El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, afirmó este miércoles que en Gran Canaria en necesario un nuevo centro penitenciario, pero cuestionó el procedimiento utilizado por la Administración central para su instalación.
José Miguel Ruano, en respuesta a una pregunta del diputado del grupo Socialista Francisco Hernández Spínola, dijo en el pleno del Parlamento regional que las sanciones impuestas a los vecinos del Castillo del Romeral, que protestaron por la instalación de la cárcel en la zona, son desproporcionadas.
Acusó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de haber actuado desde la ignorancia, la abstención y la complicidad con el Gobierno central ante estas sanciones.
El diputado socialista aludió a una anterior pregunta sobre esta cuestión y formulada por la diputada de CC María del Mar Julios, y al respecto señaló que se ha hecho un uso torticero del Parlamento de Canarias que debe controlar al Gobierno canario y no al Gobierno central.
Francisco Hernández Spínola indicó que el consejero califica de injustas las sanciones a los vecinos cuando no conoce los hechos, y afirmó que el Gobierno canario reconoce que se necesita un centro penitenciario.
Además dijo que el Gobierno canario ha informado favorablemente el avance del plan penitenciario de Canarias y la parcela situada en Juan Grande, y la que se le instalará la cárcel ha sido vendida por el Ejecutivo canario.