La crisis económica y financiera de 2008 no solo incrementó el Índice de Masa Corporal (IMC), en términos globales, en España. Además, agrandó la brecha de las desigualdades. Durante los años más duros de la Gran Recesión, el aumento más significativo de peso se dio entre la población con menos ingresos y nivel educativo más bajo. Por tanto, se incrementó el riesgo de obesidad entre la ciudadanía más pobre.
Un estudio realizado en Canarias analiza por primera vez cómo impactó la crisis económica sobre el índice de masa corporal y las desigualdades en España. El objetivo, según afirma una de sus autoras, es “construir contexto”. “La sociedad suele culpar a las personas que padecen obesidad o un elevado índice de masa corporal y nosotros lo que queremos es aislar a la persona y evaluar el contexto. Si está en un contexto de nivel económico bajo, con un nivel de educación bajo, ¿cómo afecta a su índice de masa corporal? El enfoque quiere ver más el contexto que la persona”, explica Aránzazu Hernández, doctora en Desarrollo Regional por la Universidad de La Laguna (ULL).
El estudio, publicado en la revista Population Research and Policy Review, forma parte de su tesis doctoral y está codirigido por los catedráticos Beatriz González López Valcárcel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) e Ignacio Abásolo (ULL). También participaron Maria Wemrell y Juan Merlo, profesores en la universidad sueca de Lund.
La investigación parte de los datos de la Encuesta Nacional de Salud desde los años previos a la crisis (2006) a los posteriores (2017) y estudia la evolución durante todo ese periodo del índice de masa corporal, un indicador que se obtiene al dividir el peso de una persona entre su estatura elevada al cuadrado y que permite determinar, en función de unos rangos, si hay insuficiencia, normopeso, sobrepeso u obesidad.
Esos datos del IMC se cruzan con variables (sexo, edad, educación, renta, tipo de hogar y lugar de residencia) que se dividen en varios grupos. Y, a través de la combinación de todas esas variables y grupos, construye los estratos para determinar, por ejemplo, cómo ha evolucionado el peso entre “un grupo de población joven (de 18 a 35 años), de sexo masculino, con altos ingresos, alta educación y que reside en Madrid”. “Estamos hablando de 1.944 estratos”, destaca la doctora en Desarrollo Regional.
Los autores destacan lo novedoso de este enfoque (denominado MAIHDA), ya que, frente al análisis “tradicional” basado en exclusiva en las diferencias entre medias de grupos, este método permite “auditar las desigualdades geográficas y sociodemográficas en salud”. Además, según Hernández, reduce el riesgo de “culpar la víctima”. Es decir, permite visibilizar cómo el contexto social “condiciona el estilo de vida poco saludable” de quien padece sobrepeso u obesidad, aunque la sociedad suela responsabilizar de ello a la persona.
El estudio concluye que el índice de masa corporal aumentó “sustancialmente” durante los primeros años de la crisis económica y que ese incremento fue más notable entre las personas con nivel educativo medio y bajo. La asociación entre mayor peso y menos estudios es más pronunciada que el vínculo entre mayor masa corporal y menos ingresos. Por ejemplo, en el periodo precrisis la media de IMC entre la población con estudios bajos estaba 1.39 puntos por encima de la registrada entre el grupo con formación superior. En los peores años de la recesión, ese dato se elevaba hasta 1,71. En el caso de los ingresos, la diferencia asciende de 0,66 a 0,71.
La investigación revela que las variables socioeconómicas influyen más en las desigualdades del índice de masa corporal durante la época de crisis. Antes y después de la gran recesión, las disparidades eran menores entre los distintos grupos.
En cambio, el factor regional impactó menos durante la crisis y más en los periodos anterior y posterior. “Necesitamos más estudios que evalúen las desigualdades regionales. Nos llama la atención ese comportamiento contrario a las socioeconómicas”, sostiene Aránzazu Hernández. La doctora incide en que, según la literatura científica, el “entorno más cercano, la urbanización o el pueblo donde vive la persona influye mucho en el estilo de vida y, por tanto, en el índice de masa corporal”.
Sin embargo, la investigación recopila los datos de las encuestas nacionales de salud (por regiones), sin que hayan podido tener acceso “por términos de confidencialidad” a esa información más parcelada. “Lo que hemos hecho es ver el entorno a mayor nivel, el de la comunidad autónoma. A pesar de que el entorno es más amplio, porque es región y no pueblo, es importante en el caso de España, porque el sistema nacional de salud está descentralizado y son los gobiernos regionales los que pueden diseñar las políticas públicas que impactan sobre la salud. Si las políticas son distintas, el efecto en las distintas comunidades también puede ser distinto en relación con el IMC”, dice.
Todas las comunidades españolas registraron un aumento de ese índice en todo el periodo estudiado (de 2006 a 2017) excepto Castilla y León y Aragón.
Menos información y adherencia a dietas
El estudio analiza la influencia y la relación entre las variables y, aunque no profundiza en las razones que explican los resultados, sí aluden a otras investigaciones previas que determinan que las tasas de obesidad son mayores entre los grupos con ingresos más bajos porque su alimentación es peor. Los alimentos envasados y procesados, que contienen una mayor cantidad de calorías, suelen ser más caros que los frescos y nutritivos. Hernández señala que la asociación entre sobrepeso y bajo nivel educativo también está documentada de forma abundante en la literatura científica y que se vincula con el menor acceso a la información por parte de este grupo poblacional.
Un informe de 2014 de la Sociedad Española de Salud Pública ya advertía de que la reducción de las rentas como consecuencia de la crisis económica de 2008 había dificultado el acceso a una dieta sana y equilibrada y había generado patrones saludables que están “altamente asociados a una baja adherencia a la dieta mediterránea”, una dieta que se fija como estándar al quedar acreditado, a raíz de otras investigaciones, que produce una menor prevalencia del sobrepeso y la obesidad.
A juicio de sus autores, el estudio recientemente publicado sobre el impacto de la crisis de 2008 sobre el IMC en España sugiere la necesidad de “centrar las intervenciones”, las políticas sanitarias de prevención, en los grupos de población más necesitados, los de menores ingresos y nivel educativo, manteniendo además su carácter universal. Sostienen que las actuaciones para reducir la obesidad deben estar acompañadas de “políticas destinadas a proteger a la población de las consecuencias de las crisis económicas, como las altas tasas de desempleo, para evitar el aumento de las desigualdades en el índice de masa corporal”.