Los rectores de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, han denunciado este martes que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012 propone un recorte del 3,4% en el dinero que el Gobierno autonómico destina a estos centros públicos de educación superior.
Doménech y Regidor han criticado, en una rueda de prensa celebrada desde los dos rectorados por videoconferencia, que estos recortes no se producen sobre lo que a cada universidad se le debe teniendo en cuenta los respectivos contratos-programa, sino que se recorta “sobre unos presupuestos que ya se habían recortado”.
Así, José Regidor explicó que ya en 2010 se redujeron los presupuestos que recibían del Gobierno en un 8% y que en 2011 la caída en la financiación fue del 13%. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene, para el presente ejercicio, un presupuesto de 146 millones, mientras que La Laguna tiene unos 153.
El gerente de La Laguna, Justo Artiles, aseguró que, “de confirmarse el recorte que se está anunciado, en tres años se habrán perdido 30 millones”. En esa línea, su homólogo de la Universidad de Las Palmas, Conrado Domínguez, cifró en 5 millones lo que se dejará de ingresar el año que viene, así que, sumado a los 23 millones que no han recibido este periodo da una deuda similar entre el Gobierno y cada centro.
El cobro de estos 60 millones que las dos universidades denuncian haber dejado de ingresar corre peligro, ya que si bien están contemplados dentro de los contratos-progama, las universidades entienden que el Ejecutivo pretende “dejar de reconocer la deuda contraída en 2010, 2011 y para el 2012”, según denunció Doménech.
El rector de la Universidad de La Laguna explicó que, de no aprobarse una enmienda en el Parlamento de Canarias que modifique el dinero que el Gobierno transfiere a las universidades, “barajaríamos la posibilidad de presentar una demanda por incumplimiento del Contrato-Programa, como han hecho la Universidad Complutense o la de Cantabria”.
En una línea similar se expresó su homólogo de Las Palmas, que habló de la necesidad de sostener el Contrato-Programa, ya que “es la garantía de que cumplimos con la sociedad”. Estos instrumentos de financiación se basan en que los centros públicos de educación superior obtendrán ciertas cotas de financiación si logran cubrir unos objetivos.
Regidor, por su parte, criticó la postura que ha tomado el Gobierno con el Campus de Excelencia Internacional (CEI) Canarias: Campus Atlántico Tricontinental. Este foro, organizado conjuntamente por ambas universidades debía estar subvencionado por el Gobierno pero, “lo que en principio era una subvención, nos lo acabó concediendo como un préstamo a devolver”, denunció el rector grancanario.
Tasas
Preguntados por la posibilidad de subir las tasas como instrumento para aumentar sus ingresos, ambos rectores rechazaron esta medida ya que “perjudicaríamos a la sociedad”. Doménech sólo valoró esta posibilidad si paralelamente “se ampliara el sistema de becas”, no obstante, el rector de La Laguna aseguró que un aumento en los precios públicos que pagan los alumnos “sería malo para las universidades y para la sociedad”.
Regidor, que aseguró que coincide “totalmente” con Doménech, quiso poner de manifiesto la mala situación de las universidades, ya que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que está todavía en fase de implantación, ha hecho que la Universidad de Las Palmas esté impartiendo actualmente “unas 130 titulaciones” entre diplomaturas y licenciaturas que están en extinción, los nuevos grados, los cursos de adaptación a grados para los diplomados, másteres y doctorados.
Las consecuencias de los recortes, de mantenerse, van a notarse en la ralentización de la construcción de nuevas infraestructuras. En La Laguna irá más lenta la construcción de la Facultad de Bellas Artes y la segunda fase de la Escuela de Informática, además no se empezarán la nueva Facultad de Educación y el nuevo Aulario de Guajara.
En Las Palmas, José Regidor explicó que se ralentizará la adaptación de las infraestructuras del centro superior al EEES, además de no iniciar la construcción del nuevo edificio de Humanidades, que ya estaba licitado y adjudicado, y de interrumpirse la construcción del nuevo pabellón de Ingeniería de las Telecomunicaciones. En esa línea, anunció que se limitarán servicios con el fin de ahorrar dinero, como la apertura de bibliotecas y las aulas de estudio durante las 24 horas.