Este martes se ha registrado en el Parlamento de Canarias la proposición de ley de igualdad social y no discriminación por identidad de género, expresión de género o características sexuales. Se trata de una propuesta legislativa que ha sido realizada directamente por las catorce entidades LGTBI agrupadas en la Coordinadora por una ley trans e intersex para Canarias, y que recoge en su articulado una protección plena de los derechos de este colectivo.
Contando con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, se ha registrado el texto de la norma que los colectivos esperan que sea aprobada antes de la finalización del actual período de sesiones, por la urgencia de que se implemente de inmediato en todos los ámbitos de la vida pública en Canarias. Desde el educativo al laboral pasando por el social y sanitario, el deporte, los medios de comunicación y las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La portavoz de la Coordinadora por una Ley Trans e Intersex para Canarias, Marcos Ventura, comentó en una rueda de prensa que “se trata de una ley pionera en España, que pone a las Islas en la vanguardia de la protección de los derechos de las personas trans e intersex”, con medidas que suponen una garantía de que las administraciones públicas canarias deberán respetar sus derechos.
Entre los aspectos más destacables de la proposición de ley, Ventura destaca la “despatologización de las realidades trans, la garantía del derecho a la autodeterminación del género y la prohibición de las cirugías de mutilación genital de las personas intersexuales en Canarias, además de garantizar los derechos de todas las personas menores de edad trans e intersex”.
La Coordinadora ha valorado muy positivamente que la proposición cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, así como del actual Gobierno de Canarias, a quien han agradecido públicamente su compromiso por los derechos de las personas trans e intersex y han solicitado una aprobación “lo más rápida posible”, con la esperanza de que pueda contar con el apoyo unánime del Parlamento de Canarias, como ya sucedió anteriormente con la Ley 8/2014 que, a juicio de los colectivos, ha quedado totalmente desfasada.