“Si hubiéramos sabido cómo termina esto, no hubiéramos comprado la casa”, se lamenta Carmen Ramírez, vecina junto a Manuel Fuentes en la ‘inexistente’ calle Braza, en San Bartolomé. En febrero de 1999 compraron “sobre plano” una vivienda de dos plantas, de una promoción de cinco casas.
Para construir, el Ayuntamiento exigió al promotor que cediera una porción del solar de cinco metros de ancho y la otra mitad de la calle tendría que salir de la finca del vecino. Sin embargo, en vez de entregar el suelo, levantó un muro “de 50 metros de largo por dos metros de alto” en medio de la calle mientras en el Consistorio “miraron para otro lado”.
El peregrinaje de los vecinos por instituciones y organismos públicos, incluidos el Diputado del Común y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, comenzó prácticamente desde el mismo momento en que se terminan de construir sus viviendas.
El Ayuntamiento había otorgado las licencias de obras pero se negaba a entregar las cédulas de habitabilidad e impidió que el promotor hiciera las aceras. La gota que colmó el vaso fue la construcción del muro, que estuvo en pie a pesar de las reiteradas denuncias hasta septiembre de 2015, cuando una resolución judicial obligó al Ayuntamiento a derribarlo.
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