El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ordenó el pasado 2 de agosto a los gerentes de los hospitales públicos del Archipiélago que recortaran 50 millones de euros en los últimos cinco meses del año para atajar la desviación detectada en las cuentas de la Consejería. “Su única preocupación era que nos ajustáramos al presupuesto y al techo de gasto. No le importaba dónde lo hiciéramos (en qué servicios y prestaciones)”, ha relatado a este periódico una de las personas presentes en ese reunión, que prefiere mantenerse en el anonimato tras haber sido cesada en su cargo de gerente después de la llegada del nuevo consejero, José Manuel Baltar, vicepresidente de la patronal de la Sanidad privada.
“La reunión fue desoladora. (Clavijo) No tenía ningún interés en escucharnos, nos interrumpía y sólo hablaba del déficit”. Su testimonio coincide punto por punto con el expresado este viernes por la mañana en la cadena Cope por el gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote. José Luis Aparicio, aún en el cargo, destapó la caja de los truenos al relatar las presiones del presidente canario para recortar, su desinterés por la calidad de los servicios asistenciales y su obsesión por el control presupuestario sobre todas las cosas. “Le daba igual las consecuencias”.
La reunión fue convocada mediante un correo electrónico enviado por el gabinete de Clavijo al entonces consejero de Sanidad, Jesús Morera, el 28 de julio. Estaban citados en la sede de Presidencia de Tenerife a las 13.00 horas del 2 de agosto, además de Morera, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y los gerentes de las diferentes áreas de salud del Archipiélago, para analizar la desviación presupuestaria en el área, un déficit que, según el presidente, “ponía en riesgo la economía canaria”. La Consejería de Sanidad contó en 2016 con 2.643 millones de euros, 25 más que en 2015. Según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, la Comunidad Autónoma de Canarias terminó ese mes de julio con un superávit de 274 millones.
Los cinco días que transcurrieron entre la convocatoria y la celebración de la reunión sirvieron a los responsables del Servicio Canario de Salud (SCS) y a los gerentes de los hospitales públicos para elaborar un breve informe con medidas de ajuste “extremas” que implicarían un ahorro de cerca de 12 millones de euros, menos de una cuarta parte del recorte exigido por el presidente del Ejecutivo regional. El escrito proponía, entre otras cuestiones, el cierre de algunas áreas, plantas de hospitalización, quirófanos, unidades de transición en Urgencias o la anulación de planes implementados para reducir las listas de espera.
El informe alertaba, no obstante, de la importante merma que estas medidas acarrearían en la atención especializada, los retrasos en diagnósticos y tratamientos oncológicos o la suspensión de medidas de prevención como el cribado de cáncer colorrectal. También advertía del impacto en la calidad asistencial y de un previsible incremento a largo plazo de los índices de morbilidad y mortalidad en el Archipiélago.
La reunión del 2 de agosto estuvo cargada de tensión, según han relatado a este periódico dos de los gerentes que participaron en la misma y ha confirmado un tercero sin dar más detalles. “Nos dijo que la gestión era asunto nuestro, que para eso nos pagaba, y que recortáremos donde quisiéramos. Eso pasaba por quitar servicios, afectaba a la población. Estábamos muy sorprendidos, no tenía ningún interés en escucharnos, toda su preocupación era que nos ajustáramos al presupuesto. Nunca me habían tratado así en una reunión”, cuenta uno de ellos, que recuerda que era “imposible cumplir” lo que el presidente regional pedía, puesto que la Consejería “ya estaba infrafinanciada”.
Clavijo llegó incluso a sugerir a un gerente que presentara su dimisión si se veía incapaz de recortar el presupuesto de forma drástica en los últimos cinco meses del año. “Le expliqué que en Lanzarote era imposible cerrar una planta. ¿Pediatría? ¿Cirugía? Era imposible cerrarlas. Le dije: si quieres lo que hacemos es cerrar el hospital entero y acabamos antes. Eso es lo más económico que hay. Obviamente, en tono irónico. Él respondió que quizás lo más sencillo era cambiar de gerente”, ha narrado José Luis Aparicio, responsable del área de Salud de Lanzarote.
Una exgerente asegura que el jefe del Ejecutivo canario también amenazó con privatizar servicios. “Nos dijo que la privada era más eficiente, pero que no era el modelo que él y su gobierno defendían”. Meses después, tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PSOE y la destitución de los consejeros socialistas, entre ellos Jesús Morera, Clavijo encomendó la tarea de “profesionalizar los servicios sanitarios” a José Manuel Baltar, vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española y secretario de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas.
En septiembre de 2016, el actual consejero de Sanidad y entonces gerente de la Clínica San Roque instó al presidente canario a destinar 16 millones de euros al sector privado para acabar con las listas de espera. En ese momento ya habían saltado las alarmas de la desviación presupuestaria y se hablaba de que el desajuste podría ascender a 150 millones de euros de continuar la proyección de los primeros ocho meses del año. A partir de ese momento se abrió el fuego cruzado entre Fernando Clavijo y Jesús Morera. El consejero socialista se rebeló contra Hacienda y se negó a aplicar más ajustes, mientas que el presidente le acusó de mala gestión. La escalada de tensión alcanzó su cénit durante los días posteriores a la comparecencia de Clavijo en el Parlamento canario para explicar las razones de la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE. Los socialistas aseguraron, en la sesión plenaria primero y en declaraciones a los medios después, que Clavijo propuso la retirada de los tratamientos para la Hepatitis C y el cierre del Hospital del Sur de Tenerife.