Rarezas de los contratos de emergencia en Canarias: comprar una silla infantil para vehículos policiales

Los contratos de emergencia, el sistema más rápido y directo de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), hay que justificarlos. Son acuerdos que carecen de concurso público y que se pueden agilizar con una simple llamada, por lo que exigen una explicación de la organización contratante argumentando por qué eligió esta vía y no otra.

Estos procedimientos se multiplicaron durante la pandemia. En toda España y en Canarias. En total, según los datos del Portal de Contratos del Sector Público recopilados por la Fundación Civio y analizados por este periódico, se tramitaron un total de 1908 contratos de emergencia por más de 86 millones de euros en las Islas en 2020. Acorde al artículo 120 de la LCSP, todas estas adjudicaciones ultrarrápidas y a dedo deben darse “cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”.

La mayoría de contratos fueron para combatir la crisis del coronavirus: adquisición de mascarillas, compra de respiradores, suministro de kits de diagnósticos, etc. En ese caso se comprende el empleo de este recurso por una necesidad imperiosa y extraordinaria, como marca la ley. En otros la motivación es más ambigua.

Icod de los Vinos y los camellos para la cabalgata de Reyes

El 2 de enero de 2020 el Ayuntamiento de Icod de los Vinos contrató a la compañía Camello Center por 2.723 euros bajo el concepto “alquiler de tres camellos con transporte para el 5 de enero”. Lo hizo bajo una tramitación de emergencia y no aportó justificación alguna. ¿El plazo de ejecución? Un solo día.

La renovación del sistema de antivirus para los portátiles de San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también se amparó en un procedimiento de emergencia para renovar las licencias del antivirus McAfee que protege los servidores y ordenadores portátiles de sus trabajadores públicos. La licitación se la llevó la empresa Distribuidora de Servicios Antivirus el 5 de julio de 2020 por 9.649 euros.

En un escrito de justificación, firmado por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Antonio Felipe Pérez Socorro, y el Secretario General, José Marcelino López Peraza, el Consistorio admite que McAfee lleva años asistiendo a sus equipos, “obteniendo con ello una solución completa y eficaz”. El problema es que, a fecha 7 de mayo de 2020, este soporte estaba vencido. Y en este escenario, el Ayuntamiento decidió contratar por emergencia una renovación.

“Visto la nueva situación creada por la generalización del teletrabajo debido a la situación creada por la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que hace necesario e imprescindible una mayor protección de los equipos personales y servidores virtuales del Ayuntamiento con el fin de que los empleados públicos puedan desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad informática”, reza el comunicado de motivación.

Una silla infantil para la policía de Arona

Llegó el confinamiento y el Ayuntamiento del municipio tinerfeño de Arona adjudicó por emergencia la compra de un elevador infantil y una silla para bebés por un valor de 85 euros. “La necesidad viene motivada”, argumentaron, “por las actuaciones con menores que hace la policía y la protección de los mismos durante los posibles traslados en los vehículos policiales. Durante el Estado de Alarma se ha visto que han aumentado las actuaciones con menores, por lo que los sistemas de protección infantiles en los vehículos policiales son indispensables”.

Este Ayuntamiento hizo lo mismo con 185 contratos más, uno de los que más de todo el Archipiélago. Entre ellos se hallan dos, con un importe de 400 y 325 euros cada uno, que justifican la adquisición de dos talonarios para “la emisión de sanciones relacionadas con el confinamiento y los decretos marcados por el Estado”. Fueron adjudicados el 27 de abril y el 20 de mayo, respectivamente.

Puntos de recarga de vehículos eléctricos en Arucas

El Ayuntamiento de Arucas, en un expediente del 27 de julio de 2020, promete “potenciar la presencia policial en la vía pública” para “conseguir mayores cotas de eficacia en la consecución de la seguridad ciudadana”. Para ello, dice, es necesario reforzar las actuaciones policiales con los ciudadanos infractores de las medidas de protección contra la COVID-19 y reforzar los controles nocturnos y de madrugada.

Así sigue el texto: “El parque móvil con que cuenta el cuerpo de la policía local es de cuatro vehículos (turismos) y seis motocicletas. De los cuatro coches patrullas, tres son totalmente eléctricos, que en la situación actual requieren de un mayor número de recargas para la utilización de los mismos”. El contrato fue adjudicado por vía de emergencia a la empresa Electrimega por 53.544 euros.

Pájara, Ingenio y Arucas temían masificaciones en las playas

Varios municipios canarios tramitaron por urgencia el refuerzo del personal de socorrismo para los meses de verano. El Ayuntamiento de Arucas, en un informe del 4 de junio, esgrime que “resulta absolutamente necesario” la contratación de un servicio de vigilancia y asistencia sanitaria en las playas de El Puertillo, Bocabarranco, Los Charcones de Bañaderos, Quintanilla y San Andrés los festivos y fines de semana del mes de junio y todo julio. “La falta de este servicio durante la temporada de verano puede suponer la existencia de evidentes y gravísimos riesgos de peligro si no se cuenta con los medios necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios en las playa”. No especifica cuánto personal se contrató ni en qué régimen. Al Ayuntamiento de Arucas le costó este servicio 56.877 euros. Para cubrir los meses de agosto y septiembre sí se apoyó en el procedimiento abierto simplificado.

El Ayuntamiento de Pájara no recurre a la excusa de la pandemia. Contrata por vía de emergencia un servicio de socorrismo el 22 de mayo de 2020 para “satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, cumplir con “el derecho de las personas usuarias turísticas a la existencia de un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento, así como la correlativa obligación de los municipios de implantar tales servicios” y “mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad”. La licitación fue adjudicada a Secofuert Investigación por 54.280 euros.

El Ayuntamiento de La Villa de Ingenio se escuda en que carece de medios propios y externaliza de forma ultrarrápida el “servicio de vigilancia por motivos de salud pública ocasionado por la COVID-19 de la Playa del Burrero para el verano 2020” a la entidad Pro Activa Serveis Acuatics por 33.250 euros.

No se vigila la motivación

Según un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en 2019 se estimaron 366 recursos contra la adjudicación de contratos. La causa principal fue la valoración y/o criterio de adjudicación, con 106. Le siguen los pliegos (88), oferta anormalmente baja (33) y la solvencia (32). La falta de una motivación o justificación clara apenas es la causa en 18 recursos.