La desigualdad entre comunidades autónomas queda reflejada en numerosos informes que hablan de un claro desequilibrio entre el norte y el sur de España. Si, por ejemplo, se atiende los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, se constata que Euskadi y Navarra tienen las tasas de pobreza y riesgo de exclusión más bajas del país con un 12,1% y un 12,6%. Mientras, Canarias tiene una tasa del 36,5%, sólo superada por Andalucía y Extremadura. Se evidencia además que en aquellas regiones donde los sistemas de protección social son más altos, estas tasas son inferiores.
¿Cómo ha conseguido Euskadi tener la cifra de pobreza más baja? Desde hace más de diez años dispone de un sistema de renta de garantías de ingresos y de ella se benefician unas 93.000 personas (52.373 expedientes tramitados el pasado año), en una comunidad con 2,1 millones de habitantes, una población similar a la de Canarias. Combina una renta mínima de 667 euros con otras prestaciones como ayudas al alquiler, lo que ha ayudado a incrementar el número de jóvenes emancipados. Para preservar esta renta, se encuentra concebida en su ley como derecho subjetivo. Gracias a dicha herramienta se puede constatar cómo la crisis ha dejado a menor número de personas en la pobreza en esa comunidad que en otras.
Navarra (643.866 habitantes) es otra de las regiones que ha seguido la senda de Euskadi y que dispone de una renta garantizada. La Ley Foral de 2016 reguló este derecho a la inclusión, aunque no es una “renta básica universal”. Los residentes en esta comunidad en riesgo de pobreza tienen derecho a percibir un mínimo de 686 euros y más de 12.000 familias la perciben. Se trata de una prestación que es complementaria a otras ayudas y en la que se incluyen itinerarios de inclusión y activación en el empleo, independientemente del subsidio que se percibe. “Frente a los estímulos punitivos, un sistema generoso de garantía de ingresos es capaz de incentivar la incorporación al empleo”, es una de las máximas de este modelo.
Sacar de la exclusión a los barrios: la apuesta de Barcelona
A escala municipal también hay ejemplos de cómo combatir la pobreza. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un proyecto piloto llamado B-Mincome para sacar de la exclusión a los barrios más empobrecidos de la ciudad. Para ello, se ha apostado por el Soporte Municipal de Inclusión (SMI), que complementa los ingresos del hogar. Es decir, una renta mínima que oscila entre los 402 euros y los 1.142, dependiendo de los componentes de la unidad familiar. A ella se le suma una ayuda de vivienda que va desde los 260 a los 530 euros. Una de las novedades de este sistema es que un 25% del SMI se convierte en REC, una moneda ciudadana virtual que solo puede utilizarse para el comercio local de proximidad. De esta manera, una parte de ese dinero se mueve en el propio barrio.
El sistema viene acompañado de la participación de políticas activas de inclusión socio-laboral: planes de formación y ocupación, promoción de la economía social y cooperativa o la participación en programas de participación comunitaria. De las encuestas que ha realizado hasta ahora el Ayuntamiento ha podido constatar cómo en un año “se ha mejorado el bienestar de los hogares que vivían al límite, la participación comunitaria y cómo la combinación de políticas activas y pasivas no estigmatiza”. Además, ha constatado que la alimentación (calidad y cantidad) ha mejorado, así como las relaciones sociales en el pequeño comercio.
El Gobierno de Canarias se ha propuesto impulsar una renta ciudadana y estudia qué modelo adoptar. Para ello, ha celebrado unas jornadas donde se han escuchado las propuestas de representantes del Gobierno vasco, de Navarra, Generalitat Valenciana o el Ayuntamiento de Barcelona, además de otros expertos y expertas que han ayudado a dibujar la realidad de Canarias. En los próximos meses, miembros de la consejería de Derechos Sociales seguirán manteniendo contactos y conocerán en esas comunidades la realidad de esas rentas ciudadanas para tratar de que a lo largo de 2020 ya pueda ser aprobada en el Parlamento. “Este es solo un primer paso”, insistió la viceconsejera del área, Gema Martínez Soliño.
En el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias se recoge este derecho a una renta ciudadana y añade que “los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. Su aprobación requiere de una ley, por lo que habrá que llevarla al Parlamento de Canarias y someterla a debate. Entre las cuestiones que se deben perfilar destaca la agilización de los trámites, ya que la burocracia está generando problemas en la actual PCI, la discusión sobre si debe estar ligada al IPC o al IPREM o de qué planes de inclusión vendrá acompañada, en los que se tenga en cuenta la perspectiva de género ya que la pobreza en Canarias tiene rostro de mujer, como reflejan todos los informes que la miden.
La financiación no es el gran problema de esta iniciativa. Navarra, por ejemplo, destina 103 millones a este fin mientras que la actual Prestación Canaria de Inserción tiene presupuestados 75 para 2020. Todas las comunidades concluyen que la tasa de retorno en la sociedad es superior a lo invertido. En el caso de Navarra queda demostrado que por cada euro que se invierte en renta mínima, se recuperan 1,02 euros. Por ello, no se trata de un gasto sino de una inversión, ya que ese dinero es invertido por las personas que lo perciben en los barrios.