La Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias (Redesscan) se une a las reivindicaciones de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de la Administración General del Archipiélago y denuncia a los sucesivos responsables del Gobierno de Canarias por el abuso cometido desde hace décadas con miles de trabajadores y trabajadoras que se han visto sometidos a encadenar contratos temporales en plazas que tendrían que haber sido estructurales.
El colectivo denuncia en un comunicado que el funcionamiento de la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda, Servicio Canario de Empleo, Agricultura, Justicia, Cultura, Deportes, “y un largo etcétera de departamentos que se ocupan de la atención pública de los distintos ámbitos de nuestra vida” han estado sometidos, entre otras cosas, a la supresión de plazas públicas, la nula reposición del personal jubilado y la práctica fraudulenta de una contratación temporal.
“No es de recibo que ahora se pretenda hacer borrón y cuenta nueva y se denomine ”proceso de consolidación“ a una nueva oferta de empleo público que obligue a más de 4.000 trabajadores a presentarse como si fueran nuevos aspirantes”, se queja el colectivo. Esto, asegura, vulnera, además de los derechos de estos trabajadores, la sentencia del Tribunal Europeo del 19 de marzo de 2020, que considera que si hay un fraude en la contratación y esta se extiende en el tiempo de manera ilegal, la forma de atajarlo no es penalizar a las trabajadoras sino sancionar a la administración que lo ha causado dictando la fijeza de estos trabajadores.
La accesibilidad, universalidad, responsabilidad pública, la Igualdad, equidad, solidaridad, señala Redesscan, solo pueden garantizarse a través de la fortaleza de los sistemas públicos, con medios materiales, económicos y personales suficientes que puedan hacer frente a situaciones de crisis, como la de la actual pandemia.
“El Gobierno de Canarias no puede poner en riesgo a miles de trabajadores públicos por la irresponsabilidad y fraude que han provocado durante años desmantelando lo público en favor de externalizaciones y privatizaciones que han precarizado y convertido en negocio empresarial necesidades fundamentales de toda la población”, concluye la red.