El IV Foro de Periodismo y Ciudadanía, ‘la información en tiempos de cólera’ de Canarias Ahora cerró con una conversación sobre los ataques a la prensa incómoda utilizando los poderes del estado, particularmente del poder judicial, entre la directora adjunta de elDiario.es, Raquel Ejerique, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, y la exjefa de prensa de Irene Montero y periodista de Canarias Ahora Gara Santana.
En el caso de Raquel Ejerique su ‘lawfare’ fue a raíz de la publicación del máster falso de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Recordó cómo se gestó todo y las 35 publicaciones sin las que no se había generado el caldo de cultivo para recibir ella e Ignacio Escolar -director de elDiario.es- una querella. “Esto tiene un gran impacto sobre la vida personal, que se querelle contra ti la persona más poderosa de la Comunidad de Madrid y una de las más poderosas de España”, recordaba la periodista. Tras estar durante dos años como imputada y pasar por el banquillo, su desimputación llegó dos semanas antes de que se iniciara el juicio contra la expresidenta madrileña.
Con su imputación sobre la mesa y estudiando Gara Santana se dio cuenta de como de “indivisible” es la pata mediática del ‘lawfare’ de la pata judicial. El caso ‘niñera’ era una pieza separada de un caso más amplio que finalmente también se archivó, a través del que se especuló sobre su pareja, sobre la vida de su familia como su sobrino, menor de edad, su madre, e, incluso, sobre la vivienda en la que ella residía en Madrid. “Lo que nos estaba pasando era un golpe judicial porque no se podía dar otro golpe”.
Sobre el papel de los jueces, el magistrado cuenta asombrado el hecho de que un juez, “con cuatro recortes de periódicos” admita a trámite una denuncia. Recuerda que España tiene un sistema de división de poderes y hay “terrenos acotados” que corresponden al ejecutivo, legislativo y judicial. “Es insólito que un juez de Zaragoza haya imputado a la ministra de Asuntos Exteriores por una decisión de Política Exterior del Gobierno” -hace referencia a la entrada de España del líder del Polisario en 2021y la imputación de la ministra de Exteriores Arancha González Laya-. “¿Cómo un juez puede juzgar una decisión de Política Exterior?, cuestiona el magistrado. ”Esto no pasa en ningún país del mundo“.
Contra Carlos Sosa va el exjuez Salvador Alba -que cumple condena de seis años y medio en prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell- pues se querelló contra él, y los también periodistas Ignacio Escolar, Alexis González e Iván Suárez y la jueza Rosell, acusándolos de pertenencia a organización criminal, delito de odio, revelación de secreto y delito acoso.
La querella fue presentada en Madrid y finalmente la jueza de Instrucción 27 solo mantuvo a Sosa, quitándole el delito de organización criminal y manteniéndole el resto. “Nunca creíamos que eso fue a prosperar”, señaló el periodista. Pero, la jueza siguió adelante y me han abierto juicio oral, pidiendo 23 años y 422.500 euros de indemnización por daños morales hacie él, su mujer y su hija porque dicen que “han sufrido las consecuencias de que él sea un delincuente convicto y en prisión”. En estos momentos se está preparando el escrito de defensa que cuando se remita al juzgado en Madrid se trasladará al decanato para que se fije el día y la hora del juicio.
A la cuestión del primer sentimiento que le llega al recibir una querella de Cifuentes, Ejerique señala la importancia de que te percatas de que no solamente te enfrentas a una persona sino a un sistema, que se blinda. Relata que en ese mes se vivieron situaciones extraordinarias, medios que se entregaban a la causa defendiendo a la expresidenta madrileña, un fiscal en la instrucción de un caso, probablemente teléfonos pinchados y vigilancia policial, todo en la operación “Salvar a Cristina Cifuentes”.
Se sumaba Santana para reiterar que los periodistas “no somos agentes pasivos ante el ‘lawfare’, se pueden hacer cosas”. Y ejemplifica que en el Congreso de los Diputados se han visto situaciones de que profesionales de grandes medios de comunicación del país se marchan de unas declaraciones cuando una persona llega para hacer una prueba con el objetivo de “encender una mecha”.
El final de la conversación se abrió al público y los ponentes recibieron preguntas de diferentes personas que estaban en la sala.