El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido su responsabilidad en la comisión de una infracción grave en materia de Salud Pública para reducir la sanción que el Gobierno de Canarias le había impuesto tras detectar a finales del año pasado una serie de deficiencias en el mantenimiento de la piscina municipal David Jiménez Silva, ubicada en el barranco de Arguineguín.
Entre los incumplimientos recogidos en un informe de la Consejería de Sanidad figura la ausencia de medidas correctoras ante la detección, en un análisis periódico, de un crecimiento de las bacterias pseudomonas, microorganismos que habitan en ambientes húmedos y que pueden causar infecciones en general leves en personas sanas (otitis, foliculitis o conjuntivitis), pero que pueden llegar a ser graves en el tracto urinario, gastrointestinal o en el sistema respiratorio de pacientes con las defensas debilitadas o que padezcan patologías previas.
La acumulación en las piscinas de este tipo de bacterias, que han desarrollado una alta resistencia a los antibióticos, es un indicativo del deterioro de la calidad del agua, de la contaminación ambiental. Según explica el epidemiólogo y máster en Salud Pública José Luis Arocha en un artículo publicado en la web de su empresa de asesoría sanitaria, GyD, este parámetro informa “de que los niveles de cloro libre o la capacidad de los desinfectantes han disminuido pudiendo favorecer la aparición de otros microorganismos que no se estudian o pueden estudiar, obligando a tomar medidas para conseguir su reducción y desaparición”.
El Servicio Canario de Salud (SCS) abrió expediente sancionador al Ayuntamiento de Mogán el pasado 9 de septiembre, más de nueve meses después de que una inspectora de Salud Pública girara una visita a las instalaciones municipales y advirtiera de numerosos incumplimientos de la normativa sanitaria. En la piscina de titularidad municipal, que está gestionada por la empresa privada Lude, adjudicataria del servicio, no se registraban determinados indicadores para conocer la calidad de agua, como el volumen de entrada después de ser filtrada o antes de la detección o su turbidez. Tampoco se verificaba si los tiempos de recirculación del agua en las piscinas era inferior a cuatro horas en la de adultos o de 30 minutos en la de hidromasaje.
El informe de Salud Pública detallaba niveles de humedad relativa superiores al 65% en el interior de la instalación municipal y registros elevados de cloro, sin que por parte de la empresa que gestiona el servicio se hubieran aplicado medidas correctoras. En los análisis realizados no se garantizaba el poder de desinfección en la piscina. Tampoco se habían acreditado las operaciones de revisión, mantenimiento y limpieza, ni la existencia de un programa de autocontrol para detallar el plan de tratamiento, el control de la calidad del agua de los vasos ni un plan de revisión. La inspectora recogía en su escrito que no era posible saber cuándo se había realizado la última limpieza de filtros, ya que el Ayuntamiento de Mogán no disponía de información relativa al sistema de filtración de agua de ningún vaso.
Las deficiencias se extendían también al almacén de productos químicos. La inspectora observó “desorden, suciedad, acumulo de garrafas en desuso” y productos sin etiquetar, de manera que no era posible comprobar si las sustancias que contenían eran la que constaban en las fichas de datos de seguridad. También detectó niveles elevados del bromo empleado para desinfectar y destacó que no se había acreditado la realización del control de plagas en el último año.
La propuesta de multa de Salud Pública ascendía a 3.500 euros. Antes de que se concretara, el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Miguel Becerra (Ciuca), presentó alegaciones que, en síntesis, recogían las “medidas correctoras” que se habían llevado a cabo después de que la inspectora detectara los incumplimientos sanitarios. El edil exponía que, entre otras actuaciones, se había acometido un plan de choque aumentando la concentración de cloro para reducir la presencia de las bacterias pseudomonas o la de PH para garantizar el poder de desinfección y que se habían instalado determinados aparatos para monitorizar los indicadores sobre la calidad del agua en la piscina municipal.
Finalmente, el pasado 22 de octubre, y a la vista de la desestimación de las alegaciones por parte de Salud Pública, el Ayuntamiento de Mogán reconoció, en otro escrito dirigido a la Consejería de Sanidad, su responsabilidad en la comisión de la infracción sanitaria grave. El objetivo era reducir el importe de la sanción en un 40%, hasta los 2.100 euros, cantidad que ya ha consignado. La alcaldesa ordenó el pago de esa multa el mismo 22 de octubre.