Las organizaciones profesionales agrarias convocantes de las dos manifestaciones en defensa del sector agrario local, COAG, Asaja-Asaga, UPA y Palca-Unión de Uniones (las cuatro con representatividad en las islas), con fechas de celebración la semana que entra en las capitales provinciales de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ya tienen los recorridos bien definidos, con el de Gran Canaria ya aprobado y autorizado y con el de la capital chicharrera aún sin confirmación definitiva por parte de la Delegación del Gobierno, aunque se espera que la ruta prevista sea aceptada sin problemas.
Así, la protesta-tractorada de Gran Canaria, la primera que se activará la semana que viene, el miércoles 21, a partir de las 11.00, arrancará desde la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria hasta la plaza de la Feria, donde se halla el edificio principal de la Delegación del Gobierno de España en las islas. En esta zona, se procederá a la entrega de productos agrarios a las personas asistentes a la protesta o presentes en el lugar.
En cambio, la movilización tinerfeña, también con inicio a las 11.00, pero el sábado 24, partirá, por cuestiones operativas; o sea, para facilitar la descarga y posterior carga del ganado en los camiones, desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife hacia la avenida de La Salle, vía de San Sebastián, La Recova y regreso al punto de partida.
En los dos casos, las protestas colapsarán el tráfico en el centro de las capitales canarias durante la mañana y el mediodía del miércoles 21 y el sábado 24, tanto por la presencia de cabezas de ganado en la vía como por la acumulación de vehículos pesados, tanto tractores como otros especiales utilizados en las labores agrarias.
Las principales demandas de agricultores y ganaderos isleños
Muy en sintonía con el resto de movilizaciones nacionales y comunitarias en curso, las protestas aprobadas por los agricultores y ganaderos de las islas se justifican en la necesidad de aplicar con urgencia y máxima solvencia una serie de medidas que faciliten salir de la actual crisis del sector primario, para, poco a poco, ir logrando su consolidación, lo que implica acceder de forma segura por parte de estos agentes a una renta digna vinculada a sus labores agrarias.
Con este objetivo, piden, entre otras cuestiones, que se garantice que los precios percibidos por el productor estén por encima de sus costes (como ahora casi nunca ocurre y entonces hay pérdida de renta agraria) y sin un abuso tan claro en los valores de transacción fijados por intermediarios y distribuidores finales (los que encarecen el precio final de compra al agrandar los márgenes comerciales). Esto ahora no es así debido a una deficiente aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria (el plátano está fuera de esta norma estatal, que debe garantizar que el precio obtenido por los productores agrarios nunca esté por debajo de sus costes).
A esta demanda, central, se une la erradicación de la competencia desleal de los artículos importados (no cumplen las mismas condiciones sanitarias, de calidad y reglas laborales que los comunitarios), para lo que se pide la aplicación de cláusulas espejo (lo que se trae de fuera debe producirse en las mismas condiciones que lo que se oferta y genera dentro, en casa), algo relacionado además con la necesidad de extremar los controles de plagas y enfermedades vegetales y animales, sobre todo de las importadas.
A las anteriores peticiones se añaden otras igual de relevantes, a saber: la mejora del agua para riego (desalada, depurada y blanca) en calidad, cantidad y precio, dada la actual crisis hídrica y desde la creación de una mesa de la sequía; la aportación de garantías y apoyos públicos para propiciar el relevo generacional en el campo, con la incorporación de la mujer y el desarrollo rural integral, y la aminoración de la burocracia impuesta a agricultores y ganaderos por la Política Agrícola Común (PAC), con mención a la implantación más suave, con otra cadencia, de las medidas de sostenibilidad agraria ya aprobadas.
Además, en el caso de Canarias, las protestas mostrarán el rechazo rotundo del campo isleño a la anunciada reapertura de la ruta marítima regular con ferry entre Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y Tarfaya, en el oeste de Marruecos, a poco más de 100 kilómetros del puerto majorero.
Toda esta oposición se sostiene en la inseguridad existente en el control de plagas y en la competencia desleal de los productos, sobre todo frescos, con origen en ese país africano, en la que será una fácil entrada a las islas (por ahora no hay Puesto de Inspección Fronteriza -PIF- en Puerto del Rosario); además, habrá pocas garantías para la aplicación de la orden estatal de control fitosanitario en Canarias, la orden de 12 de marzo de 1987, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una herramienta legal clave para el desarrollo de la agricultura en el archipiélago.