Renuncia a su cargo en el Consejo Social de la ULPGC el decano condenado por falsedad
Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha renunciado a su cargo en el Consejo Social. En un escrito presentado este martes al mediodía y dirigido al secretario de este órgano que supervisa la actividad económica y la gestión de la institución, el profesor ha comunicado su “decisión irrevocable” de abandonar el puesto por razones personales.
Benítez fue nombrado representante de los docentes e investigadores del Consejo Social el pasado 27 de junio, apenas unos días antes de reconocer en sede judicial que participó en la simulación de un contrato laboral junto al exdiputado nacional José Carlos Mauricio para permitir que su pareja, de nacionalidad cubana, pudiera regularizar su situación administrativa en España. El decano de Economía fue condenado a seis meses de cárcel y 1.800 euros de multa por un delito de falsedad documental.
En declaraciones realizadas a Canarias Ahora la pasada semana, Benítez defendía que su designación respondía a un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la ULPGC, con el voto de todos sus miembros, y que contaba con el respaldo del rector de la institución, Rafael Robaina, a quien apoyaba en uno de los asuntos que mayor controversia ha generado el seno del órgano de control, la rebaja de las normas de permanencia y progreso del alumnado.
El decano de Economía sostenía que la condena se reducía a un tema privado y que nadie en su facultad ni en el resto del centro había pedido su dimisión. Contó que había actuado “por amor” hacia su pareja, con el convencimiento de que no había hecho nada mal.
Sin embargo, la información publicada en este periódico este lunes parece haber precipitado su salida. Sin haber participado ni siquiera en un pleno del Consejo Social, Benítez deja vacante el puesto que ocupaba hasta el pasado verano Luis Hernández, que ya había agotado su mandato.
El decano de Economía confesó en el juicio celebrado el 11 de julio todos los hechos de los que le acusaba la Fiscalía. Según este relato, Benítez pidió al histórico dirigente grancanario José Carlos Mauricio que contratara a su pareja, la cubana Mayra Despagne, a través de una fundación que presidía para que esta pudiera legalizar su situación en el país. En una sentencia dictada el 26 de julio, la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado el fraude, al considerar que esa relación laboral había sido simulada con el único objetivo de que la compañera sentimental del decano lograra el permiso de residencia.
Benítez reconoció que era él quien restituía a la fundación de Mauricio las cuotas de la Seguridad Social de su pareja. El exdiputado nacional, el único que no admitió los hechos, fue condenado en esta causa a un año y tres meses de prisión y una multa de 2.400 euros.
