La empresa constructora ha comenzado este lunes a retirar la maquinaria que ha permanecido durante unos 15 años sin uso en la zona del conocido como mamotrero del municipio de Santa Brígida, un edificio público sin acabar que incluía aparcamientos y otros usos. Esta actividad ha sido acordada por el Consistorio con la empresa constructora durante el proceso que se abrió tras la sentencia ya definitiva que establece en 5,6 millones la cantidad a pagar por la obra ejecutada.
Depósitos de áridos, contenedores, equipos eléctricos y otros materiales en proceso de deterioro por el tiempo transcurrido han dejado de ser parte del paisaje del centro del municipio. Con el inicio de los trabajos de desmantelamiento de estos equipos se dará paso a la recuperación de la parcela en la que ha sido construido un edificio con unos 500 aparcamientos y la estructura de una plaza pública y otros espacios de usos diversos bajo la misma.
El edificio se levantó sobre una parcela que disponía de un aparcamiento y un campo de fútbol en suelo del municipio hasta que en 1996 se proyectó la operación urbanísitica que contemplaba un multicines, un centro cívico y un aparcamiento, proyecto que fue modificado en el año 2000, originando los procesos judiciales que han dado lugar a indemnizaciones millonarias que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento celebra que en el último mandato se ha conseguido reducir el costo de la recuperación de esta parcela municipal y la obra inacabada. En un comunicado, recuerda que en 2014 el consistorio fue condenado a pagar 12,6 millones de euros, junto a unos intereses por lucro cesante de 3.743 euros diarios.
Además, la Unión de Empresas (UTE Santa Brígida) solicitaba una indemnización de 57,6 millones de euros. La estrategia del Ayuntamiento consiguió frenar el pago del lucro cesante y rebajar las exigencias de la parte denunciante de los 57,6 millones de euros a sólo 5,6 y, como resultado final de los procesos judiciales, se procederá a la recuperación de la parcela. A pesar de todo el esfuerzo, este asunto ya ha costado a cada vecino y vecina del municipio 685 euros.
Por otro lado, con la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Supletorio (PGOs), que entrará en vigor el próximo 31 de mayo, se ha aclarado el horizonte legal de este suelo, para el que el citado Plan han establecido esta parcela de 15.583 metros cuadrados como un equipamiento estructurante, con uso principal de espacios libres y social, con posible uso complementario comercial a través de concesión administrativa.
El Ayuntamiento, que culmina el proceso de recuperación de la concesión, señala que realizará el análisis de esta pieza urbanísitica para su integración en el conjunto del casco municipal, así como propugna un proceso participativo para definir su futuro.