La receta del consejero canario de Vivienda (CC) ante la crisis habitacional prioriza el ladrillo y olvida los alquileres

El consejero canario de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), ha expuesto este martes en el Parlamento canario las líneas estratégicas en las que está trabajando el Ejecutivo regional para intentar resolver la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago, sumida en una tormenta perfecta de escasa oferta, alta demanda, precios inasequibles y alquileres abusivos.

Rodríguez enumeró una serie de medidas al respecto vinculadas principalmente con la construcción de nueva vivienda pública, que ha habido muy poca en Canarias en la última década, y dijo que, dada la situación actual, los instrumentos con los que cuentan el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y la Empresa Pública de Promoción de Viviendas Protegidas en las Islas (VISOCAN) no son suficientes.

El consejero de CC, sin embargo, apenas anunció acciones dirigidas a limitar las subidas de los alquileres, modelo de propiedad en el que reside el 22,1% de los hogares canarios, según la última Encuesta de Características Esenciales y las Viviendas (ECEPOV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), y tan solo dijo que va a mantener las ayudas al alquiler, “a los jóvenes también”, destacó.

Rodríguez obvió los mecanismos que ofrece la Ley de Vivienda estatal, aprobada hace poco menos de cinco meses y que cuenta como norma estrella la posibilidad de topar el precio de los arrendamientos. De acuerdo con esa normativa, las comunidades autónomas pueden declarar “zonas de mercado residencial tensionado”, esto es, demarcaciones que pueden ir “desde lo más micro hasta lo más macro” (de un distrito censal a un municipio, básicamente), donde las familias destinan como mínimo un 30% de sus ingresos al alquiler más los suministros básicos, como el agua y la luz.

La ley prevé que los nuevos contratos de alquiler en esas regiones no puedan establecer una renta superior al acuerdo vigente hasta entonces, salvo la actualización anual, que puede ser superior al 3% (o hasta un 10% si se han realizado obras de rehabilitación o accesibilidad). Para el caso de los pisos de grandes propietarios, la mensualidad no podrá superar la cifra que estipule el futuro Índice de Precios de Referencia, aún por estrenar, y que previsiblemente marcará una evolución inferior a la del Índice de Precios de Consumo (IPC).

La diputada socialista Patricia Hernández preguntó a Rodríguez en la Cámara autonómica si el Gobierno canario tiene pensado aplicar este texto, porque “ya es que no solo no se puede comprar [vivienda], sino alquilar tampoco”. “Le pregunto: ¿Qué va a hacer? Tienen una herramienta para intervenir en los precios, para no echar a los que están alquilando. Es importante dar una solución a los jóvenes de hoy. ¿Qué va a hacer?”, continuó Hernández.

La pregunta de la diputada del PSOE llega una semana después de que el Ejecutivo regional confirmara que finalmente no ha recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda, como había anunciado que haría por, según defiende, invadir competencias y generar inseguridad, tras finalizarse el plazo para presentar recursos. El Gobierno canario pensó que agosto era un mes inhábil para hacerlo, cuando en realidad no lo es, y ahora tendrá que esperar la resolución del Constitucional ante los recursos de otras cuatro comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Islas Baleares y Cataluña), tres de ellas gobernadas también por el Partido Popular (PP).

Rodríguez, así, aseguró a la socialista que la consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda utilizará “todos [los instrumentos] que estén en nuestra mano” para intentar atajar la crisis habitacional en la Comunidad Autónoma, pero solo emplearán aquellos que consideren “útiles”, en un claro mensaje contra la norma estatal, a la que CC ha criticado desde el primer minuto. De hecho, la exdiputada nacionalista en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, llegó a decir de la misma que es un “disparate” y que fue aprobada “en clave electoralista”.

Las políticas en este sentido, por tanto, y de acuerdo con la declaración de Rodríguez en el Parlamento autonómico, parecen ir encaminadas únicamente a la edificación de nuevos bienes inmuebles. Ya lo dijo el presidente Fernando Clavijo (CC) también hace poco más de un mes: que el sector privado construya más domicilios, tanto del mercado libre como de protección oficial; y que el público también aplique la doctrina del ladrillo.

Para ello, el consejero canario ha anunciado que sacará un concurso de derecho a la superficie en bolsas de suelo consolidado gestionadas por VISOCAN para que constructoras privadas levanten casas que ofrezcan “alquileres asequibles” en condiciones reguladas por el Ejecutivo regional. Rodríguez dijo que este tipo de iniciativas están llevándose a cabo en otras comunidades autónomas. Estima que en el próximo año puedan construirse al menos 500 viviendas de esta forma.

Por otro lado, el que fuera también consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno autonómico en la penúltima legislatura enfatizó la “colaboración público-privada” para finalizar edificios inacabados aún víctimas del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, así como habilitar viviendas vacías, que hay en torno a 200.000 solo en las Islas. Rodríguez aseguró que ha pedido suelo a las entidades locales del Archipiélago para crear “una bolsa para futuras actuaciones en materia de vivienda”. Anunció la puesta en marcha de un programa nombrado Rural Life 5x1.000: fortaleciendo nuestros pueblos que “pretende consolidar la población en los municipios rurales” ofreciendo casas de promoción pública en régimen de alquiler. Y también de una iniciativa de índole similar para la isla de La Palma para levantar más de 600 pisos.

El consejero de CC agregó que, para agilizar todos estos procedimientos, junto con el Plan Estatal de Vivienda y los proyectos financiados con fondos europeos, aumentará la plantilla del ICAVI con 72 trabajadores más y estudiará “modificaciones legislativas” que permitan acelerar dichos procesos. Rodríguez no rehuyó del actual Plan Canario de Vivienda, aprobado para el quinquenio entre 2020 y 2025, pero dijo que “lo visto hasta ahora es insuficiente”. La diputada de Nueva Canarias y exalcaldesa de Telde, Carmen Hernández, recordó que el mencionado documento “es de obligado cumplimiento” y cuenta con una ficha presupuestaria “superior a los 600 millones de euros”. Según recordaron los diputados en el Parlamento autonómico, el mismo busca dar respuesta a alrededor de 25.000 demandantes de vivienda pública en Canarias. Aunque es previsible que ese número sea aún mayor.