente en este campo para extralimitarse en sus funciones.
En cuanto a la petición de Quevedo de mantener el asunto al margen de los debates públicos, aseveró que al consejero “no le interesa” que el asunto se conozca e insistieron que continuarán con sus denuncias públicas en tanto la situación no persista.
Por otra parte, acerca del interés del menor que el consejero pide salvaguardar, las fuentes cuestionan si ello implica dejar que los trabajadores se lleven a los menores “a la fuerza”, cuando en algunos casos han reconocido que no lo pueden hacer, subrayaron.
Además, durante su visita al centro, preguntaron, por qué no se sentó a hablar con las madres, que tras los últimos acontecimientos le han pedido una reunión pero fueron derivadas al director general de Asuntos Sociales, Antonio Gil.
Los derechos del menor “se los saltan a la torera”, exclamaron las fuentes, que aseguran continuarán con sus reclamaciones y los pasos que aconseje dar el letrado que lleva el caso.